Castilla y León

La devolución del sobrecoste a las familias 'por hijo a cargo', solo por vía judicial

«Diversas personas han denunciado desde hace ya varios años a la Junta y los tribunales les han dado la razón. Incluso, el Gobierno autonómico ha recurrido al Tribunal Superior de Justicia (TSJ) y éste ha desestimado el recurso de la Junta porque esta prestación por 'hijo a cargo', es de los progenitores, no del hijo, como su propio nombre indica». Sin embargo, la Consejería de Familia e Igualdad de Oportunidades «sigue sin reconocer este derecho para todos de forma generalizada y solamente a quien reclama le dresponde con que vaya a los tribunales si quiere el reintegro. Por lo que únicamente se les están aplicando las sentencias a aquellos que han denunciado y ganado el juicio. Y mientras tanto, eso sí, la Junta recorta su financiación a la Ley de Dependencia», critica el portavoz de la Plataforma Social, Jorge Félix Alonso.

Fuentes judiciales explican que, efectivamente, «son muchos los casos que llegan a los tribunales pero son individuales con muy diferentes abogados llevando un caso, o varios; pero la mayoría de las familias no han reclamado devolución de lo abonado de más y, por lo tanto, no se produce ningún reintegro. La Administración autonómica solo devuelve lo correspondiente por computárselo al descendiente a los afectados que reclaman judicialmente, y tal información no llega en general a las familias por lo que no llegan a pleito».

«En los juicios donde todavía la Administración regional defiende este sistema –actualmente en la prestaciones vinculadas al servicio– la Junta presenta un certificado, el mismo desde hace tres años, en el que se ofrecen datos de la magnitud económica de todo esto», explica un letrado.

Tal documento recoge así que, de entre los usuarios de servicios con discapacidad, hay más de cuatro mil que tienen reconocida la prestación económica por hijo a cargo. Y destaca que el impacto de devolver las cantidades copagadas correspondientes «desde la entrada en vigor el 1 de junio de 2019 del Decreto 18/2019, de 23 de mayo, por el que se modifica el Decreto 70/2011, de 22 de diciembre, por el que se establecen los precios públicos por servicios prestados por la Administración de Castilla y León en el ámbito de los Servicios Sociales, ascendería a una cantidad estimada de 16.485.552 euros».

Con lo cual, la Junta no devuelve estas cantidades de oficio sino por reclamación judicial. La Consejería de Familia asegura estar a la espera de la pronunciación del Tribunal Supremo al respecto, a quien recurrió la Junta.

La prestación vinculada al servicio es una ayuda económica destinada al pago de servicios de atención residencial, atención diurna o ayuda a domicilio, mientras la de asistente personal facilita la contratación de este servicio concreto que favorece el ejercicio de una vida lo más autónoma posible. En ambos casos, la cuantía se fija en función de la combinación de varios factores, como son los importes máximos vigentes en cada momento, el grado de dependencia y la capacidad económica del usuario. Y es en este último aspecto donde cuando se computa al hijo y no a los padres la ayuda económica, como un ingreso para la persona con discapacidad, luego el copago de la prestación tiene un sobrecoste, paga de más.

Con la modificación de las fórmulas de cálculo reflejadas en la orden de la Consejería de Familia, los importes máximos que se establecieron en 2022 en lo relativo a ambas prestaciones –que son los de referencia para los usuarios que tienen una capacidad económica reducida–, se fijan en 965,34 euros para grandes dependientes (grado III); 788,32 euros para los de grado II, y 405 euros para los de grado I.