Castilla y León

Éxitos y fracasos en la búsqueda de soluciones a las crisis anteriores a Bimbo

En Castilla y León hay una UCI para empresas en riesgo vital que está en la Fundación Anclaje, una entidad pública que depende de las consejerías de Economía y Hacienda y de Industria, Comercio y Empleo, en la que participa también la de Agricultura cuando la afectada es una firma agroalimentaria y que suma al protocolo anticrisis a representantes de la patronal y de los dos sindicatos mayoritarios CC OO y UGT.

La fórmula que se intentará aplicar con Bimbo desde la próxima semana, ofreciendo apoyos e instrumentos para que el grupo multinacional reconsidere la decisión de cerrar su planta de Valladolid y dejan en la calle a 166 trabajadores (a los que se suman más de 40 empleos indirectos) o buscando posibles compradores, se ha aplicado en el histórico de Anclaje en medio millar largo de casos como Bimbo, con resultado positivo en alrededor de tres de cada cuatro expedientes.

La fundación autonómica, que estuvo en puertas de ser suprimida durante el Gobierno de coalición de PP y Ciudadanos, cuenta con una plantilla de trece profesionales que ponen desde ya el foco en la crisis de Bimbo. Todo apunta a que Anclaje va a resurgir tras la etapa del consejero Mariano Veganzones (Vox) al frente la Consejería de Industria en la que la crisis de Cerealto Siro que amenazó la fábrica palentina de Venta de Baños estalló tras meses de avisos e inacción, que culminaron con el Ministerio de Industria haciendo lo que hasta entonces hacía la fundación autonómica, trabajar en una solución. En las últimas crisis en Valladolid, con Intrum (dedicada al cobro telefónico de deudas y venta de inmuebles) y Nanta, que tuvieron en la Junta al consejero Veganzones como gestor de referencia, no ha actuado Anclaje. La planta de piensos de Tudela de Duero está ya cerrada.

El camino transitado en anteriores crisis industriales permite otear la esperanza en el horizonte, con los casos de éxito, pero sin pasar por alto el riesgo del cierre, que se constató en otros.

La planta que el Grupo Bimbo regenta en Medina de Campo y en la que se fabrica bollería para Mercadona estuvo en 2020 abocada al cierre por parte de Cerealto Siro. Bimbo fue entonces la «alternativa industrial», la firma que compró las instalaciones y evitó el cierre. El mismo camino llevaba la fábrica de Siro en la localidad burgalesa de Briviesca. El comprador que se encontró para esa fatoría fue Morato. Y más recientemente, Cerealto Siro estuvo a punto de chapar uno de sus enclaves insignia en Venta de Baños. Se buscó comprador, pero al final se logró acordar un plan de viabilidad con el grupo titular, con inversiones y recortes laborales con los que apechugó la plantilla.

El futuro de Vestas en el polígono de Villadangos, en León, se nubló en 2018, cuando la multinacional danesa que construye molinos de viento aireó su intención de cerrar la factoría, que daba trabajo directo a 150 empleados, a los que sumar las nóminas indirectas. Costó dar con la solución pero finalmente el grupo español Network Steel se quedó con las instalaciones para transformarlas en una planta acerera con previsión de incrementar plantilla. Y también capeó la tormenta Made, en Medina del Campo. Sus 124 empleados fabricaba estructuras eléctricas. Estuvieron a un paso del despido. Fue una firma extremeña, Imedexa, que era competidora la que se hizo cargo de la planta. Nacía así Made Tower.

El papel de la Fundación Anclaje fue clave para que tres factorías reducidas a cenizas tras sufrir incendios no desaparecieran y con ellas las nóminas de trabajadores. Se trata de Macrolibros, en Valladolid; Embutidos Rodríguez, en León; y Ornua, en Ávila. En noviembre de 2015 ardió Macrolibros, que cinco meses después había recuperado parte de su actividad de impresión que tomó brío más adelante gracias a lo que se resumió en un «esfuerzo colectivo», de trabajadores, clientes, proveedores y administraciones. Renegociaciones, tramitación de ayudas e inversiones y agilización de licencias y trámites permitieron también la reconstrucción de la planta chacinera de León y la quesería abulense.

Mondelez Internacional anunció el cierre de la planta de Dulciora en Valladolid en marzo de 2016. En el tajo de Valladolid había 220 trabajadores que se veían en la calle por la intención de la empresa de trasladar a Polonia la producción de caramelos y dulces que salía de la planta del Polígono de San Cristóbal. El proceso para reconducir esa crisis fue largo, pero finalmente dio fruto la búsqueda de un comprador. Compró la factoría el grupo Damel, con el compromiso inicial de mantener 72 puestos de trabajo.

La plantilla de Lauki, en Valladolid, y las administraciones autonómica y municipal lucharon durante seis meses en 2016 por evitar el desmantelamiento de la planta lechera. No puedo ser. Ni Lactalis dio marcha atrás en su decisión de cerrar y se abrió a vender las instalaciones. De sus 85 operarios, 55 aceptaron el traslado a otras plantas de la marca francesa, 19 fueron despedidos y 19 prejubilados. Constatado el fin de la actividad, el trabajo en la Fundación Anclaje se orienta a paliar la situación en la que quedan los trabajadores, a los que la firma no recoloca ni prejubila, con ayudas y formación para rehacer su vida laboral. Ese terreno acogerá un gran centro deportivo. En el caso de Sada, matadero de aves enclavado en el Camino Viejo de Simancas, a la vera del Pisuerga, fue esa ubicación la que firmó su final. No había posibilidad de ampliar la instalación y cumplir las normativas medioambiental y sanitaria para una actividad que, con el desarrollo urbanístico de la ciudad, iba rodeándose de viviendas.

Otros dos casos en los que no hubo solución fueron los de la editorial leonesa Everest, que tenía 320 trabajadores en plantilla, y la planta de batidos de cacao de Nutrexpa en Palencia que empleaba a 67 trabajadores. La colaboración empresarial fue nula en este último caso para traspasar la fábrica.