UGT se plantea una «querella criminal por la desprotección de los trabajadores» del Zambrana

«Sufrimos una organización deficiente e inoperante que nos pone en continuo riesgo», aseguran desde la sección sindical de UGT en el centro de menores Zambrana, que el pasado martes fue escenario de una nueva agresión a una trabajadora, lo que obligó a intervenir al menos a cuatro guardias de seguridad y otros tantos coordinadores. «No puede ser que se mire hacia otro lado ante nuestras continuas demandas de más medidas de seguridad en el centro, llevado por una empresa que cada vez deja más en evidencia que este servicio, este centro, su problemática y su personal les queda demasiado grande», aseguran desde UGT.

La sección sindical ha anunciado que «va a estudiar» la presentación de una «posible querella criminal» por la «desprotección a los trabajadores». «Cada vez está más claro que se está incurriendo en una dejadez total, con graves consecuencias para la plantilla». El sindicato entiende que, además, «se ha cruzado una línea roja desde el momento en el que se culpabiliza a los trabajadores de las agresiones que soportamos», sin que «ninguna administración, entidad o empresa esté velando por la seguridad, dejándonos en una situación de indefensión total y riesgo evidente».

«Nos consta que la última trabajadora agredida estuvo informando durante todo el turno de trabajo de la situación tan delicada y explosiva que se vivía en la unidad», aseguran desde UGT. «Tras aguantar un turno entero de siete tardes en las que tuvieron lugar amenazas, insultos graves y situaciones de violencia (todo ello comunicado al centro y a la empresa), lejos de poner medidas que resolvieran la situación, se ha llevado a esta trabajadora a una situación límite, que ha tenido como resultado una fuerte agresión de la que, además, ahora se la responsabiliza», explica el sindicato en un comunicado público.

Fuente de la Consejería de Familia, de quien depende el centro de menores Zambrana, aseguran en cambio que el incidente del martes se saldó sin agresiones ni bajas de los educadores. El suceso, explicaron desde la Junta, tuvo lugar cuando una educadora entró en el comedor y un interno le reprochó que se hubiera «cagado en sus muertos». En ese momento, siempre según la versión oficial, el interno lanzó una taza contra la pared, por lo que tuvo que ser reducido y conducido por parte de seguridad fuera del comedor.

«No ya es solo que una vez que sufres una agresión te veas solo teniendo que poner la denuncia y acudiendo al médico porque nadie absolutamente de la empresa realiza este acompañamiento, es que además te dejan solo a nivel de apoyo personal y emocional. Normalizan y minimizan este tipo de agresiones y en este caso hasta culpabilizan a los trabajadores en vez de analizar por qué se dan ese tipo de situaciones y en que situación psicológica está la plantilla del centro para llegar a ese punto. Una plantilla que cada vez está más harta, mas agotada y mas desmoralizada ante situaciones como esta que ocurren a diario», continúa el relato de UGT.

UGT ha remitido una carta a la Consejería de Familia en la que solicita «la convocatoria de una mesa extraordinaria con medidas urgentes para solicitar la revocación de la licitación ante los incumplimientos manifiestos por parte de la empresa» en el número de profesionales necesarios «para realizar con garantías el servicio y cumpliendo la normativa laboral». «Entendemos que esta situación no puede seguirse manteniendo, puesto que el servicio está en claro riesgo y no se está presentado en las condiciones pactadas y aprobadas en la licitación», concluyen desde la sección sindical de UGT.

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