Carriedo o el arte de esquivar las 'polémicas-Vox'

La nota de prensa que anunciaba el citado protocolo llevaba membrete de la Consejería de Sanidad, así que a la parte PP de la Junta le tocó arrimarse al morlaco de la polémica que trajo, y aún trae, consigo. Desde ese momento se ha acentuado la división de poderes -o competencias- en el Ejecutivo autonómico. Y eso ha llevado a Carlos Fernández Carriedo a perfeccionar el arte de eludir cuestiones con aristas propiciadas por Vox. Este jueves ha ocurrido con tres asuntos: la concesión del Premio de las Letras a Fernando Sánchez Dragó, articulista del diario propiedad de la Fundación Disenso (a su vez, dependiente de Vox); la decisión de incoar el expediente de declaración como Bien de Interés Cultural de la Pirámide de los Italianos, monumento franquista situado en el límite de Burgos y Cantabria; y la decisión de no imponer la medalla de las Cortes en la celebración del Estatuto de autonomía.

En el caso de Dragó, que no tuvo reparo en aparecer como miembro del 'equipo Vox' de la futura moción de censura contra el Gobierno, Fernández Carriedo se limitó a dejar claro que la decisión competía al jurado. «Me parece que ha habido un jurado, que ha decidido por unanimidad cuál tiene que ser el destino del Premio de las Letras, ha dado sus explicaciones y ha coincidido con otros jurados que en otras ocasiones le ha reconocido su valor literario. El jurado tiene que valorar los valores literarios y hacer públicos los motivos del fallo y ha actuado igual que otros jurados que han reconocido esos valores de esta persona. Tiene el Planeta, el Ondas, el Nacional de Literatura…», señaló.

En cuanto a los vestigios franquistas, señaló que incoar un expediente que protege automáticamente al bien consultado -caso de la Pirámide de los Italianos- no es competencia del Consejo de Gobierno, sino de la Consejería de Cultura que dirige Gonzalo Santonja (Vox). «Invito a leer la ley y se ve en qué casos o procedimientos es de aplicación o en qué cauces se pueden declarar los BIC. Hay un procedimiento, con un particular que ha hecho una solicitud y se ha incoado. Habrá periodo de alegaciones, de información pública y resolución. Si quien tiene que defender la ley nacional [de Memoria Democrática] cree que hay una colisión de intereses, seguro que hay ámbitos de la administración de justicia donde se puede confrontar su legalidad».

Y en cuanto a la celebración del Estatuto de autonomía, sin Medalla de las Cortes y con un partido antiautonomista al frente del parlamento regional, Carriedo sostuvo que Castilla y León está mejor ahora que hace 40 años y simplemente pidió «esfuerzos» para que los grupos políticos «llegaran a un consenso». Olvidó que no solo el PSOE se abstuvo a la propuesta de Vox de premiar a la Guardia Civil, sino que su propio grupo, el PP, se comportó del mismo modo, aunque la nota de prensa emitida desde las Cortes solo culpara al PSOE de dejar desierto el galardón. Prefirió resaltar los logros de cuatro décadas: «Tenemos más personas trabajando, nuestro nivel de renta ha mejorado por ocho, nuestro PIB se ha multiplicado por 5 en términos reales, somos una comunidad más moderna, más industrializada y más innovadora y lo hemos hecho reduciendo impuestos y mejorando servicios públicos. Esta comunidad autónoma se ha construido por la vía de la gestión», presumió.

Aunque encontró «problemas». Como los sanitarios, que como son comunes a toda España deberían ser, consideró, «preocupación» del Gobierno central. Y también «los derivados de la crisis económica, porque nos enfrentamos a nuevos retos, porque hay personas que quieren trabajar y no pueden hacerlo». Es decir, culpa del Gobierno y de una Consejería, la de Industria y Empleo, que, casualidad, también está en manos de Vox.