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Veintiún meses y seis olas de contagio después, la vida está lejos de la prometida normalidad, sea 'nueva' o no. El cansancio sobre la repetición de escaladas y desescaladas, de amagos de aperturas y reaperturas de la vida, es patente en toda la sociedad. ... El cierre del año y estos días navideños de reuniones sociales nos devuelven, otra vez, el 'bumerán' de las advertencias y los riesgos. Como si un año de vacunaciones (y del arranque de las 'revacunaciones') hubiera servido de poco.
España ha sido uno de los pocos países que ha logrado orillar el debate sobre el uso de los sueros (Pfizer, Moderna, Janssen...) , gracias a una aceptación casi mayoritaria y con un concepto bastante solidario de su papel en la salud de todos. Pero eso no nos evitará seguir enfrentándonos a los mismos retos que el resto de Europa en el arranque del 2022.
En resumen, cerramos el 2021 seguramente mejor de como lo empezamos. Pero convencidos de que, definitivamente, la vida no va a recuperar ninguna 'normalidad' anterior. Ni pronto, ni tarde. El mundo que nos toca vivir es, sencillamente, otro.
Y eso que la imagen que clausuró el desolador 2020 desde la portada de El Norte de Castilla no podía ser más optimista. En el ejemplar del 31 de diciembre, Amelia Bahíllo, de 102 años, recorría el pasillo de su residencia de mayores camino de la silla de vacunación. Entre dos filas de aplausos, el brillo de los ojos agradecidos de esta palentina y su determinación, con ayuda de su andador, parecían resumir las esperanzas de una sociedad.
La de la Castilla y León envejecida. La comunidad que había soportado en el primer año pandémico los peores datos de víctimas en sus centros de mayores (más de 5.000 muertos), también creía caminar hacia un liberador día después.
Pero el arranque del año ya nos trajo como regalo de Reyes Magos una mezcla agridulce de buenos augurios y carbón. En la España de las 17 desescaladas, país en el que en cada comunidad había un pugilato entre los jueces y los Gobiernos respecto a las medidas legales que se podían tomar, la madrugada de los mejores deseos nos dejó bajo el árbol y el Belén un baño de cruda realidad.
«Estamos en una tendencia alcista, en el inicio de la tercera ola, y debemos seguir adoptando medidas», anunciaban al alimón el presidente de la Junta y su portavoz, Alfonso Fernández Mañueco y Francisco Igea.
La tercera ola era tan real que sus raíces se cimentaron en 2020. Al igual que está sucediendo este 2021, no hay gobierno capaz de parar las rutinas de la 'maquinaria' social y familiar de unas navidades. Hace 12 meses, los datos eran palmarios de lo que estaba por llegar.
Desde el 5 de noviembre, seis provincias nunca bajaron de la alerta roja sanitaria: Burgos, León, Palencia, Soria, Valladolid y Zamora. En los dos últimos meses del año pasado, solo tres consiguieron pasar del rojo al naranja: Ávila, Salamanca y Segovia.
En este escenario, la llegada de las primeras partidas de sueros inmunizadores el 29 de diciembre fue como un día azul que se va cubriendo con nubarrones. En la primera semana, se inyectaron en la región 11.154 dosis de esperanza, que fueron llegando a los lugares que de forma más dramática habían soportado el azote de la covid: las residencias de ancianos.
Una prueba de la 'montaña rusa' de órdenes, contraórdenes y confusión constante en la aplicación de medidas preventivas fue la propia celebración de los Reyes Magos en Valladolid. Ese 5 de enero de 2021, la consejera de Sanidad, Verónica Casado, daba a conocer un informe de los expertos de Castilla y León que proponía un confinamiento domiciliario durante dos semanas para frenar la tercera ola.
No habían acabado las fiestas y ya había 550 pacientes ingresados. 140 en la UCI. Era la vuelta a la casilla de salida de los peores momentos de 2020.
Pero el Gobierno central dejó en manos de las autonomías la legislación de medidas tan impopulares como las que Moncloa había tomado meses antes. Ante la falta de normas propias, poco se podía hacer.
De hecho, la respuesta del Ayuntamiento de Valladolid el 5 de enero fueron diez carruajes que desafiaron las posibles sanciones y crearon un simulacro de fría festividad para sustraer a los más pequeños de los miedos de sus mayores.
La propuesta de la consejera de Salud de la Junta de Castilla y León de que se posibilitara un confinamiento estricto, al estilo del de marzo 2020, no llegó viva ni al Consejo Interterritorial de Salud. El zafarrancho político se mezcló con el desafío sanitario.
El Gobierno de Pedro Sánchez eligió ponerse las medallas del reparto de dosis y dejó a los Gobiernos regionales las impopulares medidas de control. Que, además, siempre se mostrarían insuficientes para las dimensiones del reto sanitario.
