Jesús Julio Carnero tenía el objetivo de aplazar los once millones que el Ayuntamiento de Valladolid tiene que aportar a la Sociedad Valladolid Alta Velocidad este año, según el convenio modificado tras la pandemia. Una cantidad que tiene que aportar antes del 31 de ... marzo. Lo ha conseguido a medias. El viernes próximo habrá «una reunión al más alto nivel» del Consejo de Administración y de quienes lo componen, explicó, y eso incluye al ministro de Transportes y Movilidad Sostenible, Óscar Puente. En ella, Carnero quiere volver a exponer su idea de regresar a la operación del soterramiento, que Puente ha considerado inviable. Según ha podido saber El Norte, la convocatoria de esa reunión ha partido del Ministerio, aunque Carnero la había solicitado activamente en las últimas semanas.
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Jesús Julio Carnero confió en que la reunión servirá para que el ministro Óscar Puente se avenga a iniciar un diálogo sobre el soterramiento. Era muy significativo el tuit lanzado desde la cuenta del Ayuntamiento a primera hora de la mañana anunciando la celebración del Consejo de Administración: «Un paso más hacia el soterramiento de las vías del tren». Así, el alcalde de Valladolid explicaba que no perderá «nunca» la confianza en que se retome el proyecto. «A mí me han votado para que luche por el soterramiento», insistía. «Y eso necesita de un diálogo. De una negociación. Que es lo que venimos demandando desde el primer día».
El diálogo, con todo, comenzará con una oposición frontal de Óscar Puente, previsiblemente. A los argumentos económicos -la deuda de 400 millones contraída en su día y que aún hay que sufragar con la venta del suelo- y técnicos, como la construcción de la tercera vía de alta velocidad que obligaría a hacer dos túneles y no uno, se suman sus últimas comparecencias oficiales. En la primera, en la que explicaba sus planes de legislatura, señaló que había «proyectos de soterramiento» solicitados, en estudio o en cualquier otra fase por un valor de 28.000 millones «sin actualizar», lo que significaría paralizar casi cualquier otra inversión en la red ferroviaria española.
Durante la reunión del Consejo de Administración, mientras, se produjeron algunos hechos relevantes.
Junta y Ayuntamiento votaron a favor del modificado del presupuesto de las obras de Padre Claret y Labradores, que se encuentran en marcha y que forman parte de los pasos previstos en el convenio de integración.
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A pesar de votar a favor en este punto, se manifestaron en contra de aprobar el presupuesto de la Sociedad Alta Velocidad, algo que debe hacerse por una mayoría cualificada. Es decir, que no basta con que alcen la mano a favor Adif, Renfe y el secretario de Estado, que es quien tiene el voto de calidad. Aunque la aprobación del presupuesto no es condición imprescindible para que continúen las obras proyectadas, sí ha servido para intentar forzar la renegociación del calendario de pagos al que se comprometieron Adif, Renfe, Junta y Ayuntamiento.
Era el primer Consejo de Administración presencial con el nuevo equipo de Gobierno municipal y Jesús Julio Carnero quiso exhibir la fortaleza de su posición con «el apoyo total y concluyente del Gobierno de Alfonso Fernández Mañueco y de su consejero Juan Carlos Suárez-Quiñones a los intereses de la ciudad, que son lo que manifestaron los votantes en mayo de 2023. Y apuestan por el soterramiento de la vía del tren a su paso por Valladolid».
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El argumento del alcalde de Valladolid es que hay dinero suficiente en la tesorería de la Sociedad Alta Velocidad porque las obras previstas en el convenio de 2017 se han demorado mucho. Al cabo del calendario, Ayuntamiento y Junta deberían haber aportado en torno a 75 millones de euros cada uno a la caja común de la Sociedad, y Adif y Renfe, en suma, otros 150 millones. La réplica va en otro sentido: las obras ahora se han lanzado, con muchos proyectos ya redactados y a falta de que se elimine la vía de Ariza, y que reducir las aportaciones pueda suponer nuevos parones en un corto plazo de tiempo.
Eso se negociará en una semana y se utilizará el 'no' municipal y autonómico al presupuesto como baza.
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Pero también anunció que se va a llevar de nuevo a tramitación la ley de movilidad sostenible, que ya estaba redactada en la anterior legislatura. Su aprobación debería producirse antes de final de año. En ella se contempla que las administraciones de infraestructuras ferroviarias (como pueden ser Adif y Renfe) podrán pagar hasta el 50% de las operaciones de integración que se propongan. Y un máximo del 30% en las de soterramiento. En este punto, la consejera de Movilidad de la Junta, María González Corral, explicaba que la misma ley deja en manos del Consejo de Ministros la decisión de elevar ese 30% hasta un 50%. «Es una muestra de la poca apuesta que tiene por los soterramientos en Castilla y León. Espero que ese ministro que fue alcalde de Valladolid y que firmó ante notario que soterraría en Valladolid, lleve al Consejo de Ministros la subvención del 50% del soterramiento».
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Eso dejaría en manos de Ayuntamiento y Junta la mayor parte de la carga económica de soterrar las vías. Y eso teniendo en cuenta que a día de hoy no se conoce oficialmente cuál sería el coste real de una operación mucho más compleja que la que se preveía hace dos décadas. En campaña, Jesús Julio Carnero calculó, en un acto en el Teatro Zorrilla, un coste de «entre 510 y 635» millones de euros. Óscar Puente lo cifró «entre 1.300 y 1.500 millones de euros». El 70% de esas cantidades significa que Junta y Ayuntamiento deberían sufragar al alimón entre 357 y 1.050 millones de euros, según estén más centrados los números de unos o los de los otros. El presupuesto del Ayuntamiento de Valladolid para todo 2024 es de 425 millones.
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