La ayuda a la Dependencia para una residencia solo costea un tercio

Esta evaluación otorga a Castilla y León una nota de un 8,5 en su repaso de la atención a los dependientes durante 2022. La comunidad sube una décima desde los 8,4 puntos de 2021 y encabeza la lista nacional como lleva haciéndolo desde 2008; aunque en 2017, 2018 y 2019 logró un alto 9,3 que no ha vuelto a recuperar. Este dictamen, de la Asociación de Directores y Gerentes de Servicios Sociales, analiza las solicitudes, las personas valoradas, las que ya tienen derecho reconocido, las atendidas y los servicios entregados, las listas de espera, entre otros datos, en busca de analizar el nivel de atención y de compararlo entre comunidades.

Resuelve así que Castilla y León atendió en 2022 a 5.461 nuevos dependientes (+5,02%), frente a la media nacional del resto de autonomías, que incrementaron sus servicios en un 7,47% el último ejercicio. Aunque al ser elevados sus datos de asistencia, el margen de mejora es más limitado. Y, precisa el Observatorio, que «la lista de espera ha aumentado en 21 personas dependientes, lo que representa un incremento del 11,29%. No obstante, añade que «se trata de un exiguo ajuste numérico, debiéndose entender que la región continúa –al igual que en ejercicios anteriores– en plena atención con correspondencia entre el número de personas valoradas con derecho (114.380) y el de atendidas (114.173)».

En cuanto a las prestaciones , Castilla y León cerró el ejercicio con 5.860 nuevas, de las cuales el 80% corresponden a Teleasistencia con 4.667 nuevos servicios, mientras aumentan las ayudas económicas por cuidados familiares un 18% (1.056) y cayó la ayuda a domicilio un 7% (-384). Y también de forma llamativa la opción residencial (-51).

Los costes directos del sistema estimados por la gestión de las prestaciones y servicios durante el año 2022 se elevaron a un total de 701,4 millones de euros, de los cuales, el 46% corrió a cuenta de la comunidad, el 34% del Estado y el 20% del usuario. Un importante copago, en todo el panorama nacional, destaca el Observatorio . La asistencia a estas personas vulnerables y sin autonomía personal genera más de 36.731 puestos de trabajo directos en la comunidad, con una tasa de generación de empleo de 65,6 puestos por millón de euros invertido, la mayor de todas las comunidades cuya media se sitúa en 40,9 empleos. Asimismo, el dictamen destaca que la ejecución en la Castilla y León de las medidas contenidas en el Plan de Choque se han saldado con 5.461 nuevos dependientes atendidos y la creación de 2.259 nuevos puestos de trabajo.

El elevado empleo generado en Castilla y León, señala esta asociación, «no se puede entender sin la apuesta decidida de la comunidad por servicios altamente generadores de empleo». Estas cifras, asimismo, supone que la dependencia genera 248,2 millones de euros en cotizaciones a la Seguridad Social, IRPF de los trabajadores o recaudación de IVA por los servicios prestados, con una tasa de recuperación del gasto público total del 44,36% de lo invertido frente a la media nacional del 42,43%.

Por otro lado, entre diciembre de 2021 y noviembre de 2022 fallecieron en la región 1.365 personas en lista de espera sin poder ser atendidas. El 44,6% de las personas desatendidas en España (80.862) son dependientes con Grados III o II, es decir, tienen necesidades de apoyo extenso y continuado. Una debilidad que no afecta prácticamente a Castilla y León.

Las prestaciones económicas por cuidados familiares tienen un importe medio mensual de 234,96 euros (percibidas actualmente por 31.152 personas en la región). Por grados, estas cuantías son, de promedio nacional, 139,6 euros al mes para los Grado I; 240,5 para los Grado II y 334,9 para el nivel III, el más grave.

El 3,15% de la población española necesita apoyos de mayor o menor intensidad para desarrollar las actividades básicas de la vida diaria. Son 114.173 en la comunidad y no se obtenían datos tan positivos en todo el panorama español desde hace una década. Hay 91.295 personas atendidas más que a principio de año; de ellas, 5.461 en la comunidad.

Las personas en espera de ser valoradas no solo no han disminuido, sino que este año han aumentado: 2022 cierra con 131.810 dependientes esperando ser valorados, 7.214 más que los 124.596 del año anterior. En este sentido, el pasado ejercicio registró 353.965 personas esperando algún tipo de trámite de la dependencia, únicamente 8.799 menos que en 2021. A este ritmo de reducción se tardarían 35 años en lograr que no haya ninguna persona esperando a la burocracia. Se mantienen las enormes desigualdades entre territorios tanto en cobertura como en modelos de gestión. Nueve comunidades aprueban la escala este año y la media estatal logra el aprobado con un 5 raspado y son diez las que aumentan su puntuación con respecto al año anterior. La Comunidad Valenciana continúa su progresión ocupando el quinto lugar. Murcia (2,4) y Canarias (2,9) mantienen la última posición. Castilla y León (8,5), Castilla La Mancha (7,9) Andalucía (7,6) continúan como las tres mejores.