Valladolid

La Junta encontró dos empresas dispuestas a asumir el 100% de la plantilla de Bimbo

Pero vayamos al principio. La cosa no empezó bien, porque la multinacional mexicana de la panadería y la bollería, la más grande del mundo en su sector, comunicó el «cierre inminente» de su planta del polígono San Cristóbal por sorpresa. Sorpresa para los trabajadores, que se encontraron con la noticia en una asamblea ordinaria para tratar temas menores a la que sin embargo acudieron altos cargos de la compañía para hacerles ese anuncio. Y sorpresa para las instituciones, que se enteraron esa misma mañana a través de un correo electrónico «de tres líneas», según las fuentes consultadas. Fue el pasado 18 de septiembre y lo recibió el alcalde, Jesús Julio Carnero, a quien como confesó él mismo se le atragantaron los donuts del desayuno.

El remitente no era el CEO de Bimbo en España y Portugal, Gaston La Russo. Ni siquiera la directora de Recursos Humanos, María Cleofe Ramos (People, en la terminología de la marca). La comunicación llegaba desde el buzón de la responsable de Relaciones Institucionales, Olga Martínez. Alarmado, el regidor vallisoletano lo puso en conocimiento del presidente de la Junta, Alfonso Fernández Mañueco, y de los consejeros de Economía y Hacienda, Carlos Fernández Carriedo, y Agricultura, Ganadería y Desarrollo Rural, María González Corral. Y eso activó la maquinaria de la Junta, de la mano de estos dos últimos altos cargos y de la titular de Industria, Leticia García.

Lo primero que hizo el Gobierno autonómico fue poner en marcha el Protocolo de Empresas en Crisis previsto para estos casos, con la creación de un grupo de trabajo en la Fundación Anclaje al que invitó a sumarse al fabricante. Hecho esto, las instituciones se marcaron el objetivo de «subir el nivel» y abrir un canal de diálogo con algún responsable de la firma con capacidad de decidir. En la misma línea, involucraron en las conversaciones a Rebeca Torró, la secretaria de Estado de Industria del ministerio del ramo. Con Gobierno, Junta y Ayuntamiento alineados, a la compañía no le quedó más remedio que avenirse a mantener un encuentro con las tres partes –de manera telemática, eso sí– que se fijó para el 26 de septiembre.

Del mal cariz que tenía la situación y la poca disposición a dar marcha atrás del grupo industrial da fe que el Expediente de Regulación de Empleo (ERE) de despido colectivo para los 155 trabajadores ya estaba en marcha: un día antes de la reunión se había iniciado el periodo de consultas de 30 días que marca la ley para llegar a un acuerdo sobre las condiciones. Con este punto de partida tan negativo, la reunión fue «tan intensa como tensa», según una de las personas que estuvo presente, y solo sirvió para que las instituciones confirmaran lo que ya se temían: que «la decisión de cierre estaba tomada». Prueba de ello es que el alcalde Carnero, preguntado por sus sensaciones personales sobre la cita cuando volvía al despacho tras informar en rueda de prensa, contestó muy serio con un escueto «mal, muy mal». Tan mal que ese mismo día quedó en suspenso cualquier futuro contacto, pese que se había anunciado previamente que habría más.

De hecho, de nada han servido los continuos llamamientos a Bimbo para que «revisara su postura» que se han hecho desde entonces, ni las apelaciones a que participara en las reuniones de la fundación sin ánimo de lucro vinculada a la Junta que busca alternativas a deslocalizaciones como esta. La respuesta ha sido siempre la misma, que lo que tuviera que decir lo diría en la mesa de negociación con los representantes de los trabajadores. Una actitud de «cerrazón» y «nula interlocución», según las mismas fuentes, que ha llevado a que los dos inversores dispuestos a hacerse cargo de la fábrica que encontró la Junta no hayan tenido ninguna posibilidad, a pesar de que estaban dispuestos a mantener el 100% de la plantilla. Se les veía con buenos ojos porque al igual que Bimbo pertenecen al sector agroalimentario y eso «habría permitido preservar la cadena de valor, es decir, que los proveedores de harina, de azúcar... siguieran suministrando esos productos», lo que era tanto como mantener también los empleos indirectos.

El planteamiento del Ejecutivo regional y de los interesados en adquirir la planta era sencillo. Consistía en que el nuevo propietario «pudiera entrar en la fábrica de inmediato» y la multinacional le diera un plazo para ir adaptándola e ir incorporando sus propias líneas de producción. Para hacer viable la operación era preciso que Bimbo le encomendara parte del trabajo y, a partir de ahí, «buscar un desescalado progresivo», porque de lo contrario el inversor asumía las nóminas y los gastos de mantenimiento durante meses sin ningún retorno. El problema de fondo es que «Bimbo no tenía ninguna intención de que otros fabricaran sus productos» y por eso solo dio largas a los interesados, que no pudieron pasar del vicepresidente de Operaciones, Javier Cabeza. «Intentaron contactar al máximo nivel pero nadie devolvía las llamadas», ejemplifican. Tras semanas de espera, uno de esos inversores «se quemó y se retiró». El otro mantuvo su interés hasta el final, sin saber que se estaba fraguando un contrato con otra sociedad de la mano de LHH. Es el pacto que anunció el comité el pasado 24 de octubre, que fue refrendado por los empleados por amplia mayoría.

¿La conclusión? Fuentes de la negociación lo resumen en que efectivamente «Bimbo está en un proceso de concentración de su producción para ser más eficiente y competitivo», «planificado con tiempo», ante la «bajada del consumo de la bollería industrial», lo que le ha llevado a cerrar cinco fábricas en España en cinco años. Y que en el caso de Valladolid ha aprovechado esta coyuntura para «hacer una operación de especulación inmobiliaria» con sus instalaciones de la calle Pirita, 6 porque «están en muy buen sitio y tienen posibilidad de ampliación» y eso las hace muy atractivas. Tanto, que tendrían un valor estimado de «entre 6 y 10 millones de euros». «Habrán colocado la nave a quien sea y con eso pagan los más de 3 millones de euros que cuestan las prejubilaciones, la deslocalización de la maquinaria y una indemnización jugosa a los trabajadores que se trasladan o se van, e incluso ganan dinero», zanjan. «Una mala solución, porque es parcial» en la medida en que «se sustituye un sector por otro que no tiene nada que ver», presumiblemente el transporte o la logística. A esto se suma que en este proyecto no hay acomodo para todos los trabajadores de Bimbo, sino solo para 50. Y que además ha dejado fuera a los ocupados indirectos.