Primer adelanto electoral y moción de censura en 40 años

La expectativa se cumplió más allá de cualquier cálculo. Castilla y León vivió nueve meses más rápidos que las tres décadas previas juntas. El 20 de diciembre, el presidente de la Junta, Alfonso Fernández Mañueco, convocó elecciones anticipadas para el 13 de febrero de 2022. En marzo ya había logrado sortear la primera moción de censura de la historia de la comunidad que le habían presentado los socialistas.

«Hoy, 20 de diciembre, acabo de remodelar mi Gobierno, con posterioridad he firmado el Decreto de disolución de las Cortes de Castilla y León y la convocatoria anticipada de Elecciones Autonómicas en Castilla y León para el día 13 de febrero de 2022», informó de forma sucinta a través de Twitter el presidente regional.

Era la crónica de una ruptura anunciada del pacto de gobierno suscrito con Ciudadanos. Poco importaron los anuncios constantes de ambas formaciones apelando a la estabilidad y el compromiso de su pacto firmado tras las elecciones de 2019.

Tampoco pesaron en la decisión de Fernández Mañueco los peores datos de la sexta ola de la covid, con más de 5.600 contagios diarios y 18 muertos en la jornada previa. Ni siquiera el informe de los expertos médicos reclamando medidas y que, aún 'calentito', acabó en un cajón.

Por encima de todo estaba la «traición dañina» de Ciudadanos por, supuestamente, negociar apoyos presupuestarios a espaldas de la mayoría del PP. Unos presupuestos que debían votarse en esos días y que acabaron decayendo como el propio pacto de gobernabilidad.

Al líder del partido liberal y vicepresidente, Francisco Igea, su cese le pilló en una entrevista radiofónica. Su sorpresa y malestar incluyeron un feo exabrupto dirigido a su hasta entonces socio y que se escuchó en toda España: «¿Qué cojones piensa de su población?»

Tras firmar los ceses de Igea y sus tres consejeros y remodelar su equipo para transitar hacia la fecha electoral (con el único nombramiento de Alejandro Fernández como consejero de Sanidad), Fernández Mañueco compareció, sin aceptar preguntas, para insistir en que «existía cierto riesgo de moción de censura por parte de PSOE, Cs, Podemos y tránsfugas y miembros de otras fuerzas políticas, como ya ocurrió en marzo».

Efectivamente, en el trasfondo de esta inédita decisión en la política regional, todavía coleaba otra igualmente inédita escaramuza política. Castilla y León había vivido en marzo (día 22) sus doce horas más convulsas en casi cuatro décadas de democracia y gobiernos regionales.

La oposición del PSOE, claro ganador de las elecciones autonómicas en 2019, llevaba tiempo buscando los múltiples puntos débiles en la bancada de ciudadanos. El 'tablero de ajedrez' de la política nacional, con una moción similar en la Región de Murcia (también contra el tándem PP-Cs) y un adelanto electoral en Madrid para evitar algo parecido, situaron a la oposición de Castilla y León en la necesidad de forzar su propio pulso al Gobierno de Alfonso Fernández Mañueco.

También este zafarrancho primaveral ocurrió en un pésimo momento, con una covid disparada y asesina en todas partes. Pero las cuentas estaban claras. Con sus 35 procuradores y el apoyo más que seguro de Podemos (2) y los leonesistas (1), los socialistas solo necesitaban 'rascar' tres de los 12 votos de Cs. La salida de la disciplina de este último de la procuradora salmantina María Montero, parecía abrir aún más las esperanzas de los huestes del líder del PSOE,Luis Tudanca.

Nada fue tal. El frenazo y marcha atrás de la misma operación en Murcia, abortada en las salvas previas, alumbró lo que podía esperarse en la sede de la soberanía regional. Todo fue un debate estéril que dejó las cosas como estaban.

Los 29 asientos del PP, más los 11 de Cs que no 'pestañearon' y uno de Vox, permitieron sumar los 41 necesarios para detener el 'tsunami' político regional. Al final el PSOE solo logró sumar a sus 35 votos, los dos de Podemos. Aunque irrelevantes, los tres votos de Por Ávila, los leoneses de UPL y la díscola 'ciudadana' María Montero optaron por una más que estética abstención.

De aquel 22 de marzo que puso un poco de salsa al endémico aburrimiento de las Cortes regionales, de tantas décadas de rodillo y mayorías conservadoras, quedó la foto crepuscular del líder nacional de los conservadores, Pablo Casado, 'codeándose' con Fernández Mañueco a las puertas del Hemiciclo en señal de reparador triunfo.

El primer atardecer primaveral del año, también el primer aniversario covid, dejaba las cosas como estaban. Pero, continuando con el efecto dominó de nuestros vecinos de la Comunidad de Madrid, quedó latente una onda expansiva que los politólogos de andar por casa siguieron midiendo, hasta que el 'premier' regional les sacó de unas dudas que nadie albergaba: habría adelanto electoral por primera vez.

