Mañueco contradice a Vox: «No se va a obligar a nada a médicos y a embarazadas»

«No se obligará a los médicos a nada, no se obligará a las mujeres embarazadas a nada». Alfonso Fernández Mañueco se ha visto obligado este lunes a convocar de urgencia una declaración institucional para intentar atajar la polémica provocada por las medidas anunciadas el jueves por Juan García-Gallardo, su vicepresidente, que el dirigente del Vox reconoció como antiabortistas.

El presidente de Castilla y León ha remarcado que no se modifica el protocolo de actuación sanitaria del Estado y de la comunidad autónoma para atender los casos de aborto voluntario. «En ningún caso la Junta de Castilla y León actualiza el protocolo de mujeres que se someten a una interrupción voluntaria del embarazo», ha precisado el dirigente del PP, que ha comparecido ante los periodistas con una hora de retraso sobre el horario marcado desde Presidencia de la Junta.

Las primeras palabras de Alfonso Fernández Mañueco han sido de «apoyo a las mujeres embarazadas y a los profesionales». Ha insistido en que «siempre» se van a «garantizar sus derechos» desde el Gobierno de coalición que él preside. Ha hablado, en genérico y sin explicitar, de que las 'medidas' de la Junta «mejoran y modernizan las prestaciones» de atención a mujeres gestantes y ha admitido que habían generado «inquietud».

Serán los facultativos los que bajo su «criterio» atiendan a las mujeres, ha remarcado Mañueco, al tiempo que ha dejado claro que el «orden de factores» -que había planteado inicialmente su vicepresidente- en el que los profesionales ofrecieran obligatoriamente el protocolo de latido fetal y cardiaco y la ecografía 4D a una mujer que expresa su deseo de interrumpir un embarazo, «puede derivar en coacciones directas e indirectas». Es algo que «tengo muy claro», puntualizó el presidente de la Junta. «La Junta de Castilla y León no las va a promover ni las va a amparar», remarcó Fernández Mañueco sobre esas posibles 'coacciones`.

El presidente de la Junta no se olvidó del Gobierno de la nación en su alocución. Criticó duramente el requerimiento formal que ha recibido el Gobierno autonómico para dejar sin efecto un acuerdo de la Junta del que dijo que «no existe» y acusó a Pedro Sánchez de «utilizar a las mujeres para hacer oposición a la Junta de Castilla y León». El político del PP recalcó argumentos esgrimidos por dirigentes de su partido, caso de la portavoz en el Congreso, Cuca Gamarra, y recomendo vivamente al Gobierno de la nación que se centre en «rectificar cuanto antes» la «chapuza» de la ley que ha promovido, la conocida como 'del solo sí es sí', que están rebajando la pena y dejando en la calles a agresores sexuales y violadores.

Este mismo lunes, Borja Sémper, a quien Alberto Núñez Feijóo ha recuperado para la vida política del PP como portavoz del comité de campaña para las elecciones municipales, insistía en que Vox «es un chollo para el Gobierno de Sánchez y Podemos» y recalcaba que la posición de los populares es nítida: «Es perfectamente compatible defender política de nattalidad y defender la libertad de la mujer».

El presidente de la Junta ha desgranado estos argumentos y opiniones en una breve declaración institucional, sin preguntas, para intentar aclarar la posición del gobierno de coalición ante la polémica generada por las medidas a incorporar al protocolo sanitario de atención a mujeres que quieren abortar sobre las que informó el jueves el vicepresidente Juan García-Gallardo, de Vox, con el consejero portavoz, Carlos Fernández Carriedo, del PP, sentado a su lado, en la rueda de prensa oficial para informar de los acuerdos adoptados en el Consejo de Gobierno de la semana.

Mañueco, que había recibido antes en audiencia a los dos astronautas leoneses, Pablo Álvarez y Sara García, que han logrado hacerse con una de las contadas plazas que ofrecía la Agencia Espacial Europea, tuvo que modificar su agenda para dar esas explicaciones sobre las medidas antiabortistas.

Ya lo hecho, lo de ampliar su agenda informativa, García-Gallardo, con una convocatoria remitida poco después de la siete de la mañana para citar a los medios de comunicación dos horas después. El dirigente de Vox reiteró que esos cambios en el protocolo eran «obligatorios» y «solo un primer paso» para, según recoge la Agencia Ical, enmendar un error de décadas, tras cifrar en 2.500, los niños que dejan de nacer cada año en Castilla y León por interrupciones voluntarias del embarazo.

Dos planteamientos, los del presidente y el vicepresidente, con divergencias sobre la obligatoriedad de las medidas antiabortistas. Unas iniciativas que el dirigente del PP enmarcó en las competencias de la Consejería de Sanidad, que «mejora y modernizan» la atención a las embarazadas, bajo una perspectiva de «fomento de la natalidad» en «un territorio con evidentes problemas de despoblación».

Horas después, en una intervención en la cadena 7nn.tv García-Gallardo aseguró en declaraciones recogidas por Europa Press que tanto Vox como PP han comunicado de manera distinta «medidas idénticas».

El aborto provocó en el inicio de la andadura de la sociedad autonómica entre PP y Vox un primer encontronazo. El vicepresidente Juan García-Gallardo publicó tras la reforma por parte del Consejo de Ministros de la ley estatal que regula el aborto que iban a tener a la Junta «enfrente» y el portavoz del Ejecutivo autonómico, Carlos Fernández Carriedo, tuvo que salir dos días después La Junta de Castilla y León a acarar que la comunidad no iba a convertirse en ariete contra el Gobierno con el aborto. «Cuando se apruebe la Ley será de cumplimiento, pero en su integridad. Nuestra misión es garantizar el cumplimiento», matizó Carriedo, en mayo de 2022, sobre la reforma de la Ley de Salud Sexual y Reproductiva y de Interrupción Voluntaria del Embarazo.

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