Castilla y León

Un millar de inspecciones se saldan con 42 sanciones a las residencias al año

En los últimos años se impone el modelo centrado en la persona con unidades de convivencia y organizaciones y gestiones que buscan emular lo más posible a un hogar como el proyecto 'En mi casa'. Algo posible con mayores y personas con discapacidad que tengan cierta autonomía, otras necesitan un centro que se acerrque más a un espacio asistencial con buena dosis de atención médica.

Y un papel importante en toda esta maraña es sin duda la labor inspectora con leyes en la mano que permitan exigir. Un trabajo que ha tenido sus vaivenes con épocas de muy bajo control y otras de mejores números y que, desde la segunda década de este siglo, se salda con medio centenar de multas al año por expedientes de distinto nivel de gravedad. Ello sin contabilizar la polémica situación del sector durante los dos primeros, sobre todo, años de la pandemia donde esta labor fue especialmente necesaria y su carencia muy criticada por sindicatos y la oposición en dicho periodo.

El cerrado año, la Consejería de Familia e Igualdad de Oportunidades llevó a cabo 1.085 inspecciones a centros de mayores y otras 440 a instalaciones para personas con discapacidad; así como a 207 servicios de ayuda a domicilio o de diferentes apoyos a personas en su hogar. En total suman 1.732 actividades de control.

Una labor que se saldó con 42 sanciones en total de las que 35 fueron graves, cuatro muy graves y tres leves. Es el balance hasta septiembre que es el totalmente cerrado desde un punto de vista administrativo. En algún caso siguen su curso judicial y falta la actividad del último trimestre en esta contabilidad facilitada por la Junta.

Un programa de trabajo diseñado al comienzo de cada ejercicio para que sus en torno a 90 inspectores recorran los centros una o varias veces en función de posibles denuncias de familiares o trabajadores y especialmente de forma rutinaria, en principio sin previo aviso y tanto a los centros públicos de la propia Junta, diputaciones o ayuntamientos como privados, con y sin ánimo de lucro, y concertados. Unos controles a los que en un futuro próximo se sumarán las evaluaciones anuales de calidad que prevé la nueva ley en plena tramitación de enmiendas que reorganizará los geriátricos y otros espacios similares.

Las faltas detectadas en los expedientes pueden ser desde leves, y con carácter más administrativo y corregibles, a graves o muy graves que además de multas considerables pueden llegar incluso a la medida más extrema, la clausura de una residencia provisional, cautelar o de forma definitiva. El cerrado ejercicio supuso el cierre de tres residencias, dos recogidas en la documentación facilitada por la Junta y una tercera que ha sido posterior al cierre de este balance.

En Valladolid hay dos resoluciones de clausura llevadas a efecto, una afecta a un centro y es firme en vía administrativa pero está recurrida en el Contencioso-Administrativo y por ello no es definitiva, la de Barras Ramírez, y otra a una vivienda de mayores, Colón. Ambas, según publicaba el Bocyl del pasado mes de noviembre, son de la misma titularidad y corresponden a una una resolución dictada el 10 de mayo de 2023. Supuso una multa de 90.000 para la primera. Y la misma residencia tuvo por iguales causas y fecha otra sanción de 120.000, es decir, que sumó 210.000 euros, por carencias asistenciales. Concretamente le penalizaron los artículos 62e: «No disponer del personal técnico mínimo, cuando el incumplimiento se sitúe por encima del 70% de lo exigible, conforme se determine reglamentariamente, para los centros y servicios regulados» en la ley nacional de 2003, así como por el 62f: «No disponer del personal de atención directa, cuando el incumplimiento se sitúe por encima del 35% de lo exigible, conforme se determine reglamentariamente, para los centros y servicios regulados en esta Ley».

Los ancianos de este centro fueron traslados a otro concertado con la Junta.

La tercera clausurada está en León, en Corbillos de Sobarriba. Familia firmó el cese provisional y preventivo de la actividad de Villa de los Robles. Vivían en estas instalaciones una veintena de usuarios, que también fueron a cogidos en otros centros.

En cuanto a las otras dos sanciones calificadas como 'muy graves' , también publicadas en Bocyl como es preceptivo, afectan a Nuestra Señora del Carmen, en Peñaranda de Duero (Burgos), con 60.000 euros de multa por «trato vejatorio»; así como a Parralillostambién en la provincia burgalesa. Ambas redujeron el importe un 40% por pronto pago asumiendo la responsabilidad de la denuncia oficial. Por último, la empresa Atulado Ayuda Asistencial fue multada con 30.001 euros, por material y recursos humanos insuficientes.

En Castilla y León, hay 72.634 plazas en centros residenciales y de atención diurna para la atención a mayores y de personas con discapacidad. En concreto, existen por un lado 54.600 plazas para la atención a personas mayores (48.791 plazas residenciales y 5.809 plazas en centros de día), distribuidas en 1.144 centros. De estas plazas, 37.053 se financian públicamente, entre públicas, concertadas y financiadas a través de las prestaciones de dependencia.

Las infracciones en materia de Servicios Sociales tipificadas en la ley prescriben al año si son leves, a los tres si son graves y a los cuatro las muy graves a contar desde la fecha en que la infracción hubiera sido cometida. Las multas van desde un apercibimiento o multa de 300 a los 3.000 euros o con ambas sanciones. Desde esta cuantía a los 30.000 euros pueden imponerse por las infracciones graves y hasta los 300.000 euros por las muy graves. Estas últimas conllevan la pérdida de la acreditación del centro o servicio por parte de la Administración autonómica, en los casos que proceda; así como la rescisión de los conciertos que pudieran existir con la entidad titular o gestora. Y puede llegar al cierre.

Reincidencia, intencionalidad, trascendencia social de la infracción o el nivel del riesgo para la salud, el bienestar y la seguridad de los usuarios, entre otros, pesan en el expediente.

Las leves, y siempre más fáciles de enmendar, son más de carácter administrativo como el no disponer de la lista de precios o carecer de hojas de reclamaciones, realizar actividades diferentes a las anunciadas o realizar ofertas, promociones o publicidad de servicios y centros que no se correspondan con los prestados efectivamente, entre otras muchas.

Las graves afectan más directamente a la calidad de la estancia de la persona que vive institucionalizada. Problemas de higiene y mantenimiento, estándares de calidad; falta de personal suficiente; incumplir los requisitos relativos a las prestaciones básicas, o deficiencias en la atención y recursos. Y entre las muy graves, algunas son similares pero con mayores perjuicios. Incluye así, entre otras, causar daño o trato inadecuado a los usuarios que afecten a su integridad física, seguridad y salud como consecuencia de no realizar de modo adecuado las prestaciones debidas a las personas, establecidas por la normativa reguladora.

La Organización Mundial de la Salud, recomienda disponer de una ratio de plazas residenciales de 5 por cada 100 personas mayores de 65 años y Castilla y León tiene una ratio residencial del 7,8, superando las recomendaciones de dicha organización. Si bien con el agudo envejecimiento de la población bajará considerablemente la ratio, según estimaciones dado que la población mayor de 65 años en 2029 en la comunidad pasará de 25% actual al 31% (708.582 personas), de las cuales 246.513 serán octogenarias.