La patronal regional aplaude las iniciativas del Gobierno y la Junta pide más fondos

Los empresarios de la comunidad autónoma consideran «positiva» la «importante batería de medidas económicas» aprobada por el Gobierno por la crisis del coronavirus, especialmente los avales públicos y a la espera de que se concreten los detalles referidos a los porcentajes y garantías y «confiando en que estén en la línea de los anunciados en países como Alemania e Italia». En el ámbito laboral, Cecale y sus organizaciones territoriales dan la bienvenida a la agilización de los ERTES y a la suspensión de la obligación de seguir cotizando por los trabajadores afectados.

La Confederación de Organizaciones Empresariales de Castilla y León (Cecale) y sus organizaciones territoriales valoraron hoy que el Gobierno considere prioritario tanto salvaguardar la salud de los ciudadanos como sostener la actividad empresarial y las cadenas de financiación.

Los empresarios ven «positivo» que se haya desplegado una «importante batería» de medidas económicas, especialmente avales públicos, a la espera de que se concreten los detalles referidos a los porcentajes y las garantías y confiando en que «estén en la línea de los anunciados en países como Alemania e Italia».

Los empresarios reiteran su apoyo y colaboración «en todo momento» desde el ámbito empresarial al conjunto de la sociedad y «comparten que debe ser una crisis temporal y que será necesario seguir implementando nuevas medidas en los próximos días en función de las nuevas necesidades con el objetivo de poner los cauces necesarios para retornar a la normalidad cuanto antes».

El Consejo de Cámaras de Comercio de Castilla y León aplaudió el «paso al frente» del Gobierno, pero incidió en la necesidad de aplazar el pago de impuestos y retenciones a pymes y autónomos afectados, mientras que para las grandes empresas solicitó el retraso del pago de estos impuestos sin coste adicional. Además, reclamó la exoneración del 100% de las cuotas de los autónomos.

La Cámara de Comercio de Valladolid reclamó «flexibilidad y agilidad» en la tramitación de los procedimientos de suspensión de contratos o reducción de jornadas; y un aplazamiento para todas las empresas y autónomos de las cuotas de la Seguridad Social sin recargos ni intereses.

La propuesta pide una bonificación de la totalidad de la cuota de Seguridad Social de los autónomos obligados al cese de actividad por cuidado de hijos o dependientes ante el estado de alarma; así como para aquellos bonificación con asalariados a su cargo obligados a realizar un expediente de regulación temporal de empleo.

Otra petición para el colectivo de autónomos pasa por facilitar su acceso a la prestación por cese temporal de actividad ante una caída de ingresos provocada por la crisis sanitaria y garantizar el abono de las bajas desde el primer día.

La institución demanda además que se aplace el pago de impuestos trimestrales y retenciones los dos primeros trimestres del año a autónomos y pymes que se hayan visto afectadas en su actividad en todo el país, y contemplar la posibilidad de condonación en determinados supuestos.

La Cámara de Comercio exige también que se garantice la disposición de material de protección en los centros de trabajo (por ejemplo, mascarillas o guantes), y propone que se establezca un cupo para la actividad productiva, siempre que se asegure previamente el stock para sanidad.

El consejero de Economía y Hacienda, que participó en una videoconferencia múltiple con la ministra María Jesús Montero, solicitó al Ejecutivo que reconozca que el «principal impacto» de gasto por la crisis del coronavirus recae sobre las autonomías, tanto desde el punto de vista sanitario como de empleo, por lo que «cualquier recurso adicional del que se pueda disponer por mecanismos europeos o nacionales debe centrarse en financiar a las prestadoras de los servicios, que son las comunidades». «No nos vale con un anticipo de lo que se nos debe, son precisas cantidades adicionales», manifestó Carlos Fernández Carriedo.