La futura ley sobre residencias de mayores: sin valoración económica y con «vaguedades»

El dictamen del organismo encargado de velar por el control de la calidad jurídica de las regulaciones autonómicas no incide en la 'filosofía' del modelo, pero sí en la carencia de una valoración presupuestaria y en la redacción de la regulación. A esa ausencia de una memoria «seria» sobre lo que costará aplicar el nuevo modelo de atención residencial se suma una alerta del Consultivo sobre las «vaguedades», «lagunas» y «contradicciones» que ha encontrado en un texto que debería regirse por la «concisión» y la «precisión en la utilización de conceptos jurídicos». Esas «ambigüedades» que los responsables del Consejo Consultivo hallan en la exposición de motivos y a lo largo de todo el articulado elaborado por el equipo de la consejera Isabel Blanco pueden «generar dudas en su aplicación», según refleja el dictamen.

El anteproyecto, que está en fase avanzada porque el Consultivo es el último paso previo a su aprobación por el Consejo de Gobierno, regula el modelo de residencias de mayores con el que la comunidad afrontó la pandemia de la covid-19. No parte de cero. El dictamen recuerda que la Junta ha sufrido reveses judiciales por la ausencia de los estudios económicos. Pasó con el decreto aprobado en 2016 sobre la autorización y funcionamiento de estos centros, anulado por el Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León. En 2019 fue el Tribunal Supremo el que tumbó el decreto. Con ese antecedente, el Consejo Consultivo advierte que el Gobierno autonómico (ahora de PP y Vox) puede volver a tropezar con la misma piedra.

El reparo sobre la ausencia de memoria económica no es sólo del Consultivo. Desde la Consejería de la Presidencia opinan sobre el texto de redactado por la de Familia e Igualdad (ambas con consejeros del PP) que «se echa en falta un estudio específico referido a la incidencia que la nueva organización en materia de personal vaya a producir en los recursos humanos» en los centros públicos de la propia Junta. Los Servicios Jurídicos de la propia Junta consideran que «la imperatividad» que debe contener una ley se sustituye «por recomendaciones» para desarrollar posteriormente, algo que afecta a cuestiones cruciales como «el número máximo de usuarios asignados a un gestor de caso» o «las ratios de profesionales» que no quedan reguladas en la ley.

El anteproyecto es de aplicación para los centros que no estén en funcionamiento cuando de apruebe, de manera que «no impone obligaciones» de actualización arquitectónica y equipamiento a los que ya están abiertos en la comunidad y que albergan a 46.258 residentes, de los que 2.693 viven bajo techo de la Junta. Una red prácticamente culminada. Aún así, desde el Consejo Consultivo inciden en que «parece lógico» que las nuevas exigencias no ya solo arquitectónicas, sino de personal, «supondrán un aumento de precio para los usuarios», circunstancia que no se valora en el expediente que acompaña al anteproyecto, en el que «no constan» tampoco los datos facilitados por el sector privado.

«La memoria no valora, ni siquiera mínimamente, el impacto económico que supondrán las nuevas ratios de personal», concluye un dictamen que detecta errores también en el régimen sancionador y afea a la Junta que no haya facilitado previamente el texto a la Administración del Estado, que es la que fija la regulación básica. Más que por una cuestión de «cortesía», por «ponderar puntos de vista» en una escucha compartida que ayude a «disminuir la litigiosidad» que pueden generar invasiones de competencias o que la legislación autonómica no recoja legislación básica estatal. Esto último también lo detecta el Consultivo en el anteproyecto.

El Consejo Consultivo es un órgano de alta especialización jurídica. Hace también las funciones de Tribunal de Recursos Contractuales para contratos y licitaciones de las administraciones. Está presidido por Agustín Sánchez de Vega y conformado por dos consejeros propuestos por el PP y uno por el PSOE, a los que se suma como miembro nato, por su condición de expresidente de la Junta, Juan Vicente Herrera.