Las residencias más pequeñas se sienten acorraladas por requisitos y sanciones

La Ley Reguladora de los Centros de Carácter Residencial y de Día de Servicios Sociales que ha diseñado la Consejería de Familia e Igualdad de Oportunidades debería haber entrado en vigor, según los anuncios iniciales, a principios de este año. Todavía no es una realidad, pero ya anuncia dificultades económicas que cuestionan la viabilidad de muchos centros. Los empresarios valoran que el precio medio de una plaza pasará de unos 2.000 euros a 3.000.

Pero el sector residencial no solo está revuelto por la futura normativa y las dificultades o disconformidades con ella por parte de los centros o por la tan criticada falta de concreción o altas exigencias que a buen seguro encarecerán las plazas (lo dice el CES). El sector, al menos parte de él, se siente amenazado y perseguido ya actualmente y abocado al cierre por las dificultades de cumplir no ya con la normativa futura, sino con la que está en vigor y con las exigencias de la Junta. Este problema afecta fundamentalmente a las pequeñas, las menores de 50 plazas, muchas con alrededor de una docena de residentes, que por sus características consideran imposible responder al modelo de unidades de convivencia o 'en Mi casa', poder contar con un médico u otro personal suficiente para sus residentes o por problemas de equipamiento y estructura o tecnológicamente adaptadas, porque «cuando abrimos eran otras las exigencias». Y además, por ejemplo, «no hay médicos, es algo sabido que no se encuentran y podemos demostrar que lo hemos buscado, pero no hay». Muchas residencias de Valladolid –también en el resto de la región, aunque con diferencias– atraviesan importantes dificultades en su día a día para sobrevivir: «Con pocas plazas, hay pocos ingresos económicos».

Algunas se sienten perseguidas por la inspección «con sanciones tan altas y tanto seguimiento que nos ahogan para que cerremos. No son faltas graves, no maltratamos a nuestros ancianos ni les faltan los cuidados que necesitan. Son ambientes familiares y a ellos además les gusta y no quieren irse a otros lugares más grandes», coinciden en señalar. Ni nombres de titulares ni de residencias se atreven a dar «por miedo», aseguran. Pero insisten en que «hay un interés por ponérnoslo difícil para que nosotros mismos lo dejemos».

La Junta niega este extremo y asegura que «desde la Consejería de Familia e Igualdad de Oportunidades, que es la encargada de realizar la labor de inspección y control de esos centros, no existe ningún ánimo de eliminar ni los pisos ni los centros residenciales, independientemente de donde estén ubicados. El trabajo de los profesionales se centra en garantizar la atención adecuada de las personas residentes así como en el cumplimiento de la Ley», destacan fuentes de la administración automómica. Asimismo, recuerdan que «se realizan inspecciones periódicas y que el cierre de cualquier centro de este tipo se produce cuando se comprueba que sus responsables han incurrido en las más graves infracciones conforme a la Ley vigente».

Otras fuentes del sector de mayores, en este caso de centros grandes, aseguran que «las inspecciones se han intensificado, sí, pero para todos. Son más exhaustivas, más frecuentes y exigentes desde la pandemia», destacan.

El sector está en Valladolid muy atomizado. De las 124 residencias que hay en esta provincia, según los datos de la organización no gubernamental Guía de Mayores (en otras fuentes se apunta a 116 instalaciones), 66 tienen menos de 50 plazas, una medida bastante estándar en el sector para considerar ratios y requisitos; aunque la misma es variable. Pero es que casi una treintena no llegan a 20 residentes bajo su cuidado. Es muy habitual que estos centros sean pisos incluso y son especialmente frecuentes en zonas rurales, donde, en ocasiones, son además el único recurso que hay para este tipo de asistencia. No todos tienen dificultades ni quejas, pero sí se concentra en las miniresidencias el sentimiento de estar en la cuerda floja y de un presente de difícil sostenibilidad, peor futuro, y de que la Junta persigue su práctica extinción, en particular de las que están en zonas urbanas donde hay más oferta. Pero esta parte del sector no está asociada ni representada por ninguna patronal por lo que se defienden en solitario.

