Castilla y León

La ayuda para la Dependencia crea empleo pero solo paga un tercio del servicio a las familias

Y en todos estos estudios comparativos, Castilla y León ha estado en general en cabeza nacional; aunque aquellas puntuaciones de 9,6 o 10 de los años 2012 o 2013 no se repiten desde 2021. Este barómetro ha hecho público un nuevo trabajo que otorga a la comunidad un 8,3, una valoración que la sitúa en el liderazgo junto a Castilla-La Mancha, ambas comparten en realidad el primer puesto; aunque esta última ha mejorado considerablemente mientras que la Junta ha bajado ligeramente, un 2%. De ahí, que el Observatorio sitúe a la autonomía vecina en el primer puesto del ránking.

Castilla y León arrastra fortalezas desde su origen, de la mano desvelan los expertos de un despliegue que ha contado con las entidades locales, y de una discutida apuesta por la llamada ayuda vinculada a un servicio, es decir, la recepción de dinero para contratar residencia centro de día o ayuda a domicilio que numéricamente es importante. Esta opción supone el 31,4% de las prestaciones de su cartera de servicios, frente al 11% del resto de las comunidades –es una singularidad, junto a Extremadura– por la que se ofrecen a un coste medio de 363,31 euros. Al margen de la polémica sobre si hay, o no, demasiado sustento del sistema regional sobre los sevicios privados, este tipo de ayuda supone una importante creación de empleo. Sin embargo, tal y como apunta este observatorio, el gran problema es que con la citada ayuda económica no se paga ni un tercio de una residencia o una ayuda a domicilio.

La Consejería de Familia e Igualdad de Oportunidades ofrece con dicho capital mensual subtipos de servicios tan caros como la atención residencial (18.602 euros anuales), centros de día (1.433) o la ayuda a domicilio (11.166).

Por lo tanto, este recurso supone una amplia cobertura y empleo pero un importante copago.

«El promedio de gasto público por persona dependiente en Castilla y León (4.395,4 euros) se mantiene alejado de la media nacional (6.103,4), con una diferencia de menos 1.708 euros (-28%), como consecuencia –entre otras cuestiones– del importante peso de las prestaciones vinculadas al servicio que satisface con un coste mensual medio de solo los citados 363,31, frente al resto de las comunidades donde suponen muchas menos estas prestaciones y son retribuidas con un coste medio de 407,84 euros», recoge el informe.

Sin embargo, la creación de empleo es un punto positivo sin duda. La atención a la Dependencia genera ya en la comunidad más de 39.474 puestos de trabajo directos, supone el 11,6% del total nacional en este sector. Con la financiación extraordinaria del citado Plan del Choque, la comunidad creó 2.743 nuevos puestos de trabajo. Así que la inversión realizada genera 65,9 puestos por millón de euros invertidos, frente a los 40,8 del resto de España. Ello se debe a las ayudas vinculadas y al desarrollo de otros servicios públicos también.

Castilla y León logra 15 puntos de los 18 posibles en una España con unos desequilibrios territoriales enormes en cuanto a la atención a la Dependencia. Y ¿qué es en lo que Castilla y León no logra el punto completo, incluso resta? Hay cuatro apartados que le cuestan el mayor saldo posible.

En primer lugar se queda en el medio punto en cuanto a la tasa de variación interanual de personas atendidas sobre sobre las personas beneficiarias con prestación efectiva. Es decir, empeora en el número de personas a las que le ha dado respuesta a su caso y se aleja algo de la plena atención.

También 'falla' en la ponderación de cuantías de las prestaciones económicas por grados. Ocupa el catorce peor puesto de España en cuanto al dinero que facilita por nivel de falta de autonomía de la persona dependiente. La falta de intensidad media de horas de la ayuda a domicilio es un aspecto que ya suma varios certámenes y otras valoraciones en las que esta Asociación de Directores y Gerentes de Servicios Sociales critica tal carencia que impide la prolongación del anciano o de la persona con discapacidad no autonómomos pueda quedarse en su hogar. En este caso ocupa el quinta peor posición del país y supone destinar cinco horas menos que la media.

Por último, Castilla y León resta incluso medio punto en el último indicador, el de la variación anual del presupuesto para dependencia de la comunidad, al caer un 1,46%.

Una de las mayores críticas de este Observatorio hacia la región que, además, es de las pocas comunidades que se ha significado negativamente en ello, ha sido el empleo del incremento presupuestario estatal para el Plan de Choque que perseguía recuperar fuerza a la Ley de Dependencia en todo el territorio, especialmente tras la pandemia y, en particular, porque importantes cuantías han servido a algunas comunidades para hacer caja, para ahorrar, en vez de para mejorar las prestaciones y, entre ellas, está Castilla y León. Esta organización estima que tal capital podría haber incrementado ayudas para pagar los servicios vinculados o mejorar la atención ene el hogar.

El Plan de Choque para la Mejora del Sistema de la Dependencia ha supuesto en Castilla y León en el año 2023 un aumento de la financiación pública por parte de la Administración General del Estado de más de 56 millones de euros. Sin embargo, el gasto certificado del último ejercicio publicado (2022), el Gobierno de Castilla y León redujo su aportación en 7,4 millones. No obstanet, ha cumplido algunos de los objetivos de este plan como generar empleo o reducir lista de espera –se ha reducido en 50 personas dependientes, lo que representa una reducción del del 24,2%. No obstante, se trata de un exiguo ajuste numérico, dado que la Junta continúa en plena atención.

La comunidad atendió en 2023 a 8.416 nuevos dependientes, un 7,37% más que en el ejercicio precedente, frente a la media nacional del resto de autonomías que incrementaron sus servicios en un 7,49%. El número de nuevos dependientes atendidos es algo menor que las 10.923 personas con derecho que accedieron de nuevo al sistema.

Castilla y León es el territorio con un menor número de personas beneficiarias con derecho a prestación pendientes de resolución del plan individual –solamente 157–. Sin embargo, 9.376 personas con plan están pendientes de servicio o prestación efectiva. «Si incluimos a las personas con plan pendientes de servicio o prestación efectiva su tasa de limbo sería del 7,8%».

En cuanto a las prestaciones, la Junta cerró el ejercicio con 14.681 nuevas, de las cuales el 41% corresponden a Teleasistencia con 6.049 nuevos servicios a fin de atender los compromisos del Plan de Choque de universalización de la Teleasistencia como derecho subjetivo, mientras aumentan las ya citadas ayudas vinculadas a un servicio un 32% (4.695 más) y las prestaciones económicas en el entorno familiar un 12% (1.707). Recoge asimismo el informe que aumentan ligeramente las plazas residenciales (+0,1%) y las de centro de día (+1,3%).