Los recortes económicos, punto débil en los Servicios Sociales de la comunidad

Este Observatorio de la Asociación de Directores y Gerentes de los Servicios Sociales valora que Castilla y León cuenta desde hace más de seis años con todos los elementos legislativos, normativos, planificadores y de organización y puntúa bien en los tres nuevos indicadores que sustituyen al que desaparece en esta aplicación (la ley de nueva generación), que son la investigación, la ética e historia social única. Para alcanzar en el baremo de reconocimiento de derechos y ordenación del sistema, y lograr la máxima puntuación, sólo le faltan los 0,1 puntos que se otorgan si la Consejería de Familia e Igualdad de Oportunidades identificase el sistema, incluyendo en su nombre 'Servicios Sociales'. Este departamento incluye en su organización una Gerencia de Servicios Sociales con tal nombre pero bajo el paraguas más amplio y genérico.

Y es en el apartado de la relevancia económica en el que este observatorio en la nueva evaluación anual encuentra el punto débil de la comunidad. El peso del gasto que realizan las administraciones públicas de Castilla y León en Servicios Sociales, es decir, la Junta, diputaciones y ayuntamientos, es frágil, y es el motivo de que su puntuación global descienda en 2023 respecto al año anterior, ya que en las otras dos dimensiones mantiene el liderazgo en el conjunto de autonomías.

El gasto por habitante en Servicios Sociales descendió un 2,3% en 2022 respecto al año anterior (-12,1 euros), pasando de 519,3 a 507,2 euros. Y se sitúa ya ligeramente por debajo de la media estatal, que fue 512,0 euros.

También, recoge este informe, desciende, aunque ligeramente, el porcentaje del presupuesto que las administraciones públicas de Castilla y León destinaron a estas prestaciones para personas con discapacidad o mayores, pasando de ser el 10,9% en 2021 al 10,7% en 2022, y se sitúa prácticamente igual que la media estatal (10,2%).

Por último, también se reduce el porcentaje del gasto de las administraciones públicas castellanas y leonesas en relación con el PIB regional, pasando del 2,12% en 2021 al 1,87% en 2022 (-0,25 puntos); aunque aún está por encima de la media del conjunto de comunidades (1,81%).

El peso de los presupuestos locales ya autonómicos sobre el total del gasto en la región es más elevado por parte de la comunidad (78,9%) que la media estatal (72,7%). Por su parte, las entidades locales –consistorios e instituciones provinciales– suponen el 21,8% del gasto total La medias estatal se del 27,3%).

En cuanto a la cobertura efectiva de prestaciones y servicios, Castilla y León destaca en varios aspectos sobre el resto de territorios. En habitantes por profesional de las estructuras básicas, con uno por cada 1.697 habitantes (la media nacional es por cada 1.764); atención a la Dependencia, con 8,9 puntos en la Escala del Observatorio de la misma, siendo la media estatal 5,1 y en plazas residenciales para personas mayores de 70 años, con una cobertura de 8,22%, que es más del doble de la media estatal, que es 3,91%.

Asimismo, tiene mejor oferta en servicios residenciales para personas con discapacidad, con una cobertura del 4,5% en Castilla y León frente al 1,7% de media estatal y los centros diurnos y ocupacionales destacan con 6,5 plazas por cada cien personas con discapacidad en Castilla y León, siendo la media estatal 3,1.

También tiene un buen balance en acogimientos familiares a menores, casi tres puntos más de cobertura que la media estatal y en plazas de alojamiento para mujeres víctimas de violencia de género, con 21,1 plazas por cada cien mujeres con orden de protección en Castilla y León, por 14,25 de media estatal.

El cuanto al alojamiento para personas sin hogar dispone de 82,9 plazas por cada cien mil habitantes, frente a 58,5 en la media de España.

Y los servicios con menor cobertura en Castilla y León que en el resto de comunidades son el de ayuda a domicilio para personas mayores de 70 años, con un 5,81%, frente al 7,57% de media en España. No obstante, la intensidad de este servicio es casi la misma en la región, con 20,15 horas de media mensual, que la media estatal (21 horas) y también muestra debilidades en los centros de día para la misma edad, con una oferta del 0,95% por debajo del 1,05% de media estatal.

Asimismo, la teleasistencia para los mayores de 70 años, con una cobertura de 8,47% frente a 14,01% de la media del conjunto nacional se queda muy por debajo.

Otra fragilidad son las rentas mínimas de inserción, que en Castilla y León las perciben únicamente el 2,8% de las personas bajo el umbral de la pobreza, en el resto del país este porcentaje es del 7,99%. En el periodo de implantación del ingreso mínimo vital (2019-2021) en Castilla y León se ha pasado de una cobertura del 10,7% en 2019 al citado 2,8% en 2023.

El informe analiza asimismo el equilibrio entre las tres dimensiones señaladas. Castilla y León sigue mostrando «un sistema muy equilibrado e, incluso, ha mejorado desde su aplicación inicial en 2012». Así ofrece «una de las mejores ratios entre cobertura y gasto, es decir, una gran eficiencia del sistema que, sin duda alguna, se debe a la colaboración y al protagonismo que tienen las entidades locales en la gestión de las prestaciones y servicios, así como a decisiones estratégicas adecuadas como fue acertada integración de la Atención a la Dependencia en los Servicios Sociales y especialmente a nivel local.

La cultura de consenso en la ordenación del sistema con agentes sociales, tercer sector y entidades locales es «un intangible que ofrece sus frutos en estos equilibrios», recoge este trabajo.

De la misma manera, el Sistema de Servicios Sociales de Castilla y León muestra «una relación bastante equilibrada entre los derechos que reconoce en su Ley de nueva generación y el Catálogo que los concreta, y su entrega efectiva de prestaciones y servicios.

No obstante, concluye el informe, «queremos advertir que la eficiencia que Castilla y León viene mostrando en la gestión de sus Servicios Sociales no será suficiente para que pueda mantener su liderazgo en la oferta de prestaciones y servicios a la ciudadanía, si prolonga su pérdida de relevancia económica».