'Filomena', la ola de frío que despidió las temidas (por los epidemiólogos) fiestas navideñas y congeló toda la península, trajo junto a su manto de nieve las mayores restricciones con sello propio. Y no solo porque 100.000 escolares de la comunidad no pudieron regresar a clase tras las largas vacaciones navideñas.
La primera semana del año se había zanjado con 67 fallecidos y más de 4.200 contagios. Motivo suficiente para que el presidente de la Junta, Fernández Mañueco, anunciara el día 10 de enero un estricto toque de queda de 22 horas a 6 de la mañana mientras durara el estado de alarma nacional (6 de mayo).
Y un cierre perimetral que solo permitiría a los ciudadanos de la región moverse entre sus nueve provincias. El objetivo era 'taponar' la entrada de focos de contagio desde el extrarradio geográfico, en especial la Comunidad de Madrid.
Nada de esto doblaba a las dramáticas estadísticas, con días en los que se sumaban los positivos de dos mil en dos mil. El 15 de enero, la Junta redobló la apuesta: toque de queda a partir de las 20 horas... aunque el Gobierno de España lo considerara «ilegal».
Confusión y recelo general. En función del color político, unos ayuntamientos y otros anunciaban su 'insumisión' o el cumplimiento de las posibles sanciones. ¿Quién aplicaría y cobraría las multas? ¿Las Policía locales que obedecen a sus alcaldes y sus partidos? ¿La Nacional? ¿La Guardia Civil?
La respuesta podría buscarse a finales del año, con los subdelegados gubernativos anunciado la devolución de oficio y sin necesidad de reclamación, de miles de multas aplicadas en las diferentes restricciones de todos estos meses y que, en muchos casos, fueron declaradas ilegales por los tribunales. Empezando por el propio Estado de Alarma gubernativo de los primeros meses de esta lacra.
Poco le afectaba esto al virus, empeñado en mutar y reproducirse como réplicas de un 'seísmo' sanitario sin fin. La variante británica que sembró el miedo general a medida que avanzaban las primeras semanas del año, en realidad ya se había detectado en lugares como Medina del Campo a mediados de diciembre de 2020. Ponerle puertas a la covid empezó a ser lo más parecido a ponérselas al campo.
La sensación de irrealidad en la que vivía toda la sociedad se trasladó al diccionario. Que los jueces confirman que un 'toque de queda' regional es ilegal... Pues se cambia el término por 'cierre general' y a tirar para adelante con las restricciones.
Medidas como esta abrían nuevos frentes legales como preguntarse quién pagará la minuta del lucro cesante que estaba sufriendo toda la hostelería, sometida a continuas revisiones de los horarios y límites de actividad.
La principal actividad del sector era revisar cada noche el Boletín Oficial de Castilla y León (Bocyl) para saber qué horarios y cómo podían trabajar al día siguiente. En barra. Sin barra. Con terraza... Eso y ejercer de 'policía' de clientes si estos incumplían el 'sube y baja' de las mascarillas.
Y no solo los hosteleros. Los habituales de los templos se rebelaban contra el tope de 25 usuarios. No es lo mismo una iglesia como San Benito, de 1.600 metros cuadrados, que un pequeño oratorio. No era el primer 'rifirrafe' que se vivía a las puertas de los centros de culto. «¿Quién controla los autobuses que van casi llenos?», se preguntaba alguno de los feligreses.
Al virus toda esta verborrea dialéctica y social le daba igual. Los hospitales triplicaban en las tres primeras semanas del año sus ingresos por covid-19. El 1 de febrero, la atención estaba al borde del colapso. Las muertes saltaron el listón de las 9.000 en la región. Que fueron 10.000 apenas tres semanas después.
El efecto arrastre de las Navidades esparció en diferido sus demoledores efectos. Sanidad planteó el posible traslado de pacientes a otras regiones. Las cifras diarias de muertos se acercaban a los peores momentos de meses de 2020 que se creían superados a golpe de vacunación.
Camino del primer año covid el balance no podía ser más descorazonador. Al cansancio y el pesimismo colectivo, se unió la insumisión de muchos jóvenes que no estaban dispuestos a renunciar al 'trozo' de su juventud que les estaba robando el 'bicho'.
Hubo noches en las que las Policías locales, como la de Valladolid, acabaron llamando a la puerta de 30 o 40 pisos en los que se celebraban guateques. Entre la ciudadanía se estaba creando también un cierto estigma de 'shérif' honorario, dando aviso a la autoridad de sus sospechas de incumplimiento en sus comunidades de vecinos.
La celebración del 8-M (8 de marzo), Día de la Mujer, evitó la polémica del 2020 (que por cierto aún colega en este final del 2021) cuando se acusó al Gobierno central de permitir manifestaciones multitudinarias cuando ya se sabía que la covid había 'asomado la patita'.
