De la crisis municipal y el cierre fallido de Navacerrada

La alcaldesa de Segovia, Clara Luquero, y el equipo municipal de gobierno han vivido en este 2021 su particular 'annus horribilis'. Ha habido noticias buenas, pero, de momento, se sitúan más en la esfera de las esperanzas que de los hechos. Irrefutable es que Segovia perderá la Base Mixta, el actual PCMSA-2, en menos de siete u ocho años y que a la regidora no le quedó más remedio que aceptar la dimisión de la concejala de Cultura y Turismo, Gina Aguiar, tras el fallo judicial que evidenciaba la fragmentación de contratos en la Concejalía de Cultura, uno de ellos en favor del hermano de la edil, adjudicatario durante años del sistema técnico de La Cárcel-Centro de Creación.

La dimisión de Gina Aguiar tuvo dos partes, porque primero dejó sus responsabilidades en Cultura y se mantuvo como concejala de Turismo, pero no se completó hasta el mes de julio, cuando Podemos-Equo decidió abandonar los órganos municipales donde estaba la concejala como medida de presión. La alcaldesa, empecinada en mantener a la edil en el cargo, no tuvo otra salida que claudicar por ser Podemos e Izquierda Unida grupos clave para la estabilidad del gobierno municipal.

El llamado caso Aguiar empezó muy pronto, a primeros de marzo, cuando el juez tumbó el contrato que el Ayuntamiento de Segovia había suscrito con la asociación Trípode Cultural para la organización del nuevo festival de cine. Fue el grupo municipal del PP el que denunció supuestas irregularidades y no tardó en pedir la dimisión de la concejala de Cultura tras el revés judicial. La alcaldesa expresó su apoyo a Gina Aguiar, pero la presión se intensificó cuando Podemos-Equo secundó la exigencia del PP y denunció la posible existencia de más irregularidades en los contratos de la Concejalía de Cultura, algunas de las cuales apuntaban directamente al hermano de la concejala. La alcaldesa accedió a destituir a Aguiar como concejala de Cultura; sin embargo, la mantuvo en sus responsabilidades en el área de Turismo.

Una nueva denuncia en los juzgados enrareció aún más el pacto de gobierno entre los socios que lo integran, PSOE e Izquierda Unida. Tras la denuncia pública de Podemos-Equo, el PP interponía una demanda, y ante esta nueva judicialización de un caso de contratación en el área de Cultura, con el supuesto agravante de actuar a favor de un familiar directo, IU manifestaba que la edil debía dimitir «sí o sí». Llegó la sentencia y el segundo revés para el equipo de gobierno encabezado por la alcaldesa. Las explicaciones reiteradas de Luquero convencían cada vez menos a Podemos e IU. En una carta abierta, la formación morada advertía de que el tiempo para destituir a Gina Aguiar se acababa. A su vez, su portavoz, Guillermo San Juan, anunciaba la intención de Podemos de no asistir a ningún órgano presidido por responsable municipal de Turismo. Al mismo tiempo, IU insistía en que, tras la segunda sentencia, no había «otro camino que la dimisión de Gina Aguiar o el cese de la alcaldesa». A esta, para salvar el pacto de gobierno, no le quedaba otra que destituir a Gina Aguiar, cuya honestidad defendió hasta el final. Era el 6 de julio y el calvario había durado cuatro meses.

La crisis por el caso Aguiar no fue la primera del año para el equipo de gobierno. A principios de febrero, Segovia recibió un auténtico mazazo: el Gobierno había elegido Córdoba para instalar en ella el nuevo Centro Logístico del Ejército de Tierra, que debe agrupar a los distintos centros hoy diseminados por toda España. Uno de ellos es el PCMSA-2, la llamada Base Mixta, que acabará siendo desmantelada. Partido Popular y Ciudadanos se revolvieron contra la alcaldesa, a la que acusaron de poner en peligro doscientos puestos de trabajo del actual complejo por «no haber movido un dedo» en favor de la candidatura de Segovia para albergar ese centro logístico que, por otro lado, ha de generar casi tres mil puestos de trabajo. La polémica estuvo vigente varios meses y sigue latente. Clara Luquero no ocultó su desencanto por la decisión gubernamental y trató de retomar la iniciativa solicitando una entrevista con la ministra de Defensa, Margarita Robles, para pedirle explicaciones. La presión municipal desembocó en la visita que el jefe del Estado Mayor del Ejército (JEME) realizó a Segovia meses después. La posibilidad de que la ciudad albergue una unidad de Artillería es factible, aunque sigue en el aire.

En clave positiva, el Ayuntamiento de Segovia ha recibido dos buenas nuevas. La primera es la intención de la compañía Drylock de instalar una gran fábrica de envasado de cartón en los terrenos de Prado del Hoyo que podría generar 1.300 empleos. Lo anunció la propia ministra de Industria, Reyes Maroto, durante la visita que realizó a Segovia a principios de abril. El Ayuntamiento inició urgentemente los trámites para desbloquear la situación urbanística de los terrenos, y los pasos que hasta ahora se han dado van por buen camino. 2022 marcará la pauta. El CAT también parece tener salida. El año, marcado por los retrasos motivados por las irregularidades detectadas en el recibimiento de las obras, concluye con un anuncio del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, que ha pensado en Segovia –concretamente en el edificio del CAT– para instalar un centro de alto rendimiento para la Formación Profesional.

Las obras han condicionado la actualidad en la ciudad de Segovia, especialmente durante el segundo semestre del año. La remodelación de la plaza de la Morería, en San Millán, fue la primera gran obra de 2021. El Ayuntamiento destinó después más de 6 millones de los remanentes de tesorería a afrontar un ambicioso plan de obras cuyo principal objetivo era, además de acometer mejoras y arreglos muy necesarios, la reactivación económica. Las adversidades han sido múltiples, entre ellas la crisis de los suministros, que ha impedido ejecutar trabajos como los previstos en la avenida Padre Claret. Sin embargo, se han completado las reformas de las calles San Gabriel, Jerónimo de Aliaga, Santa Catalina y avenida de la Constitución, se ha ampliado el centro cívico de Nueva Segovia, se ha acometido un nuevo plan de asfaltado, se ha derribado el velódromo de Madrona y se han comenzado las obras en el polígono del Cerro y en las calles Agapito Marazuela y Tomasa de la Iglesia, entre otras, así como la construcción del nuevo carril bici.

Otro foco de la actualidad ha estado puesto todo el año en la estación de esquí de Navacerrada. Alegando razones medioambientales, el Gobierno español anunció en marzo que obligaba a desmantelar tres pistas de esquí del complejo deportivo situado en el puerto de Navacerrada antes del 30 de octubre. La decisión gubernamental no dejó indiferente a nadie. Los ecologistas la aplaudieron, pero surgió una plataforma ciudadana en defensa de la estación y de la práctica del esquí en el puerto. La Junta de Castilla y León y la Comunidad de Madrid han apoyado la continuidad del complejo de esquí, que ha abierto la nueva temporada invernal como si nada hubiera pasado. El asunto se dirimirá en los tribunales.

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