Castilla y León

La ley de residencias no define las ratios del personal de atención a los mayores

Las ratios de personal, el número mínimo de profesionales y de qué categorías y funciones, debería haber en cada residencia en función del número de personas institucionalizadas y de sus características y necesidades. Y ello pese a que el mantra, a que el objetivo prioritario de este cambio normativo es la respuesta personalizada, un programa que se organice en torno a la persona.

Ahora esta normativa, ahora en periodo de ponencia, está claramente en su recta final. Solamente falta incorporar, en la medida en que se acepten, las pertinentes enmiendas y proceder en los próximos meses –lo esperable es dos como máximo– a su aprobación y entrada en vigor de la nueva ley cuyo proyecto fue aprobado el pasado verano en Consejo de Gobierno. Y de ahí a las Cortes.

La Plataforma Social destaca que «esta ley anunciada por la Junta como un cambio de modelo basado en la implantación de la atención centrada en la persona llega la su última fase con una absoluta indefinición en lo relativo al personal que deben tener las residencias, que en el mejor de los casos se deriva a un futuro desarrollo reglamentario; lo que no pasa por las Cortes, por lo que no sólo se puede demorar indefinidamente, sino que se conoce su contenido cuando ya está aprobado, siendo mucho más difícil modificarlo». Así que, desde esta organización del sector, se ha denunciado «esta contradicción entre el modelo y el no incluir las ratios que deben tener los centros de profesionales de atención directa y de profesionales técnicos (fisioterapeutas, terapeutas ocupacionales, psicólogos, educadores sociales o enfermeros, entre otros) que hagan posible la aplicación de los cuidados necesarios para prevenir la pérdida de facultades físicas y psíquicas por el envejecimiento».

Son diversos los colectivos profesionales y del sector que reclaman que la ley ya nazca con estos criterios y valoran que no es necesario esperar al desarrollo reglamentario, «pues Castilla y León está incumpliendo el Acuerdo del Consejo Territorial, que establecía un plazo de nueve meses para que las comunidades adaptaran su normativa para incluir las ratios establecidas en aquel pacto. El plazo para aplicarlas terminó el 1 de abril de 2023», destaca la Plataforma social.

Por poner un ejemplo se consideraba que harían falta por cada diez residentes, 3,1 auxiliares. No es fácil compararlo con lo actual (de 2001) porque los criterios para terminarla son diferentes.

Los profesionales también muestran –y lo han hecho con informes para la Junta– su preocupación por la indefinición en cuanto a la cobertura de personal. Coinciden en ello los colegios de fisioterapeutas y terapeutas ocupacionales. Así apunta Belén González de Simón, coordinadora del primero en Servicios Sociales, que la redacción de la ley «no garantiza ni define la labor de un fisioterapeuta, que es no sólo clave para la rehabilitación y la autonomía sino para diseñar el plan individual de cada residente». Esta ley «va a provocar mucha mayor desigualdad entre zonas rurales y urbanas porque en las segundas como habrá competencia de ofertas se ofrecerá más la fisioterapia que en las primeras, y también más diferencias entre públicas y privadas y no se puede contar con este servicio de la mano de Sacyl porque en muchos pueblos no hay ni consultorio y porque la Gerencia de Salud ya ha dejado claro que no puede asumir el volumen de pacientes con la frecuentación que supondría con sus recursos actuales». «Es una ley con una grave inconcreción de ratios, de obligaciones y de roles después de tres años y medio de trabajar en ella. No nos escuchan. Si los fisios entran en las ratios generales, los centros pueden prescindir de ellos».

Similar valoración realiza Susana Sáez Gutiérrez, presidenta de la organización colegial de terapeutas ocupacionales. Desde COPTOCYL «consideramos que la ley no cumple los requisitos que debería para mejorar la situación actual, incluso supondría un empeoramiento de la situación que ya vivimos. Es una declaración de intenciones que no concreta las ratios de los profesionales. A nivel práctico se traduce en que cada centro puede elegir tener o no tener ( y por supuesto eligiendo las jornadas laborales) profesionales sanitarios como es el terapeuta ocupacional, lo que haría muy difícil que se pueda ofrecer servicios de calidad», apunta.

«Hablamos de que, actualmente, las ratios del terapeuta ocupacional son, en centros de menos de 50 personas, 5 horas semanales, en centros de hasta 100 personas 10 horas y en centros de más de 100 personas 20. Algo ya de por sí son insuficiente. Pero que la futura ley elimina dejando en manos de los centros esta decisión», añade Susana Sáez.

Además, coincide con Belén González. «los equipos multidisciplinares se sustituyen por la figura del gestor de casos, sin regular su formación. El trabajo en equipo en el que se valora entre todos a cada pacientes es fundamental», añade la portavoz de los fisios.

«Las bases del modelo que propone la nueva ley que es el modelo de atención centrada en la persona son en esencia las bases de la profesión del terapeuta ocupacional, ya que nuestro objetivo es potenciar y mantener la autonomía de las personas en su vida diaria», añade Susana Sáez. Por ello pedimos que se regularicen las funciones y competencias de la profesión en estos centros, ya que la implantación de los modelos de atención centrada en la persona debería ser realizada por los terapeutas ocupacionales».