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Será el año de empezar a saldar cuentas con la Justicia. 2022 sentará en el banquillo de los acusados a las dos macrocausas judiciales que llevan ocho años proyectando una larga sombra sobre la gestión del PP al frente de la Junta de Castilla y ... León. Una mancha que pone serias dudas sobre el 'mantra' oficial de la 'inmaculada' gestión de los equipos de confianza de Juan Vicente Herrera durante sus 16 años al frente del Gobierno regional.
Ambas investigaciones judiciales, el caso Perla Negra y la trama eólica, llevan desde 2013 y 2017 en fase de instrucción. Pero han eclosionado este 2021 al llegar a su fase definitiva. Los magistrados tienen ya un relato bastante completo de las presuntos y múltiples delitos económicos y estafas a las arcas de la Administración pública.
En ambos casos, se sentarán en el banquillo un reguero de ex altos cargos de la Junta y empresarios 'amigos' en vista orales que enjuiciarán casi una década de hacer política económica e industrial en la región.
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Destaca el exviceconsejero y exsecretario general de la Consejería de Economía entre 2003 y 2011, Rafael Delgado. Según la investigación de la Fiscalía, bajo su control y el del consejero de Economía (ya fallecido), Tomás Villanueva, se diseñó toda la ingeniería financiera de estas actividades. La primera vista oral arrancará el 14 de marzo. Tras ocho años de instrucción, se juzgará el caso Perla Negra, la operación de adquisición del edificio de Soluciones Empresariales en Arroyo de la Encomienda y las parcelas en la localidad de Portillo donde iba a levantarse un parque empresarial.
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Rafael Delgado y la también exviceconsejera Begoña Hernández, así como otros tres excargos de la Consejería que dirigía Tomás Villanueva, además de siete empresarios, serán juzgados como presuntos autores de los delitos de prevaricación, cohecho, revelación y violación de secretos, tráfico de influencias, malversación de caudales públicos y fraude en la administración.
El fiscal pide para Delgado y Hernández 11 años de prisión. Además, tendrían que indemnizar a la Junta de Castilla y León, con 16,1 millones de euros, que es la cuantía que la Fiscalía calcula que fue desviada a favor de las empresas beneficiadas con los dos «pelotazos».
Son Urban Proyecta y Parque Industrial Portillo, empresas afines al Partido Popular. Sociedades y sus administradores que también están encausados en la denominada trama eólica.
Entre los llamados a testificar en esta causa figura el propio expresidente de la Junta y hoy en el Consejo de Cuentas de la región, Juan Vicente Herrera. Debe acudir por petición de la defensa del propio Rafael Delgado, cuya estrategia para expiar culpas se centra en que él solo obedecía órdenes de sus superiores. Durante la fase de instrucción apuntó siempre a estos, en especial Tomás Villanueva, cuya muerte en septiembre de 2017, extinguió cualquier responsabilidad.
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Cuando finalicen con esta 'penitencia', a una parte de los encausados les espera otro 'via crucis' judicial. No tiene fecha aún la vista oral por la llamada 'trama eólica', pero la petición de apertura de juicio oral por parte de la Fiscalía podría hacer que su celebración se produzca a lo largo de 2022, cuando se resuelvan los previsibles recursos de los imputados.
Anticorrupción formuló el pasado octubre escrito de acusación contra 16 excargos de la Junta y empresarios que presuntamente se beneficiaron de la concesión irregular de las autorizaciones de parques eólicos en la comunidad.
Es uno de los flecos que más juego esta dando antes de que hablen los tribunales. El juez de la trama eólica también sienta en el banquillo a la Junta de Castilla y León, a la que impone una fianza de 24 millones de euros. El magistrado considera que el Gobierno regional es responsable civil subsidiario de los hechos.
Desde que se conoció esta decisión, la oposición en las Cortes regionales no ha dejado de exigir al PP que ponga el dinero de sus propios fondos y que no lo prorratee a escote entre todos los castellanos y los leoneses. La Junta zanjó su negativa apelando al Estatuto de Autonomía (artículo 32): «La Junta está exenta de presentar fianza ante cualquier órgano o tribunal jurisdiccional».
En noviembre, el juez dictó la apertura de juicio oral y puso así fin a cuatro años investigando las «mordidas» por parte de ex altos cargos de la Junta y empresarios por la agilización en la tramitación de parques eólicos durante la eclosión de los molinos entre los años 2000 y 2015.
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El fiscal considera a Rafael Delgado también como el muñidor de la trama y le atribuye delitos continuados de prevaricación, cohecho, tráfico de influencias, blanqueo de capitales, extorsión y delitos contra la Hacienda Pública. Le pide penas que suman 42 años de prisión (ya le piden 11 años por 'Perla Negra') y multas que globalmente ascienden a 239 millones de euros.
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El relato del Ministerio Público atribuye a los socios locales de la trama 'dádivas' por valor de 75 millones de euros. Por eso pide para todos multas que rozan los 240 millones. En el banquillo le acompañarán, además de varios empresarios, otros dos exaltos cargos del Gobierno regional, los exdirectores de Deportes, Andrés Martínez Paz, y de Energía y Minas, Manuel Ordóñez.
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