Castilla y León reduce su gasto en Dependencia pese al plan estatal para impulsarla

Un nuevo informe de dicho plan de 2020 a 2023 constata que no ha habido cambio de tendencia en Castilla y León y que la Junta fue «haciendo caja» con las cuantías percibidas a mayores de lo habitual. Solamente tres comunidades «han disminuido durante el Plan de Choque el gasto en la atención a personas en situación de dependencia –en millones de euros–. La que más, con diferencia, es Castilla y León (-34,7) seguida a distancia de Galicia (-6,4) y Aragón (-3,2). Especialmente «sangrantes –señala– son los recortes que se han producido en Galicia, ya que es la comunidad con menor porcentaje de personas atendidas sobre la población potencialmente dependiente (16%) frente al 23% de media nacional».

La inversión pública en Atención a la Dependencia en el año 2023 fue de 11.522 millones de euros: 8.230 millones por parte de las comunidades (71%), y 3.292 del Gobierno Central (29%).

Destaca el informe que «se mantiene la acusada desigualdad territorial, siendo las comunidades que más invierten en dependencia por persona potencialmente dependiente y año, el País Vasco (2.848 euros), Extremadura (2.599 euros) y Navarra (2.413 euros), mientras a la cola continúan Murcia (1.504 euros) Canarias (1.248 euros) y Galicia (1.073).

El reparto de la financiación entre administración general y regional presenta grandes diferencias según las distintas autonomías. Asílas que mayor porcentaje destinan de sus propios presupuestos a la atención de los más vulnerables son el País Vasco (83,9%), Navarra (80,8%) y Extremadura (78,2%) y las que menos y más financiadas por la Administración General del Estado son La Rioja (59%), Galicia (59,3%), Andalucía (62,3%) y Castilla y León (63,2%).

Después de dieciocho años de Ley de Dependencia, «hay que denunciar el incumplimiento de las administraciones públicas que han convertido derechos subjetivos en derechos efímeros y de papel. Se trata de una política de interés de la ciudadanía, ya que en un importante porcentaje forma parte del ciclo natural de la vida, y muchas personas acabaremos estando en situación de dependencia. Ello exige que se preste atención a esta política con amplitud de miras, sentido de Estado y respeto a la Ley», apunta el Observatorio.

Asimismo recuerda que hay en España 292.792 demandantes de ayudas en las listas de espera y que cada 15 minutos fallece una persona en el laberinto burocrático de la Ley. Y que, «desgraciadamente, a las 40.447 personas que fallecieron el pasado año, los presupuestos no les llegaron a tiempo».

Entre diciembre de 2021 y noviembre de 2022, fallecieron en Castilla y León 18.472 personas con solicitud de dependencia, un 24,12% más de lo esperado. Una vez excluidas las 1.148 personas que no acreditaban situación de falta de autonomía y, por lo tanto, no tenían reconocido el nivel de necesidades (sin grado), la cifra alcanzaba los 17.324 fallecidos, entre personas con derecho y las pendientes de resolución de grado. Este periodo el exceso de personas fallecidas con solicitud sobre lo esperado es mayor que en 2021 y menor que en 2020.

El peso relativo de la financiación autonómica frente a la estatal durante el periodo 2015 a 2020 presentaba una tendencia alcista que se rompió en 2021, cuando el incremento en la financiación aportada por el Estado mediante el citado Plan de Choque fue utilizado por algunas comunidades para retirar parte de su financiación. «La aportación autonómica cayó un 13% entre los años 2021 y 2023, mientras la del Gobierno Central reforzaba económicamente el sistema». «Los recortes en la aportación en algunos territorios han limitado la capacidad de impacto de los fondos provenientes del Plan de Choque».

Así que esta organización lamenta que los gobiernos de Castilla y León, Galicia y Aragón hicieran caja con el incremento estatal para dependencia «aliviando las arcas autonómicas en lugar de incrementar la atención a personas dependientes».