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Estos son los doce encausados de la macrocausa de la Perla Negra que serán juzgados por la Audiencia Provincial del 14 de marzo al 29 de abril de 2022 como presuntos autores de seis delitos de corrupción en las operaciones de compra del ... edificio de Arroyo de la Encomienda y los terrenos del parque empresarial Portillo que nunca se construyó. Cinco son excargos de esa Consejería y el resto, empresarios afines a la Junta de Castilla y León. Los hechos que van a juzgarse tuvieron lugar entre 2005 y 2011. La Fiscalía Anticorrupción pide para ellos estas condenas:
Exviceconsejero de Economía y exconsejero delegado de Gesturcal
11 años de prisión
Exviceconsejera y expresidenta de Gesturcal
11 años de prisión
Exconsejero delegado de Gesturcal-Ade Parques
11 años de cárcel
Administrador de la promotora Urban Proyecta
Cuatro años de cárcel
Director gerente de Gesturcal
Cuatro años de cárcel
Director financiero de Gesturcal
Cuatro años de cárcel
Empleado de Urban Proyecta
Seis años de cárcel
Empresario y exdirector de la División de creación de empresas e internalización de servicios de ADE
Seis años de cárcel
Presidente del consejo de administración de Cementos La Bureba y socio fundador de Parque Empresarial Portillo
Seis años de cárcel.
Administrador único de Parque Empresarial Portillo
Seis años de cárcel
Vocal de Parque Empresarial Portillo
Seis años de cárcel
Secretario de Parque Empresarial Portillo
Seis años de cárcel.
A estos doce acusados se les atribuyen delitos continuados de prevaricación y revelación de secretos en concurso con un delito de tráfico de influencias, malversación de caudales públicos y violación de secretos, en concurso con otro delito de tráfico de influencias, cometidos entre 2005 y 2011.
Además, los acusados tendrían que indemnizar a la Junta de Castilla y León, en el caso de que prospere la petición de la Fiscalía, con 16,1 millones de euros.
El ministerio público solicita para Rafael Delgado por el delito de prevaricación nueve años de inhabilitación especial para empleo o cargo público relacionado con la Administración autonómica y con la gestión de empresas públicas, así como otros cinco años por revelación de secretos y quince por la malversación.
Para la exviceconsejera de Economía Begoña Hernández pide veinte años de inhabilitación, al igual que para el delegado de Gesturcal Juan Carlos Sacristán. Para el exdirector gerente de la empresa pública Salvador Molina y el exdirector financiero, Francisco Armero, pide inhabilitación absoluta por un tiempo de diez años.
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