La situación y las interpretaciones son muy variables, porque a la par que el futuro apunta a fuertes requisitos y aumento de los gastos para llegar a ellos, la normativa estatal que estaba en camino preveía prohibir la construcción de macrocentros para mayores (el tamaño máximo se situaba entre las 75 y 120 plazas, en función de dónde se emplacen) y también elevaba las exigencias de personal, con un plazo de transición hasta final de 2029 para que cambie todo el modelo, aunque el tamaño máximo de los centros no se exigirá a las residencias ya en funcionamiento.

En cuanto a la presunta 'persecución' para provocar el cierre de algún centro, la queja ha llegado incluso a la Fiscalía. La denuncia es de una residencia pequeña que recientemente ha sido clausurada. El centro asegura que ha sido «objeto de inspecciones y sanciones por importe de más de 100.000 euros». Destaca en su escrito que «todo ello, pese a que se ha atendido todos los requerimientos de la inspección»

Indica que «es un centro pequeño muy familiar, de diez plazas, pero se nos exige muchísimo más que a los grandes, en comparación, no siendo justo. No somos un centro con mala praxis, ni existen malos tratos ni mala alimentación ni nada parecido, pero por no introducir unos documentos en un programa se nos sanciona brutalmente hasta conseguir estrangularnos económicamente y que seamos nosotros los que tengamos que cerrar», recoge el documento remitido a la Fiscalía.

Cuando la Consejería de Familia cierra una residencia vía sanción por parte de la Inspección, traslada a los ancianos a otro centro y durante los tres primeros meses de estancia se les debe respetar el precio. Pasado este tiempo, sus 1.500 euros mensuales pasan a superar los dos mil, según relatan fuentes consultadas.

El sector residencial no pasa por su mejor momento. También sufre la conflictividad laboral por el problema de las categorías y la homologación de algunas que eran sanitarias con las sociosanitarias, algo que ha protagonizado largas protestas desde que comenzara el año.

Y si a las miniresidencias les cuesta cumplir con los requisitos actuales, dado que provienen de antes de 2001 la mayoría, el futuro les deparará en principio mayores dificultades. El informe de la Consejería de Economía y Hacienda de 7 de julio de 2022, establece que «en cuanto a las ratios de personal mínimas a acordar en el seno del Consejo Territorial, (de atención directa y técnico) y que afectan a los centros de mayores y con discapacidad, donde más del 60 % de los ocupantes tengan grado de dependencia 2 y 3, según la Gerencia se cumplirían en los centros propios, donde las ratios medias son superiores a las exigidas, mientras que en los restantes, será necesario adaptarlas a las exigidas que, atendiendo al número de plazas, la Junta estima en un incremento de 24,1 millones de euros». «Por tanto –valora el Consejo Consultivo– el coste anual del modelo actual se eleva a 330,6 millones de euros, mientras que el nuevo modelo, al que da amparo la futura ley, ascenderá a 420,1 millones, cuando entren en vigor las ratios de personal y las obras y siempre que la Administración asuma el incremento de la prestación económica vinculada al servicio estimado en 24,1 millones».

La Organización Mundial de la Salud, recomienda disponer de una ratio de cinco plazas residenciales por cada 100 personas mayores de 65 años. Castilla y León tiene 7,8, por lo que supera tales recomendaciones. Aunque el envejecimiento de la población bajará considerablemente la ratio y la dispersión pide más oferta y más estudiada. La población mayor de 65 años en 2029 en la comunidad pasará de 25% actual al 31% (708.582 personas), de las cuales 246.513 serán octogenarias, según datos de CCOO.

Actualmente, la comunidad dispone de 700 centros residenciales de personas mayores con 48.296 plazas. De ellas 501 privados y 199 son públicos (uno de la Administración General del Estado, 20 de la Gerencia de Servicios Sociales, 22 de diputaciones y ayuntamientos de más de 20.000 habitantes y 156 de ayuntamientos de menos de 20.000). Son centros privados el 71,57% y públicos el 28,42%. Las plazas privadas son 35.683, el 73,9% del total, y en Valladolid llegan al 82,5%, en Palencia al 80% y en Ávila al 78,3%. La ocupación es muy alta; pero en algunas zonas rurales faltan y en otras no se logran llenar.