Los sediciosos del 'procés', indultados

De nada sirvió la oposición del tribunal sentenciador, el Supremo, que en un duro informe consideró los indultos como «inaceptables» al no apreciar razones «de justicia, equidad y utilidad pública» y no existir «ni indicio de arrepentimiento» por parte de los condenados. Tampoco influyeron las manifestaciones en las calles en contra de las medidas de gracia; ni el absoluto rechazo de los partidos de centro derecha; ni las serias dudas dentro del propio grupo socialista por el coste político que podrían suponer las excarcelaciones. Contra viento y marea, y con la inesperada condescendencia empresarial, el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, aprobó los indultos y los justificó por su «utilidad» política, como una fórmula para empezar a resolver el conflicto catalán; apeló a «la concordia», «el reencuentro» y a «restituir la convivencia», y consideró que con su decisión la democracia española mostraba «su grandeza».

Nada que ver con la percepción del separatismo catalán, que se apresuró a interpretar las medidas de gracia como una «debilidad» del Estado y reiteró sus reclamaciones de una ley de amnistía y un referéndum para la autodeterminación.

En los expedientes individualizados de indulto, el Gobierno mantuvo para los condenados las penas de inhabilitación para el ejercicio de cargo público, pero les perdonó las de cárcel por sedición y por malversación.

Al día siguiente, Oriol Junqueras, Joaquim Forn, Josep Rull, Jordi Turull, Raül Romeva, Carme Forcadell, Dolors Bassa, Jordi Cuixart y Jordi Sànchez, que habían sido condenados en octubre de 2019 a entre 9 y 13 años de prisión, quedaron en libertad y volvieron a defender el legado del ilegal 1-O.

Para avivar el fuego, en el conflicto catalán también entró en escena el Tribunal de Cuentas, que una semana después de los indultos exigió 5,4 millones de euros a varios líderes del 'procés' y otra treintena de ex altos cargos catalanes (desde la etapa de Artur Mas) por el presunto desvío de fondos públicos a la internacionalización del 'procés' entre 2011 y 2017. El dinero fue aportado por ERC y Junts.

Mientras, el fugado expresidente catalán Carles Puigdemont, eurodiputado desde 2019, procesado en rebeldía y sobre el que pesa una euroorden de detención emitida por el Tribunal Supremo, perdió su aforamiento como europarlamentario por acuerdo de la Eurocámara, ratificado en primera instancia por el Tribunal General de la Unión Europea. Lo mismo ocurrió con sus exconsejeros huidos Toni Comín y Clara Ponsatí. En virtud de esa euroorden, Puigdemont fue detenido en septiembre en Cerdeña (lo había sido años antes en Bélgica y Alemania), pero fue liberado hasta que la Justicia europea decida finalmente sobre su inmunidad y resuelva una cuestión prejudicial sobre la euroorden.