Frenan el sellado de la red de gasóleo en Pago la Barca para evitar la eliminación de pruebas

La fecha que había proporcionado Iberpropano, titular de la canalización tras ceder Repsol la explotación de los servicios el pasado 1 de abril, a los propietarios para el cierre de la instalación era la de este 30 de septiembre, si bien la Audiencia ha concedido la medida cautelar ante los recursos de varios de los afectados. En esos escritos, los vecinos interesaban también la solicitud para acceder a la red para que sea «inspeccionada con sus propios profesionales». Todo ello, continúa el auto, ante «una diligencia que se entiende relevante en la investigación en orden a determinar si la fuga en la red de distribución de gasóleo por tuberías en la urbanización es puntual o bien responde a un espectro más amplio, lo cual puede incidir en el grado de responsabilidad de los responsables de la instalación».

La motivación del cese del servicio, aclaraba Iberpropano, venía precedida por «causas de fuerza mayor» y dentro de «acciones preventivas en respuesta a preocupaciones recientes». «En septiembre de 2024 la instalación se encontrará de baja definitivamente», recalcaba uno de los últimos comunicados enviados a los propietarios de la urbanización, fechado a 13 de mayo.

Este cierre del servicio afecta a unas 75 viviendas de las 200 que tiene Pago la Barca. Concretamente a los propietarios que seguían enganchados a la red comunitaria, pues los restantes optaron con anterioridad a instalar depósitos individuales. A pesar de ese cambio, la red seguía funcionando por el resto del complejo residencial.

El cese de suministro es el último capítulo después de que con fecha 1 de abril Repsol, en el centro de la diana de la investigación desde los inicios, «cediera el contrato y el suministro» a Iberpropano, con sede en Zaragoza. En ese momento, la nueva compañía informaba a los vecinos de que el «suministro seguirá exactamente como hasta ahora».

Un mes después, un nuevo comunicado llegaba a Pago la Barca. Alegaban que querían seguir con un «servicio de calidad», pero decidieron «inutilizar e inertizar la instalación de tuberías». Esa acción la fijaban para el 30 de septiembre, aunque ahora la Audiencia lo ha frenado.

En ese mismo escrito, Iberpropano incidía en que «no había fugas» tras completar «pruebas de estanquidad realizadas en presencia de un organismo de control», si bien una de las vecinas, en una reunión extraordinaria, recalcaba que en su parcela, alejada del punto de investigación (calle Goleta), había detectado hidrocarburos en sus terrenos. De ahí que sean los propios afectados los que insisten en llevar a cabo un análisis con sus propios profesionales.

A la par que Repsol e Iberpropano emitían comunicado tras comunicado, la Fiscalía de Valladolid, que con anterioridad se encontraba ya investigando los hechos por un posible delito medioambiental, remitía las diligencias al Juzgado de Instrucción número 5 para determinar si los hechos pudieran ser constitutivos de infracción penal. Investigación que continúa a la par que el Seprona prosigue con sus informes.

Fue precisamente la Confederación Hidrográfica del Duero (CHD) la que comunicó a la unidad de medio ambiente de la Fiscalía General del Estado el expediente sancionador, por infracción muy grave, contra Repsol, «al comprobarse la presencia de hidrocarburos en el subsuelo, en distintas zonas de la urbanización Pago la Barca».

Además, la CHD, según recoge la Fiscalía, requirió a Repsol que pusiera en marcha todas las medidas para remediar la contaminación de las aguas subterráneas «mediante la retirada de fase libre de hidrocarburos en las zonas en que se haya detectado o se detecte en el futuro, y la ejecución de los proyectos de remediación del suelo y de las aguas subterráneas».

Mientras tanto se conocía también que una de las parcelas contaminadas presentaba riesgo «tóxico y cancerígeno». «De acuerdo a las características descritas para este emplazamiento y escenarios, los cálculos efectuados en la presente valoración de riesgos indican que existe un riesgo potencial no aceptable, tanto tóxico como cancerígeno, para la vía de inhalación de volátiles en espacios cerrados (on-site, residencial)». Era una de las conclusiones de un informe preliminar de un informe datado en 2021.