Valladolid

El Zambrana instalará cámaras y tendrá un retén de personal para cubrir las bajas

El nuevo contrato de vigilancia y seguridad del centro de menores Zambrana aumentará en 800.000 euros, al pasar de los 2,8 millones del actual a los 3,6 millones que saldrá, de forma inminente, para los próximos dos años, además de proceder a la instalación de cámaras de vigilancia que serán de grabación, tanto de audio como de vídeo para prevenir las posibles denuncias falsas. También, se hará uso de una nueva figura que estaba recogida en el convenio firmado entre la Junta y la entidad Adis Meridianos, encargada de la gestión del Zambrana, como es la del auxiliar de control educativo, que reforzará la seguridad del centro ya que este profesional estará presente siempre en los espacios donde los menores realizan sus actividades y tendrá capacidad de control y contención de los chavales ante una incidencia, hasta la llegada de los vigilantes de seguridad.

Son decisiones que adoptará la Consejería de Familia e Igualdad de Oportunidades para incrementar la seguridad de los trabajadores y los menores, pese a que el número de agresiones físicas ha bajado tras registrarse 16 en el primer semestre del año pasado, dos en la segunda mitad de 2024 y cuatro en lo que va de 2025.

La adjudicación del nuevo contrato de gestión del centro el pasado verano supuso que los empleados en las instalaciones aumentaron de «manera considerable», de 56 a 84 trabajadores, de los que 70 están de manera permanente y 14 son de apoyo para cubrir las bajas laborales. Además, se han incorporado nueve coordinadores más para «afianzar» y «garantizar» el correcto funcionamiento del centro y apoyar la labor educativa de los profesionales de atención directa. En este sentido, la Junta reforzará el sistema de cobertura urgente de personal, con un retén de trabajadores para sustituir los trabajadores ante ausencias no comunicadas.

El objetivo es cubrir esos puestos lo más rápido posible, sobre cuando coincidan varias al mismo tiempo. De esta manera, los menores continúan siendo atendidos con plena normalidad y a la vez se evitan sobrecargas de trabajo al resto de la plantilla. En la actualidad, hay catorce bajas de larga duración, que están todas sustituidas, puesto que la empresa tiene un periodo de 24 horas para cubrir ese puesto.

La vicepresidenta y consejera de Familia, Isabel Blanco, aseguró que la Junta adopta todas estas medidas para que el Zambrana siga siendo un centro de referencia a nivel nacional, tal y como lo ha sido en los últimos años. Destacó, según recogió la Agencia Ical, que la ratio de profesionales de atención directa es muy superior a la de otros centros similares. Por ejemplo, en el ámbito de la atención directa por turnos hay un trabajador por cada 2,8 menores, mientras que la media de estas instalaciones en España se sitúa en uno por cada 3,7 jóvenes. En cuanto a la totalidad de la plantilla, si en otros centros gestionados por la entidad Meridianos hay 0,85 profesionales por menor, en el Zambrana hay 1,25.

En cuanto al refuerzo de las medidas de seguridad, la Junta busca contar con unos sistemas modernos capaces de abordar cualquier incidencia. Las nuevas cámaras de videovigilancia añadirán las funciones de grabado, tanto de imagen como de voz. Es decir, además de transmitir en directo lo que sucede en el centro -tanto en interior como en el perímetro- para que el equipo de seguridad lo visualice en tiempo real, los dispositivos recogerán las imágenes y los sonidos. También, se mejorará la cobertura en el sistema de pulsadores SOS, cuyo funcionamiento se revisa todos los fines de semana.

Estas mejoras se sumarán a las ya implantadas desde 2024 como la instalación de una plataforma nueva de circuito cerrado de televisión con videovigilancia en cada planta del inmueble y en todo el perímetro, un nuevo sistema de pulsadores antipánico, se ha incrementado la plantilla de vigilantes, se ha instalado un nuevo puesto de control de cámaras en la parte central del edificio de reforma para reducir los tiempos de respuesta, se han adquirido pinganillos para el equipo de seguridad y, además, se ha dotado a estos profesionales de chalecos antitrauma o antipinchazo, para reforzar su seguridad durante las intervenciones que deban realizar.