El marcador de aquellos combates, más allá de lo que pasó en Valladolid, fue una victoria por K.O. de Casado (Pablo). Falsa alarma en Murcia (ni se llegó ni a votar en su Parlamento), derrota clara en Castilla y León de los promotores. Y, de postre, victoria aplastante de su partido en las urnas autonómicas adelantadas de Madrid con Isabel Díez Ayuso como 'chulapa' del cartel.

La resaca de esta primera moción de censura trajo unos meses plácidos para los actores políticos de Castilla y León. Unos se sentían reforzados. Otros se lamían las heridas de lo que pudo ser y no fue y del coste que tendría para sus aspiraciones de volver a intentarlo.

De entrada, el secretario general del PSOE en Castilla y León, Luis Tudanca, confirmó a principios de julio que se presentaba a la reelección en el congreso autonómico convocado para finales de noviembre en Burgos. «Mi compromiso está aquí, en Castilla y León», sentenció ante sus compañeros. Tudanca volvía a pedir la confianza de sus compañeros para liderar el partido, como hace desde 2014 en que ganó sus primeras primarias.

El refuerzo de su liderazgo asentó en la cabeza de su mayor opositor, Fernández Mañueco, el riesgo de que en marzo de 2022 le plantara una segunda moción de censura (la ley exige un año de margen entre una y otra).

Para evitarlo, y tras meses de negaciones, el PP regional copió fielmente la estrategia de Díaz Ayuso y castigó a sus socios por la vía de los hechos consumados. Sigilo máximo, expulsión de los coaligados y convocatoria electoral. Y lo hizo casi cuando todos estaban pensando en si habría restricciones para las fiestas navideñas.

«Me ha dicho: 'Paco, he decidido cesaros a ti y a todos los consejeros de Ciudadanos. Me hubiera gustado que fuera de otra manera pero es lo mejor para la comunidad'». Así resumió horas después, aquel 20 de diciembre, Francisco Igea la llamada telefónica con la que Mañueco liquidó su 'matrimonio' político con el que logró en el verano de 2019 gobernar la Junta pese a haber perdido las elecciones. Además de sobre el tablero político, su 'jaque mate' se había hecho con el calendario delante. Adelantándose a un arranque de año judicial endiablado para las huestes conservadoras.

De entrada, cabalga incluso delante de su propia reelección como presidente del PP de Castilla y León, prevista para el congreso regional de León (16 de enero). Pero esa es la parte más amable del almanaque.

Al día siguiente, tendrá que declarar como imputado el presidente del PP salmantino y estrecho colaborador suyo, Javier Iglesias, por la posible financiación ilegal de la formación para llegar a las primarias regionales de 2017 y que garantizaron la candidatura de Mañueco en su provincia de origen (barrió a la 'búlgara' con un 98% de apoyo).

Al pulsar el 'botón rojo' del adelanto electoral, el hoy presidente en funciones logra desactivar también, al menos en términos electorales, los efectos adversos del vía crucis judicial por corrupción de los gobiernos populares anteriores (en algunos de los cuales él fue consejero). Y que arrancarán el 14 de marzo con la vista oral del caso Perla Negra, donde se piden altas penas de cárcel y multas millonarias para ex altos cargos de la Consejería de Economía en tiempos de su antecesor, Juan Vicente Herrera. No mucho más allá, le tocará el turno a la trama eólica, otro macroproceso en el que repiten protagonismo varios de los que serán juzgados en la vista anterior.

Pero el 'Ayusazo' (por su colega madrileña Isabel Díaz Ayuso) ya está en marcha en Castilla y León. Y, al igual que los vecinos de la capital, parece espoleado por la misma bonanza de las encuestas.

Tras la moción fracasada de la oposición en marzo, en junio hubo estudios demoscópicos que llegaron a augurar una vuelta a las cómodas mayorías absolutas del Partido Popular en la región.

En diciembre, los datos se han atemperado un poco. Pero quedó claro que la ola de encuestas pesó más en el ánimo de Mañueco que la ola de la covid-19. Su exsocio de gobierno está en proceso de demolición (aunque ha confirmado a Francisco Igea como cabeza de cartel), las plataformas de la España Vaciada tienen escaso margen para transformarse en fuerzas políticas y, sobre todo, el liderazgo socialista de la oposición parece debilitado y tratando de recuperar fuerzas.

De hecho, una vez dibujado el camino a las urnas, los primeros sondeos matizaron el avance conservador. Pero las últimas prospecciones le conceden una cómoda mayoría parlamentaria con el sostén de Vox, que irrumpiría de forma notable en el Parlamento regional con una cifra de escaños similar a la que aún tiene Ciudadanos (unos 10).

Pase lo que pase, Castilla y León se ha salido de la rueda de las elecciones regionales y adquiere estatus de 'comunidad electoral histórica' (al estilo de vascos, catalanes, gallegos y andaluces). El futuro dirá si esto tiene alguna ventaja para la comunidad hasta ahora más 'mesetaria' (por plana) a la hora de hacer cambios.