Esta vez, las vallisoletanas y las castellanas y leonesas volvieron a las calles, con marchas marcadas por la seguridad de la distancia. Pero, sin perder un ápice en sus reclamaciones, clamaron contra el agravamiento de las brechas en el empleo frente a los hombres. También contra lo que llamaron la «pandemia en la sombra»: las mujeres que sufren malos tratos y a las que la situación les obligaba a convivir a la fuerza con su pareja.
Para concentrar muchos de los esfuerzos en el 'efecto freno' de la vacunación, el Centro Cultural Miguel Delibes se convirtió desde el 9 de marzo en el gran templo de la 'religión' de los esperanzados. La sede de la Sinfónica de Castilla y León dio paso a una 'orquesta' de profesionales de la sanidad que mostraron una entrega y orden para enmarcar.
Las colas en los anexos de este auditorio fueron parte del paisaje hasta el 30 de septiembre, fecha en la que se cerró este vacunódromo, el mayor de la región. Por él pasaron más de 400.000 personas. Un reto logístico que demostró que también se pueden hacer bien las cosas cuando hay criterios técnicos.
En el habitual vaivén de contagios, la tercera ola fue remitiendo, pero no lo bastante como para no temer a la repetición de errores con la llegada de la Semana Santa. Por eso, la Junta volvió a imponer nuevas restricciones en las que se prohibían las reuniones sociales de más de cuatro personas, salvo entre convivientes.
Habíamos superado la tercera ola. Pero el 'non stop' continuaba y ya estaba llamando a la puerta la cuarta. En previsión de una Semana Santa 'espoleta' de nuevos picos, la Junta volvió a cerrar los interiores de bares y restaurantes que llevaban mucho tiempo esperando el 'balón de oxígeno' de estos días festivos. El mapa de la región se llenó de colores que marcaban el nivel de restricción por pueblos y ciudades, con diferencias de contagios enormes entre unos y otros.
Por segundo año, las calles no se poblaron de pasos procesionales. Lo que no impidió otra bronca (una más) entre el alcalde de Valladolid, Óscar Puente, y el portavoz de la Junta, por la celebración de un descafeinado Sermón de las Siete Palabras. El episodio recordó a lo que pasó en Reyes con el desfile de carrozas: unos Reyes sin reyes. Una Semana Santa sin pasos.
Aquellos días de mayo, el Procurador del Común, Tomás Quintana, confirmó ante las Cortes regionales lo que muchas familias con mayores en residencias sufrieron y vivieron con trágicas consecuencias. Su informe denunció que «se llegaron a limitar las derivaciones de pacientes desde los centros residenciales a los hospitalarios». Y que los geriátricos asumieron «unas tareas para las que seguramente no estaban preparados por falta de personal y de medios de protección, lo que posiblemente contribuya a explicar, junto con otras causas, la morbilidad, mortalidad y letalidad de los primeros meses de la pandemia en las residencias».
El drama de las residencias sigue en proceso de revisión en una comisión de investigación en el Parlamento regional. Los partidos en el gobierno, PP y Cs, trataron de retrasarla todo lo que pudieron.
Entre mediados de mayo y principios de junio, casi el 50% de la población mayor de 18 años ya estaba inmunizada. El buen tiempo parecía llenar las vidas de ilusión por recuperar un poco de actividad al aire libre.
La cuarta ola pareció difuminarse en la rompiente de las mesas de inoculación de sueros. Los hoteles de la región abrieron de forma completa tras un año sin clientes. Y los bares 'aparcaron' sus terrazas en la zona azul de aparcamiento para abarcar un poco más de negocio.
A mediados de mayo, las UCI registraban apenas un 25% de ingresos covid, la cifra más baja en siete meses. El avance acelerado de los 'pinchazos' entre los menores de 50 años auguraba la tan anhelada inmunidad grupal. La cuarta ola fue, con mucho, la menos perceptible.
El debate sanitario se centró en buscar el mejor momento para desprenderse de la mascarilla en lugares públicos. ¿Ventajas? ¿Riesgos? En el debate preveraniego en los pueblos también se cuestionaba la posibilidad de volver a recuperar sus rutinas: piscinas abiertas, carteles de fiestas patronales, conciertos... otra vez la vuelta al pueblo como sinónimo de recuperada libertad.
Los mismos excesos llevaban inevitablemente similares resultados. La relajación devolvía los niveles de contagio a los datos de febrero. Ni la canícula inclemente impidió que la Junta volviera, otra vez, a cerrar las barras. Julio y agosto terminaron con una quinta ola que alcanzó el segundo lugar del podio de contagios tras la temible tercera ola de enero.
