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La intervención del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, para anunciar el esperado paquete de medidas económicas para hacer frente a los efectos del coronavirus ha tratado de convertirse en un revulsivo para calmar las dudas de familias, empleados y empresarios ante la crisis del ... COVID-19. Tres días después de decretar el estado de alarma, por el que se confinaba a la ciudadanía en sus casas y se paralizaba prácticamente toda la actividad económica del país, el Ejecutivo lanzaba este martes «la mayor movilización de recursos públicos» de la democracia, tal y como indicó Sánchez en su intervención tras el Consejo de Ministros.
Con el real decreto que salió de otra reunión maratoniana del Ejecutivo, el Estado movilizará 200.000 millones de euros, esto es, un 20% de la riqueza (el PIB) que cada año genera la economía española. Aunque esa cuantía incluye varios matices. De esa cantidad máxima, unos 117.000 millones de euros corresponden a la inyección de dinero público: hasta 100.000 millones en avales para las empresas más otros 17.000 millones destinados a todo tipo de ayudas laborales, empresariales y sociales, desde la ampliación del derecho a los ERTE a la prestación por desempleo tanto a trabajadores como a autónomos, las moratorias en hipotecas o los fondos de contingencia para colectivos vulnerables.
El resto, hasta los 200.000 millones calculados, vendrían de la mano de la aportación del sector privado «movilizados» por este plan. Es decir, el Ejecutivo espera un 'efecto arrastre' de sectores clave para esta reactivación, como el de las líneas de liquidez que ya está lanzando la banca.
Sánchez dibujó este martes un panorama nada halagüeño para la economía a corto plazo. Admitió que las medidas de lucha contra la pandemia sanitaria por las que se obliga a la población a quedarse en casa salvo casos excepcionales «están afectando al consumo, a las empresas y al empleo». E indicó que «solo los poderes públicos pueden forjar» lo que Sánchez denomina como el «escudo social y económico» para amortiguar las consecuencias de la propagación del coronavirus.
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Todo ese dinero irá a parar a líneas de apoyo a las familias vulnerables, a los trabajadores, a las empresas y autónomos, así como a la investigación. Sánchez apuntó que «no se va a dejar a nadie atrás» porque el Estado «va a asumir el choque» que supondrá esta crisis. Pero insistió que, a pesar de las durezas económicas que se avecinan en días, «es necesario que la salida de la crisis sea temporal». En ese sentido centró buena parte de su intervención en recordar la «excepcionalidad» de la situación por la que atraviesa todo el país. Matizó que todas las actuaciones aprobadas lo son para un periodo concreto de tiempo, sin que se pueda abusar de ellas. E incluso rogó a los empresarios que hagan ERTE, pero «no despidan» de forma indefinida.
El presidente quiso dar un punto de ánimo a la sociedad, que permanece encerrada atónita y pendiente de lo que decidan sus empresas o de cómo afrontar el cierre de sus negocios. Se trata de lograr -explicó- que una vez superada la pandemia «debe llegar la recuperación y no un estancamiento». Ese es ahora el temor del Ejecutivo: que la crisis sanitaria inesperada a principios de año se cronifique y dé al traste con la economía durante un periodo largo de tiempo.
El presidente del Gobierno ya asume que el impacto será tan elevado que apuntó términos como el de la «reconstrucción» cuando finalice la crisis sanitaria. Y anticipó que en las nuevas cuentas públicas habrá que hacer un «sobresfuerzo».
Sánchez tampoco quiso dejar atrás en su intervención el papel «solidario» que debe jugar toda la sociedad. Pidió «comprensión» a los empresarios, pero también a los alquiladores o a los proveedores en sus exigencias de pago, porque «necesitamos el esfuerzo» de todos.
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