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El covid desestabilizó el sector residencial. Los muchos contagios iniciales y fallecimientos en sus instalaciones llevaron el miedo a intramuros. Han fallecido por covid, según ... las cifras de Sacyl, 4.497 residentes y, de ellos, 2.335 en los centros, el resto en los hospitales. La pandemia se ha llevado 19.929 vidas y 17.817 son de mayores de 70 años. Y pese a estos estragos en una población mayor que quedó diezmada, y también a las muchas familias que sacaron a sus ancianos de los geriátricos o que pensaban institucionalizarlos y cambiaron de idea, en los dos últimos años el sector se ha recuperado. Ha hecho más que eso, disfruta de cifras históricas y de un número de plazas con un crecimiento crucial al alza desde hace más de dos decenios.
Castilla y León tenía en 2019 un total de 48.089 plazas, de las que 15.761 eran públicas (que incluyen los conciertos); 11.579 sin ánimo de lucro y las restantes 20.749, privadas también pero con fines rentables. Ya estos datos muestran un fuerte incremento en comparativa con las 38.789 de 2007 o las 43.867 de 2012. La ocupación de las plazas ofertadas era en la época precovid de entre el 85% –88,7% en 2019– y hasta el 89%, según momentos, tal y como recogen distintos informes de la Consejería de Familia. La oferta llegó en 2020 a las 48.211 plazas autonómicas (15,766 públicas; 11.500 sin ánimo de lucro y 20.945 privadas) en las nueve provincias. León, Valladolid y Burgos son, en correlación también con su población, las que de más oferta disponen.
En los años siguientes, las plazas siguieron al alza hasta alcanzar las 48.791, que supone un incremento de 580 plazas desde el peor año de la pandemia. Los decesos y el miedo rebajaron la ocupación entonces hasta el 73% en 2021. La caída fue tal que, en enero de dicho año había 10.344 plazas vacías y tan solo tres meses más tarde, al situación empeoró hasta que llegaron a las 12.848 libres. En 2023, ya bajaron a unas 8.000 vacías y, en la actualidad, ya solo hay 2.533 camas sin ocupar. Algo que ya ha vuelto a generar lista de espera porque las mismas se distribuyen en nueve provincias, zonas rurales y urbanas y las más variadas categorías, por lo que no siempre es fácil encontrar plaza.
La ocupación actual es del 94,81%, según datos de la Junta y del Imserso. Muy alta, además de con más de medio millar de nuevas plazas. En 2022 había 690 residencias, ahora 693, y algunas han cerrado, o más bien la Consejería de Familia e Igualdad de Oportunidades las ha clausurado tras faltas muy graves en las inspecciones.
El vicepresidente de Acalerte (Federación Castellano-Leonesa de Residencias de la Tercera Edad), Javier Sanz Alonso, explica que «efectivamente la recuperación del sector ha sido incluso bastante mejor de lo esperado pese a la publicidad detractora que sufrió el sector durante bastante tiempo». A este respecto, explica que «las listas de espera afectan sobre todo a las plazas por Dependencia»; pero que ahora hay más efectivamente «porque el sector ha recuperado demanda».
La recuperación viene de la mano de las medidas, los protocolos y la capacidad de protegerse y de realizar pruebas y aislar a los enfermos y potenciales contagiados. La organización e intervención lograron darle la vuelta a la incidencia incluso antes de las campañas de vacunación que, junto a la menor virulencia de la variante de covid-19, actualmente suponen garantías de seguridad.
«Ahora, las medidas son más relajadas porque el covid además suele provocar unos síntomas leves, como un catarro, y setán vacunados;pero si hay casos y es un brote se adoptan medidas pero sin aislar a los mayores dejándolos apartados. Se les pone mascarilla, también el personal trabaja con ella, y se los separa si se estima necesario. Además, la recomendación es que los profesionales si sienten que tienen síntomas de catarro simplemente se la pongan también. Algo hemos aprendido de la pandemia», añade.