El juego del gato y el ratón con las variantes nos trajo a 'delta', lo que aumentó las interrogantes ante el arranque de septiembre. ¿Estaba justificado celebrar las fiestas de Valladolid?
Para burlar a la realidad acuñamos otro término: las 'no fiestas'. El caso es que la Plaza Mayor volvió a cantar con un concierto de Amparanoia el 3 de septiembre. Había motivos: las vacunas habían reducido la mortalidad en un 90% y las hospitalizaciones en un 80%.
También la Junta anunció que la vuelta al cole mantendría las restricciones del curso anterior, aunque abría la mano a compartir el patio y quitarse la mascarilla... «si baja la covid».
En septiembre, superado el debate médico, comenzó la revacunación de los mayores. Esta vez, las residencias fueron las primeras en recibir los terceras dosis.
La 'orquesta' de agujas, sanitarios y viales del auditorio Miguel Delibes cerró sus puertas a la vez que se las abríamos al otoño. Fueron 205 días de trabajo muy apreciado por toda la ciudadanía. El 30 de septiembre, el 91% de la población vallisoletana de más de 12 años se había vacunado. En el resto de Castilla y León, la cifra se acercaba ya a los dos millones de personas.
Pero habíamos perdido ya a 11.640 ciudadanos de los 305.000 que se habían contagiado. Negacionistas aparte, quien más quien menos se preguntaba qué habría sido de nosotros sin la bendición de las vacunas.
En octubre, la bonanza climática se había trasladado a los datos sanitarios. La Junta decretó el regreso de sus plantillas a la presencialidad. Durante un par de meses, la recuperación económica, la reapertura de la vida social pusieron algo de sordina al monotema de la covid.
Con las familias y el ciclo económico pensando ya en la navidad, la llegada de diciembre nos coló un nuevo término: Ómicron. El nuevo 'disfraz' con el que nos volvía a asustar el virus. Otra vez, la pleamar de una sexta ola amenazando nuestra 'playa' de confianza en vencer al mal.
Los contagios volvían a duplicarse de semana en semana. No era volver a la casilla cero. Pero sí a la necesidad de reabrir los vacunódromos, repescar a 80.000 negacionistas y extender la tercera dosis para los mayores de 50 años. Al menos, no hemos necesitado el pasaporte covid que ya exigen en casi todo el país para hacer algo de vida social.
Y ahí seguimos. En la lucha. Si el 2021 arrancó con la esperanza de la vacunación, que iniciaron los mayores, 2022 se estrena con una renovada ilusión: la de la inmunización de los niños de 5 a 11 años, uno de los principales vectores de contagios. Esto acercará los niveles de protección de la población al 100%.
Motivo de ilusión para una sociedad que inaugura el almanaque al límite del cansancio, de sus fuerzas e incluso de la confianza en que, algún día, la realidad será distinta.
La aparente placidez de la gestión del bastón de mando en Valladolid del alcalde, Óscar Puente, se vio interrumpida por sendas broncas relacionadas con sus vacaciones. De entrada, tuvo que esperar hasta finales de octubre para que un juzgado archivara la querella por los días de asueto gratis que disfrutó en Ibiza en un yate con su amigo Sergio Zaitegui en septiembre de 2020.
Este empresario vasco fue beneficiario de una compra urgente de material sanitario (mascarillas y material de protección) para hacer frente a la covid-19 para el personal municipal en un momento de gran escasez en toda España.
Después de muchas idas y venidas, el juzgado determinó que «que no puede entenderse acreditado que el investigado señor Zaitegui agasajara por razón de su cargo público al señor Puente mediante la invitación en un barco de recreo en Ibiza».
Las vacaciones del alcalde pucelano volvieron a la palestra después de que en agosto circularan tuits con imágenes en las que se le veía al mando de un coche de alta gama durante sus vacaciones en el noroeste de la península.
El uso del vehículo, un Mercedes propiedad de la empresa de gestión sanitaria Grupo Recoletas, derivó en una barriobajera polémica en la que la oposición insinuó un trato de favor del primer edil a cambio de deferencias de este tipo.
Óscar Puente estalló contra la oposición a la que acusó de rebuscar en su vida privada para intentar minar su gestión política. «Se tiene que nutrir de estas mierdas –y lo ponéis así por favor– para intentar acabar conmigo. Pero lo llevan claro, lo llevan clarito. Lo único que consiguen es espolearme más. Y una cosa tengo muy clara: las intromisiones en mi intimidad las van a pagar muy caras, muy caras. Yo no soy ellos. Cuando voy al juzgado, no doy puntadas sin hilo», declaró a El Norte un desaforado Puente en agosto.
Tanto el yate como el Mercedes no pasaron de anecdóticas aventuras políticas de un mandato bastante plácido para el alcalde socialista, consciente de que el partido opositor está 'tocado' por el fuerte desgaste interno que sufren sus miembros.
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