Cultura incoa el primer expediente para proteger un monumento franquista

El artículo 10 de la Ley de Patrimonio indica que iniciar el procedimiento «determinará, respecto al bien afectado, la aplicación inmediata y provisional del régimen de protección previsto en la presente Ley para los bienes ya declarados». Y el artículo 34, que se puede aplicar a esta pirámide de hormigón construida en homenaje a los soldados italianos caídos en la batalla de Santander, «suspende» cualquier «otorgamiento de nuevas licencias municipales de parcelación, edificación o demolición en las zonas afectadas, así como de los efectos de las ya otorgadas.

El anuncio ha sido la respuesta de Vox a una jornada de Pleno en las Cortes en la que se ha reabierto el debate sobre la Memoria Democrática a cuenta, precisamente, de esa intención del partido de Juan García-Gallardo de pedir la inclusión en el Inventario de Bienes de esos 167 vestigios franquistas. La Pirámide también estaba incluida en ese listado de Vox. «Es un paso previo a la declaración como BIC; luego la declaración se tramita por parte de la Consejería en el caso de aquellos bienes que considere amenazados o de especial relevancia», han explicado fuentes de Vox a El Norte. En el caso de la pirámide, Santonja ha esgrimido argumentos artísticos para demostrar que el procedimiento se está llevando a cabo conforme a lo que estipula la ley. «La declaración de BIC está perfectamente regulada», advertía. «Tenemos que pedir los informes de dos entidades consultivas, luego hay un mes para alegaciones y a continuación, si todo el proceso se ha desarrollado como es previsible, pasaría al Consejo de Gobierno».

Un proceso que cumple la ley de Patrimonio de Castilla y León pero que puede colisionar con la ley de Memoria Democrática, algo que no considera así el propio consejero. El mausoleo, explica BurgosConecta, contenía los restos de 384 soldados italianos (exhumados en 1975) y lo preside una gran M de Mussolini, su impulsor, y también hay una inscripción con el saludo fascista «¡Presente, presente, presente!».

«Esta petición llega con mucha argumentación», señaló Santonja. Y le añadió una exposición vigente en el Musac, 'Concretos', cuyos comisarios, Pablo León de la Barra y Gilberto González, han reunido en una maqueta «las obras de hormigón que consideran más representativas, y la segunda de ellas es la Pirámide de los Italianos».

«No es un edificio más, sino que atesora virtudes artísticas, históricas y paisajísticas», defendió Santonja. Un edificio que, por otro lado, se encuentra en unas condiciones de abandono bastante evidentes.

«No tiene que haber ninguna colisión con ninguna ley. Es un edificio con valores arquitectónicos e históricos y esa es una de las excepcionalidades que admite la ley de Memoria Histórica», señaló. Y añadió: «A mí puede no gustarme esa ley, que no me gusta, pero evidentemente la legalidad la vamos a respetar».

El senador Carlos Mulet, de Compromís, preguntó en dos ocasiones al Gobierno por la retirada del mausoleo. En la última contestación, el pasado 12 de diciembre, le respondieron así: «El artículo 35 de la Ley 20/2022, de 19 de octubre, de Memoria Democrática, establece que serán considerados elementos contrarios a la memoria democrática las edificaciones, construcciones, escudos, insignias, placas y cualesquiera otros elementos u objetos adosados a edificios públicos o situados en la vía pública en los que se realicen menciones conmemorativas en exaltación, personal o colectiva, de la sublevación militar y de la Dictadura, de sus dirigentes, participantes en el sistema represivo o de las organizaciones que sustentaron la dictadura, y las unidades civiles o militares de colaboración entre el régimen franquista y las potencias del eje durante la Segunda Guerra Mundial. Cuando dichos elementos estén ubicados o colocados en edificios de carácter público, las instituciones o personas jurídicas titulares de los mismos serán responsables de su retirada o eliminación».

Y para eso debería incluirse en el 'Catálogo de símbolos y elementos contrarios a la memoria democrática', proceso que parecía estar en marcha. El historiador José Ángel Hierro, tres días más tarde de la respuesta al senador Mulet, publicaba en El Diario Montañés un artículo sobre el caso. «Únicamente podrán esquivar esa suerte -su destrucción- los elementos considerados contrarios a la memoria democrática que tengan la categoría de bienes integrantes del patrimonio histórico español», señalaba Hierro. Y proponía, para evitarlo en este caso, como «única manera de evitar el derribo», su declaración «como Bien de Interés Cultural (BIC), convirtiéndose con ello en parte del patrimonio histórico español». «Urge, por tanto, realizar la solicitud a la autoridad competente, la Junta de Castilla y León, a título particular o –lo que sería mucho más efectivo– desde las propias instituciones», abundaba. La solicitud, finalmente, ha llegado por las dos vías.

La pregunta de Carlos Mulet era, en realidad, la segunda que realizaba sobre la cuestión. A la primera, en enero de 2022, contestó el Gobierno en febrero, hace un año, con un argumento más elaborado. «Investigaciones actuales plantean una relectura del monumento como parte del proceso de memoria democrática, despojándolo de su carga simbólica al servicio de un régimen dictatorial y dotándolo de una contextualización verídica. Un proceso de resignificación que arrebata la razón y objetivo propagandístico para el que fue construido y lo sitúa como un vestigio de la intervención de fuerzas militares del Eje fascista en apoyo del bando sublevado en el golpe de estado de 1936 contra el legítimo Gobierno de la República», contestaba el Ejecutivo en su primera réplica.