Castilla y León

La Junta «hace caja» con el aumento presupuestario del Estado para Dependencia

Ocupa la comunidad el décimo puesto en cuanto a la variación interanual del gasto autonómico entre 2021 y el cerrado balance de 2022 y solo ocho comunidades hacen en positivo la contabilidad. En cuanto al porcentaje de variación interanual del gasto medio por persona beneficiaria, en Castilla y León creció 1,77%, mientras que a nivel nacional se redujo un 2,06%. Baleares, con una subida del 11,3% se situó en cabeza, seguida de Navarra (6%), Cantabria (5,2%), La Rioja (4,2 %), País Vasco (3,5%), Galicia (2,89 %), Castilla y León (1,77%) y Castilla-La Mancha (0,7%). En el resto de comunidades hubo caídas.

En total, la inversión pública en Atención a la Dependencia fue de 10.234 millones de euros en España; de ellos, las comunidades financiaron el 74%, con 7.573 millones de euros (un 1,27% menos de gasto en conjunto que en 2021). La aportación estatal se situó en el 26%, con 2.661 millones de euros.

El reparto de la financiación de la Dependencia entre el Estado y las comunidades presenta grandes diferencias entre los territorios. País Vasco (86%), Baleares (83%) y Navarra (81,5%) financian en mayor proporción sus sistemas con fondos propios comparados con el resto del país. La media de aportación autonómica desciende hasta el 74% para el conjunto nacional. Galicia (64,8%), Andalucía (66,8%) o Castilla y León (67,2%) son las comunidades que se mantienen más lejos de la media nacional.

Las comunidades que más invierten en dependencia por persona potencialmente dependiente y año son: País Vasco (2.329 euros) Extremadura (1.706 euros) y Navarra (1 .701 euros) mientras a la cola continúan Canarias (801 euros) y Galicia (615 euros). Castilla y León destina 1.193 euros y ocupa la novena posición.

El gasto anual medio por persona beneficiaria fue de 8.135 euros en España, de los cuales el Gobierno Central aportó 2.115 euros en concepto de nivel mínimo de protección y las comunidades otros 6.020 euros. La autonomía que destinó mayor cantidad económica por persona beneficiaria fue el País Vasco con 13.390 anuales aportados entre ambas administraciones. Esta cantidad duplica el gasto del territorio que menos invirtió, que fue Andalucía con 6.547 euros anuales, seguida de Castilla y León con 6.715,68.

El peso relativo de la financiación autonómica frente a la estatal durante el periodo 2015 a 2020 presentaba una tendencia alcista que se rompe en 2021, cuando el incremento en la financiación aportada por la Administración General del Estado mediante el plan de choque es utilizado por algunas comunidades para retirar parte de su financiación. «El peso de las autonomías en la financiación cae más de un 10% entre los años 2021 y 2022, mientras el Estado refuerza la financiación del sistema», recoge el observatorio. «Los recortes en la aportación en 2021 y 2022 de la mitad de las comunidades han limitado la capacidad de impacto de los fondos provenientes del plan de choque», añade.

Desde 2015, el número de personas en situación de dependencia atendidas ha aumentado cada año. Entre 2021 y 2022 se observa un incremento porcentual del gasto total certificado más elevado (+7,1%) que el crecimiento en el número de personas beneficiarias (7,9%).