Castilla y León, laboratorio 'provida' de Vox

De ese ideario se alimenta la propuesta lanzada el jueves por el vicepresidente de la Junta, Juan García-Gallardo. Su plan para hacer pruebas de latido fetal y registro cardíaco, ecografías 4D y más asistencia psicológica, ha provocado una ola de rechazos, aclaraciones y silencios de toda la clase política y médica.

De entrada, el consejero de Sanidad, Alejandro Vázquez, cuyo departamento debería aplicarlo, se apresuró a recordar que «el protocolo está bien, no se cambia». Y solo concedió que «vamos a mejorarlo en los casos en los que detectemos que son mejorables, cumpliendo la ley y respetando la voluntad de la mujer». A primera hora de este viernes, el propio García-Gallardo insistió en que el nuevo protocolo se aplicará «inmediatamente» y «por supuesto que está consensuado con Sanidad».

¿Y qué opinan quiénes tendrán que aplicarlo, es decir los médicos de Castilla y León? Nada, de forma oficial. Tanto las directivas del Consejo de Colegios Oficiales de Médicos de Castilla y León como del de Valladolid han optado por evitar un «tema mediático con muchas aristas políticas y técnicas». También, la Sociedad de Ginecología de Castilla y León orilla el asunto tras recordar que «no ha habido ningún cambio en el protocolo de atención al embarazo en el servicio sanitario de Castilla y León».

Todos los médicos consultados solo se han pronunciado desde el anonimato. «En los hospitales públicos no estamos haciendo estas intervenciones ¿Nos van a obligar a los ginecólogos a intervenir en esto? No pueden obligarnos», explica un facultativo de Valladolid. A ninguno le consta tampoco que haya «listas negras» de objetores. «Los profesionales no queremos figurar en ningún protocolo. La objeción que ejercemos es a la práctica, no a informar«, aseguran fuentes de los servicios de Ginecología de la Sanidad regional.

Otro ginecólogo consultado asegura que «de la mayoría de los abortos legales que se practican en la región no nos enteramos en la Sanidad pública». Y esto es así porque, esas 2.500 mujeres que abortaron en Castilla y León en 2021 utilizaron dos vías: o se fueron directamente a la medicina privada; o acudieron a su médico de familia. «En la vida real y cuando me llega una mujer embarazada que quiere abortar -explica un veterano de la Atención Primaria- hacemos dos cosas: derivarla a los trabajadores sociales y solicitar una ecografía. Aunque decida continuar con esa interrupción no se deriva a ningún ginecólogo público ni se le pide consulta para activar la interrupción».

Esto solo ha empezado a cambiar en Castilla y León desde 2020. Y solo en la provincia de Burgos. Dos de sus hospitales, el HUBU en la capital y el de Miranda de Ebro ya realizan interrupciones de embarazos. De hecho, el HUBU, que inició las interrupciones en 2022, anuló el pasado verano el contrato que tenía con una clínica privada salmantina para hacer estas intervenciones. El resto de las provincias de la región suelen optar por remitir a las abortantes a centros de Madrid.

En todo caso, los ginecólogos de la comunidad dudan de forma tajante de la utilidad de las pruebas de latido o de las ecografías 4D que plantea Vox. Juan García-Gallardo admitió en la presentación de su plan 'provida' que «no sé cuándo deben hacerse ya que no soy médico». El presidente de la Sociedad Española de Ginecología y Obstetricia (SEGO) en Castilla y León, Javier Martínez-Guisasola, aseguró este viernes a 'Diario Médico' que, con esta nueva práctica «no hay evidencia de que no exista daño para el corazón del feto». Martínez-Guisasola advierte de que la ecografía 4D «no aporta nada a lo que recoge la ecografía rutinaria». Respecto a lo que harán los especialistas, advierte de que «si nos van a obligar a poner el latido cardiaco por debajo de la semana doce de gestación mientras las guías de salud nos dicen que no se recomienda, salvo que sea por ley, no debemos hacerlo. Puede ser peligroso».

En el Foro Europeo de la Vida organizado por Vox (tres días después de que se aprobara en el Congreso la última actualización de la Ley de Interrupción del Embarazo), Gádor Joya lanzó a sus correligionarios las nuevas estrategias para combatirla. Habló de «iniciativas que, sin nombrar el aborto, afloren el derecho a la vida». También defendió «hacer pedagogía del valor de la vida del niño». Pero el Parlamento madrileño ya tumbó hace unos días, con el voto unánime en contra del resto de la Cámara (PP incluido), de una propuesta para que se creara una Unidad de Atención a embarazadas en la Atención Primaria. Incluía un protocolo para entregar una copia de la primera ecografía a la gestante y establecer una línea de atención telefónica con ella.

A pesar del fracaso, la expediatra Joya conminó a sus compañeros a que «pueden hacer mucho más en las políticas autonómicas. Al menos llevar el asunto al debate para obligar a los demás a hablar del tema».

Castilla y León, primera comunidad en la que Vox tiene peso en el gobierno, ha sido el primer ensayo de esa andanada, que el resto de fuerzas, agentes sociales y médicos coinciden en calificar de «involución» y «coacción». La sensación creada entre la clase médica la resume uno de los directivos del Consejo de Colegios de Castilla y Léon. «Han logrado ser noticia por algo que ya está regulado y que estamos obligados a cumplir». En resumen, vuelve a funcionar el esquema de la estratega médica de Vox, Gádor Joya, habituada a referirse a las clínicas como «centros de exterminio» o «abortorios».