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Un ERE (Expediente de Regulación de Empleo). O lo que es lo mismo, un despido colectivo. Eso es lo que ha planteado la multinacional mexicana ... Bimbo para los 166 empleados de su fábrica en Valladolid capital, a los que anunció el cierre hace una semana. Ahora bien, un centro de trabajo no puede desmantelarse de un día para otro, sino que antes es preceptivo negociar las condiciones con los representantes de la plantilla. El proceso arranca este miércoles con una duración tasada: 30 días, el plazo que tienen las instituciones para intentar revertir la decisión.
Es lo primero que debe constituirse, puesto que se trata del órgano de representación de los trabajadores ante la empresa. Hay siete días de plazo para crearla desde la fecha en que la Dirección comunica su intención de iniciar el procedimiento, y como máximo puede tener trece miembros. Está previsto que se formalice este 25 de septiembre.
El empresario que inicia un despido colectivo está obligado a comunicar formalmente la apertura de un periodo de consultas a los representantes legales de los trabajadores, y a dirigir «simultáneamente» una copia de la misma a la autoridad laboral, en este caso la Junta de Castilla y León. Entre otros documentos es obligatorio que adjunte una memoria explicativa donde indique los motivos por los que presenta el Expediente de Regulación de Empleo.
Un ERE puede iniciarse alegando cuatro tipos de motivaciones: económicas, técnicas, organizativas o de producción. Según el Ministerio de Trabajo, se entiende que concurren las primeras cuando de los resultados de la compañía «se desprenda una situación económica negativa; en casos tales como la existencia de pérdidas actuales o previstas, o la disminución persistente de su nivel de ingresos ordinarios o ventas». Son razones técnicas los cambios «en el ámbito de los medios o instrumentos de producción»; organizativas las modificaciones en «los sistemas y métodos de trabajo del personal», o en el modo de estructurar la actividad, y productivas las que son consecuencia de una variación en la demanda de los bienes o servicios que se quieren colocar en el mercado.
No son excluyentes, sino que se puede apelar a una o varias de ellas a la vez. Es una incógnita cuál o cuáles escogerá Bimbo Iberia para justificar su determinación de poner punto y final a medio siglo de historia de los donuts en Valladolid, pero da una doble pista el hecho de que haya justificado su determinación de clausurar la planta en la necesidad de «adecuar la demanda a los territorios» y mejorar su «eficiencia logística».
Arranca este miércoles con una duración máxima de 30 días naturales, puesto que Bimbo tiene más de 50 trabajadores (de lo contrario, el plazo sería de solo quince). Durante este tiempo «la empresa y los representantes legales de los trabajadores deberán negociar de buena fe con vistas a la consecución de un acuerdo», según el Ministerio de Trabajo y Economía Social, que añade que «como mínimo» están obligados a analizar «las posibilidades de evitar o reducir los despidos colectivos y de atenuar sus consecuencias». En este sentido, la Guía del departamento que dirige Yolanda Díaz conmina a la autoridad laboral a velar por la efectividad del periodo de consultas, «pudiendo remitir advertencias y recomendaciones a las partes», realizar funciones de asistencia y «las actuaciones de mediación que resulten convenientes con el fin de buscar soluciones a los problemas planteados por el despido colectivo». Cualquier pacto, en todo caso, requerirá la conformidad de la mayoría de los representantes legales de la plantilla.
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