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El Ayuntamiento reservará en el presupuesto 8,4 millones del convenio de integración para 2025Adif, Renfe, Ayuntamiento y Junta tienen que aportar 300 millones de euros para sufragar el coste de las obras del convenio de integración. Una cantidad que se divide en función del porcentaje de la sociedad Valladolid Alta Velocidad que cada uno posee y que se ... prorratea a lo largo de los años de vigencia del acuerdo, de 2017 a 2033. Al tratarse de un compromiso plurianual, la ley establece que cada uno de los socios debe consignar en su presupuesto anual la cantidad que le corresponda. Independientemente, en este caso, de que el convenio de integración se resuelva, si es que culmina en ello el ultimátum de Óscar Puente, ministro de Transportes, al alcalde, Jesús Julio Carnero.
Así, la Junta de Castilla y León, en el anteproyecto de presupuestos generales de la comunidad que ha presentado, incluye los 5,56 millones de euros que le toca poner en 2025. Lo mismo ocurrirá con las cuentas del Ayuntamiento de Valladolid, que aún se encuentran en fase de preparación. En este caso deberán consignar 8,44 millones de euros.
La diferencia entre unos socios y otros se debe al modo en que se distribuyeron las cantidades a lo largo del calendario que se renegoció en 2022 por la pandemia de covid. Entonces, las cuatro partes implicadas rubricaron una adenda que modificaba el calendario de pagos inicial. Eso hizo que al Ayuntamiento de Valladolid se le concentraran dos pagos muy importantes en las anualidades de 2024 -la actual, los 11 millones que Jesús Julio Carnero ha pedido aplazar- y 2025. Antes de esa recolocación de las aportaciones, el Ayuntamiento tenía previsto pagar en estos dos años un total de 13,76 millones de euros, y ahora suman 19,51 millones.
«Salvo que por parte de la sociedad se permita el aplazamiento o se modifiquen los términos del convenio, circunstancia que se permitió por la sociedad Valladolid Alta Velocidad en los años anteriores, el Ayuntamiento debe presupuestar la anualidad que le corresponda, al tratarse de una obligación legal», explican fuentes municipales.
Esto quiere decir que aunque ese dinero quede reservado para hacer frente al pago si llega el caso, el Ayuntamiento no renuncia a lograr el aplazamiento que ha pedido reiteradamente. El Grupo Municipal Socialista recordaba el pasado miércoles que quedan pocos días para que se cumpla el plazo que dio Adif para contestar a su requerimiento, que incluía varias cuestiones técnicas y el pago de los 11,07 millones de la anualidad de 2024 por parte del Consistorio. No atender el requerimiento supondría la resolución del convenio de integración. Pero eso no evita que en las cuentas anuales haya que reservar esa partida de 8,4 millones.
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Jesús Julio Carnero, alcalde de Valladolid, consideraba que su petición de aplazamiento no se ha resuelto en el órgano competente, que es la Comisión de Seguimiento, sino en una votación en el Consejo de Administración. Sin embargo, fuentes jurídicas consultadas por El Norte explican que el requerimiento, dentro de la Comisión de Seguimiento del Convenio, fue impulsado por los socios que poseen el 50% del accionariado de Valladolid Alta Velocidad, lo que supondría, de facto, que se le exige que pague la cantidad prevista para 2024. En la práctica, por tanto, sería una denegación implícita del aplazamiento que solicita el Ayuntamiento.
Hasta la fecha, los socios deberían haber aportado -contando con esos once millones municipales- 164 millones de euros. Lo que supone más de la mitad del coste total de la integración ferroviaria. Hay que tener en cuenta que hay obras, y además de gran envergadura, que no corren por cuenta de la sociedad Valladolid Alta Velocidad, como la estación de pasajeros, que será a cargo de Adif y supondrá en torno a 170 millones de euros de inversión. Tres pasos se han construido fuera del convenio, los de Rafael Cano, Andrómeda y la calle Mirto. La nueva estación de autobuses que debería ubicarse en los terrenos de los viejos Talleres de Renfe, entre las vías y el paseo de Farnesio, era un compromiso asumido por la Junta de Castilla y León, con un coste previsto de en torno a 30 millones de euros.
En las próximas semanas, el Consejo de Administración de la sociedad Valladolid Alta Velocidad debería resolver la petición de prórroga de la empresa constructora que está a cargo de la ampliación del paso de Labradores. En principio debía reabrirse este paso el próximo 18 de noviembre, pero la empresa encargada del tajo, Marco Infraestructuras, anunció ya semanas atrás que solicitará esa ampliación del plazo para concluir en torno a febrero o marzo.
En torno al 11 de noviembre, lunes, concluirá el plazo del requerimiento que se le hizo al Ayuntamiento para que pagara y atendiera una serie de cuestiones técnicas que estaban pendientes. En ese punto, si el requerimiento se contesta en tiempo y forma y se incluye el pago de los 11 millones, se pasaría a una nueva fase: debatir en el Consejo de Administración de la sociedad Valladolid Alta Velocidad si se licitan las obras de los pasos que ya cuentan con los proyectos terminados. En ese caso, al superar determinada cantidad, es preciso que el 75% de la sociedad vote a favor. Si no es así, se produciría un bloqueo, con obras proyectadas sin licitarse, y habría que esperar al siguiente movimiento.
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