Las medidas económicas contra el coronavirus van en la buena dirección, pero ¿funcionarán?

De ahí, que la respuesta que se de por parte de autoridades monetarias y gobiernos sea clave para evitar que un shock de oferta, que se espera transitorio, no se convierta en estructural y provoque daños irreparables al tejido productivo.

En el ámbito monetario, los bancos centrales se han movido rápido al aplicar una serie de medidas para garantizar la liquidez, evitando repetir los errores de hace una década. Agresivas disminuciones de los tipos de interés, incremento de los programas de compras de bonos, inyecciones a la banca mediante operaciones de crédito están siendo implementadas, sin que por eso los mercados hayan visto detenida sus caídas. Es más, parecen haber provocado el efecto contrario. Bien porque sus actuaciones se consideran insuficientes, bien porque si no lo son, pronostican un deterioro incluso mayor del esperado en la actividad económica europea.

Pero de nada sirve mantener el flujo del crédito, si no se toman medidas que palíen los efectos que el cese de actividad está teniendo, y va a tener, en trabajadores, autónomos, pymes y grandes empresas. Por eso es necesario actuar desde el campo fiscal y administrativo con la mayor urgencia y, a ser posible, de forma coordinada con las autoridades comunitarias.

Para hacer frente al desafío económico que supone la pandemia, el Gobierno español acaba de anunciar un ambicioso programa de choque que movilizaría hasta 200.000 millones de euros. De ellos, una parte serán públicos, 114.000 millones, y el resto, privados.

Los dos objetivos principales de este plan, son, en primer lugar, mantener vivo, aunque en estado de hibernación, el tejido productivo y, en segundo, evitar que los trabajadores y autónomos sufran mermas importantes de su poder adquisitivo que agudicen aún más la caída del consumo.

¿Serán eficaces estas medidas? Pues, aunque el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha definido esta crisis como dinámica, lo que implica que habrá que ir adaptándolas a la evolución de la situación, parece que van en una buena dirección. Lo primero, por la cuantía del plan (su importe es algo inferior al 20% del PIB), aunque ya veremos si al final se utilizan todos los recursos anunciados.

Lo segundo, porque tratan de evitar un daño irreparable en el tejido productivo. En este sentido, las líneas y avales de hasta 100.000 millones de euros pretenden evitar que los problemas de liquidez, sobre todo de pymes y autónomos, deriven en problemas de solvencia que comprometan la continuación de la actividad una vez superada la crisis.

También es muy positiva la flexibilización administrativa de los ERTE, a los que centenares de empresas se están acogiendo en los últimos días ante la imposibilidad de seguir llevando a cabo su actividad productiva, al igual que el resto de medidas y bonificaciones fiscales que se plantean.

Y por último, porque pretenden evitar que trabajadores y autónomos se vean perjudicados, mediante lo que el presidente ha denominado como el «escudo social». Se garantiza el subsidio de desempleo a todos los afectados por los ERTE, y para los colectivos más vulnerables, se prohíbe el corte en el suministro de los servicios básicos y se establece una moratoria en el pago de las hipotecas, medida esta última que puede tener un importante impacto sobre el sistema financiero.

De alguna manera, se intenta congelar el tiempo durante unas semanas, esperando que una vez que la pandemia se de por controlada, el nivel de actividad económica pueda retomarse como si nada o casi nada hubiera pasado.

Eso sí, con un coste notable para las arcas públicas, que serán las que carguen con la mayor parte de la factura final, no solo por el aumento del gasto previsto, sino también por la merma de ingresos derivada de las exenciones, de los aplazamientos de impuestos y cuotas, y del desplome de la recaudación por la menor actividad económica.

Y no olvidemos que el margen presupuestario es escaso. En tiempos de bonanza no hemos sido capaces de embridar el déficit público, ni de reducir una deuda pública que ronda el 100% del PIB. Además, en la última semana, la rentabilidad de los bonos españoles y de nuestros vecinos mediterráneos ha aumentado sensiblemente, lo que muestra la preocupación de los inversores sobre la posible evolución de las cuentas públicas en el sur de Europa.

Por tanto, existe el riesgo de que la crisis sanitaria derive en una nueva crisis de deuda soberana y, para evitarlo, las autoridades políticas y monetarias europeas tendrán que poner mucho de su parte.

Este artículo ha sido publicado en The Conversation.