Añade este portavoz del sector que, no obstante, «hay dos velocidades en el sector residencial. No desde la pandemia, ya antes. Por un lado están los centros del medio rural donde hay más plazas libres y muchas dificultades para encontrar personal que trabaje en ellas, hay más plazas vacías mientras que en las ciudades ya tienen lista de espera. No se favorece al sector en los pueblos y luego hablamos de la España Vaciada. La despoblación hace muy difícil la oferta rural y eso que el campo es un entorno que gusta más. Y al no haber trabajadores ni población pues no hay servicios... y empeora la situación. Y tampoco esto favorece la permanencia en casa que sería la opción de muchos mayores si tuvieran los apoyos suficientes. En zonas rurales es muy difícil poder atender a un anciano por esto».
El sector residencial vio vaciarse hasta 2.500 camas en septiembre de 2020. Aquel verano vio perderse muchos usuarios: en mayo había 43.044 residentes y cuatro meses después solo 42.030.
Las estimaciones establecen en el 5% el porcentaje de personas mayores de 65 años que necesitan vivir en una residencia. Evidentemente conforme aumenta la edad, crece este porcentaje y actualmente, la inmensa mayoría de estos inquilinos son al menos octogenarios.
Las residencias en Castilla y León tienen un coste medio de unas 1.649 euros al mes , sin IVA, y pueden encontrarse geriátricos desde unos mínimos de 1.100 a, con sus excepciones, unos máximos de 2.500 o 2.800 euros mensuales. La oferta y su calidad, instalaciones y personal, la zona y su capacidad, marcan los precios. Al igual que el compartir habitación, o no, y otros requisitos. Hay centros con apenas una veintena o treintena de plazas y otros que superan las 340 y es especialmente habitual es encontrar espacios tanto con algo más del centenar o con las 250 camas.
¿Barato o caro? Depende de la capacidad económica que tenga la persona a ingresar, si tiene apoyos familiares o y si puede acogerse a las ayudas de la Ley de Dependencia. Con muy bajas rentas se logra una plaza pública o vinculada, con altas se pueden costear y son los bolsillos medios los que más difícil lo tienen.
La población envejece aún más en la segunda comunidad más mayor de España (solo detrás de Asturias). Ha aumentado un 1%, hasta el 26% del total, el porcentaje de mayores de 65 años, comparado con 2019 y pese al exceso de mortalidad. Así que una de cada cuatro personas que vive en Castilla y León tiene más de 65 años, según los últimos datos del padrón relativos a 2022 elaborados por el Instituto Nacional de Estadística (INE). El 26,1% de los castellanos y leoneses supera pues los 65 años frente al 19,97% de españoles. Y el envejecimiento irá a más. Los cálculos del INE estiman que la población mayor de 65 años en 2029 en la comunidad pasará al 31% (708.582 personas), de las cuales 246.513 serán octogenarias. Con esta proyección poblacional, la necesidad de plazas irá previsiblemente en aumento. Y la de camas para asistidos puede que especialmente. Es una de las críticas al modelo de unidades de convivencia o 'En mi casa' no válidos para todos los casos.
La Organización Mundial de la Salud (OMS) recomienda disponer de una ratio de plazas residenciales de cinco por cada centenar e personas mayores de 65 años y Castilla y León tiene una ratio residencial del 7,8; lo que supera las recomendaciones de esta organización. Si bien con el citado marcado sobreenvejecimiento de la población bajará considerablemente la ratio.
Las plazas privadas en la comunidad son el 73,9% y llegan en Valladolid al 82,5%, en Palencia al 80% y en Ávila al 78,3%.
En la red residencial intervienen las administraciones locales (diputaciones y ayuntamientos), la autonómica, las órdenes religiosas, las organizaciones del Tercer Sector y empresas privadas (constructoras, aseguradoras, empresas europeas y grandes fondos de inversión).
Castilla y León encabeza los mejores datos en cuanto a oferta residencial de España, tanto en cuanto a su cobertura de plazas de atención residencial como en la financiación pública de éstas. Así lo constata el último informe de la Asociación Estatal de Directoras y Gerentes en Servicios Sociales.
Solo seis autonomías cumplen con la recomendada ratio de las cinco plazas residenciales por cada cien mayores –Castilla y León, Castilla-La Mancha, Aragón, Extremadura, Asturias y La Rioja, por este orden– y solamente la primera, la comunidad, alcanza con oferta de financiación pública.