Blanco apuntó que la nueva adjudicataria va a sumarse a este proceso de reconfiguración del centro iniciado a finales del pasado año, desde cuando se llevan implementando mejoras en el ámbito del personal o de los recursos materiales, así como en el nuevo modelo organizativo introducido tras los cambios en la legislación. De este modo, a partir del próximo mes se van a poner en marcha una serie de medidas que van a transformar el centro, de las cuales muchas de ellas responden a demandas de los propios trabajadores.

En primer lugar, se va a incrementar la ratio entre profesionales y menores, ya que se va a pasar de 36 diarios a 43, con el correspondiente aumento de coordinadores, que ahora serán cinco -frente a los dos anteriores-, a los que se sumarán tres los fines de semana para cubrir todos los turnos. Además, de lunes a domingo estarán disponibles dos trabajadores encargados de la gestión de recursos humanos y de la interlocución con la Dirección del centro, que velarán por el cumplimiento en materia laboral y prevención de riesgos.

En este aspecto relacionado con el personal, la jornada ordinaria para el área educativa queda establecida en ocho horas, con el objetivo de mejorar la atención de los jóvenes internos. Y, también, se realizará una mejora en los contratos de sustitución por reducción de jornada, que serán, al menos, del 50% de la jornada completa, para favorecer la incorporación y el encaje de los equipos educativos.

Desde el punto de vista cualitativo, se va a hacer hincapié en los procesos de formación del personal, con el objetivo de abordar de manera adecuada todas aquellas problemáticas asociadas a los nuevos perfiles delictivos de los jóvenes, especialmente en la instrucción de las nuevas incorporaciones. Por último, aumentará el equipo técnico, con la incorporación de un psicólogo más -de dos a tres- y un trabajador social adicional -de uno a dos-, además de ampliar a jornada completa a un licenciado en Derecho.

Acompañada del director técnico de Atención a la Infancia de la Consejería, Tomás Montero, y la directora del Zambrana, Ana María Lasalle, la vicepresidenta de la Junta lanzó un mensaje de tranquilidad a la sociedad y las familias de los internos que el centro funciona con normalidad y con las características propias de este tipo de instalaciones. No en vano, recordó que el Zambrana -único centro de régimen cerrado de la comunidad- está destinado al cumplimiento de medidas impuestas por los jueces. De ahí el perfil de los menores, que han sido derivados por orden judicial, por diferentes motivos como quebrantamiento de condena, contra el orden público, daños, robo con fuerza e intimidación, hurto, contra la libertad y la dignidad sexual, lesiones e, incluso, homicidio.

La evolución de los nuevos ingresos se ha mantenido a la baja en los últimos años: 2015 (151 altas), 2019 (108), 2023 (119) y 2024 (98). En la actualidad, hay 58 internos, de los que 16 están en régimen cerrado y el resto, semiabierto. Es decir, con permisos ordinarios de salidas en fin de semana, programadas o por razón de estudios (la mayor parte).

En cuanto a las agresiones, la vicepresidenta dejó claro que cada incidencia o conflicto conlleva la apertura de un expediente disciplinario por parte del centro (separación del grupo) y el envío de un informe al Juzgado y la Fiscalía de Menores para que determina si hay indicios de naturaleza penal. Por otro lado, los técnicos del Zambrana tienen la obligación de informar a estas instancias judiciales, de manera periódica, sobre las actividades, salidas, visitas, vacaciones, comportamiento, trabajo en los talleres y seguimiento escolar de los internos. El año pasado, la Consejería remitió tanto al Juzgado a la Fiscalía un total de 5.175 informes.