Las 190 placas franquistas que Vox quiere proteger provocan otra bronca en las Cortes

Esa iniciativa, la que ha originado la vuelta al debate, recoge la intención de Vox de declarar 190 vestigios del franquismo como Bienes de Interés Cultural. Y en la discusión se entremezclaron historias familiares como la que desgranó Francisco Igea (Ciudadanos) y enmiendas que trataban de quitar sesgo ideológico a algo que lo tiene: el texto del PP conseguía no citar la ley de Memoria Democrática en tres párrafos que llamaban a cumplir la ley, pero la de Patrimonio.

Incluso David Hierro, procurador de Vox que defendió la postura de su Grupo y de su consejero, se refirió a George Orwell. «Ya nos lo decía Orwell», recordó, «porque la intención del PSOE no es otra que lo que relataba Orwell en '1984', que 'el partido podía alargar la mano hacia tal o cual acontecimiento y decir que nunca había ocurrido esto o lo otro, y eso resultaba peor que la muerte'». Una cita curiosa teniendo en cuenta que George Orwell llegó a España para combatir el fascismo antes de escribir sus dos principales obras contra el autoritarismo, 'Rebelión en la granja' (con la presencia asfixiante de Stalin transmutado en cerdo) y '1984' (con un Gran Hermano que controla los hechos, el relato y hasta el pensamiento).

El listado de placas «con valor documental», defiende Vox, incluye 62 en Valladolid, la provincia que más tiene aún. Placas que, a juicio del PSOE, tienen la misma intención que Vox atribuye a la proposición socialista, cultivar un relato. «El preámbulo de la ley de Memoria Democrática recoge que el régimen franquista impuso desde sus inicios una poderosa política de memoria que excluía, criminalizaba, estigmatizaba e invisibilizaba radicalmente a las víctimas vencidas», señalaba el texto del PSOE. Y recordaba que no se trataba de «destruir» las placas, precisamente por ese valor documental que defendía Vox, sino que la Ley de Memoria Democrática «habla de retirada y depósito, con un registro» de esos bienes.

La proposición no de ley del PSOE se apoyaba en el artículo 35 de esa ley. «Se consideran elementos contrarios a la memoria democrática las edificaciones, construcciones, escudos, insignias, placas y cualesquiera otros elementos […] en los que se realicen menciones conmemorativas en exaltación, personal o colectiva, de la sublevación militar y de la dictadura». Y por eso pedían que no se declaren Bien de Interés Cultural esos elementos. La enmienda del PP pedía que se respetara «escrupulosamente» la ley, pero en este caso la «ley de Patrimonio Cultural de Castilla y León». Lo que le llevaba a pedir que vigile que los bienes declarados como de interés cultural «reúnan los requisitos establecidos» en la norma. Requisitos que no son demasiado exhaustivos salvo en el punto en el que aclara que será necesario «el informe favorable de, al menos, dos de las instituciones consultivas» que figuran en la ley, reales academias y universidades. Y advierte: «El procedimiento habrá de resolverse en el plazo máximo de veinticuatro meses a partir de la fecha de su incoación».

«La propuesta no deja de ser una provocación, una farsa y un intento de frenar la entrada en vigor en su totalidad de la ley de patrimonio», acusó el socialista Martín Benito. Y le recordó a la parlamentaria palentina del PP María José Ortega, encargada de defender la postura de los suyos, que en Aguilar de Campoo, «cuando se retiró la placa de los caídos, el PP no dijo nada ni invocó norma alguna».

Luis Mariano Santos, de UPL, intervino después del exaltado turno de Pablo Fernández (Unidas Podemos) y trató de rebajar la tensión a pesar de la crítica. «No puedo entender que el PP sea equidistante en este debate. Me parece extemporánea y fuera de lugar. […] No entiendo a quien defiende las dictaduras, es algo que no puedo comprender, sobre todo a alguien que se sienta en una cámara democrática», concluyó.

Francisco Igea (Ciudadanos) había comenzado el debate con una historia como tantas. Una historia familiar. «Una de las primeras placas que se retiraron en la provincia de Valladolid, por la fuerza, a finales de los 70, tenía el nombre de mis dos tíos. Muchos años después, acudí como vicepresidente a un pozo a las afueras de Medina del Campo donde vi cómo se extraían casi 40 cadáveres. Entre ellos, los de un hijo abrazado a su padre. Se les llevaba en camiones, se les pegaba un tiro y se les tiraba al pozo. Lo que voy a decir igual les sorprende. Pero yo agradecí mucho que mis tíos estuvieran entre los muertos. Que no hubieran participado de esa masacre. Ustedes no vienen aquí a preservar la memoria de nadie, vienen a exacerbar nuestras peores pesadillas, a buscar el enfrentamiento día tras día. Esta comunidad tenía este debate cerrado con un decreto que se aprobó por consenso, hasta que ustedes -por Vox- vinieron aquí a convertir estas Cortes en un estercolero».