El Ministerio de Derechos Sociales planteó en 2023 con las comunidades una estrategia de desinstitucionalización, para favorecer la permanencia de las personas en situación de dependencia en su hogar, lo que, de lograrse, «reduciría la necesidad de plazas residenciales», apunta la Asociación de Directores y Gerentes de Servicios Sociales. «Un objetivo que se complementaría con la humanización de los centros con un nuevo modelo residencial», añade. Sin embargo, «todavía no se han dado pasos decididos en esta estrategia, reforzando los servicios de atención domiciliaria, cuyo exponente más importante es la ayuda a domicilio. En 2022 este servicio sólo alcanza una cobertura de 5,5%, seis décimas más que en el año previo a la pandemia. Más llamativo aún resulta que la media de horas de atención y cuidados sólo alcanza 20,2 horas mensuales, dos décimas menos que en 2019, año previo a la pandemia», señala el informe nacional de este Observatorio. Estos datos tan limitados y la escasa o nula evolución que registran en los últimos años, «hacen inviable avanzar en la estrategia de desinstitucionalización, sin que su coste recaiga sobre las propias personas o sus familiares, y casi siempre en perjuicio de la vida personal y de la conciliación de quienes suelen ser de manera abrumadora quienes proporcionan estos cuidados: las mujeres», critica.
Otra demanda de esta asociación es la de disponer de datos fiables para poder organizar el sector con prospección además.
El Ministerio de Derechos Sociales anunció un acuerdo con el INE para incluir los centros residenciales en el Plan Estadístico Nacional en 2022. «Una buena noticia que permitiría conocer con todo rigor y en el propio año, los datos de este importante sector de los cuidados residenciales de personas mayores y personas con discapacidad o en situaciones de dependencia. Sin embargo, ha finalizado 2023 sin que el INE haya publicado dichos datos. Por otra parte, hace tiempo que venimos advirtiendo que la ratio que se utiliza para estimar la necesidad de plazas residenciales, tomando como referencia la población mayor de 65 años (5%) resulta inadecuada en la sociedad actual. La media de edad de las personas mayores en residencia se sitúa en torno a los 85 años, en una tendencia a que cada vez sean personas más mayores, en parte por la prolongación de la vida y de la edad en la que aparecen las situaciones de dependencia y, en parte también, porque las personas deseamos, cada vez más, permanecer en nuestra propia casa el mayor tiempo posible.
Solicitamos al IMSERSO que proponga al Consejo Territorial un acuerdo para fijar una ratio más adecuada a la sociedad actual y a la situación y demandas de las personas mayores, contando para ello con el asesoramiento de las organizaciones científicas, proveedores y entidades del sector.
Mientras que en el conjunto nacional, hay una carencia de 88.814 plazas para alcanzar la ratio recomendada por la OMS —se sitúa en el 2,79 %—, en el territorio castellano y leonés existe un exceso de 17.234 y ese porcentaje de plazas para mayores de 65 años en centros residenciales se sitúa en el 7,73 %, es decir, cinco puntos por encima de la media del conjunto del país. Un excedente en el sistema de cuidados que continúa la estela de años anteriores, de acuerdo con el último informe, publicado en 2022. El estudio recientemente publicado arroja datos hasta principios de 2023. Unos números que muestran también el nivel de financiación pública de las plazas de atención residencial en cada comunidad. En este aspecto, Castilla y León también se sitúa en primera posición: el 80 % —cuatro de cada cinco— de las personas mayores que viven institucionalizadas cuentan con recursos procedentes de la administración para sufragar la residencia. A nivel nacional, ese porcentaje alcanza el 67,9 %, es decir, la comunidad está doce puntos por encima de la media española.
La Asociación de Directoras y Gerentes en Servicios Sociales también destaca la necesidad de crear hasta 30.000 plazas en España para atender a las personas en situación de dependencia severa o grandes dependientes. En el caso de Castilla y León, la tasa de cobertura de todas las prestaciones en este ámbito, entre las que se incluyen las plazas residenciales vinculadas financiadas públicamente por la Junta, es del 99,87%.
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