Terrenos contaminados en Boecillo

Una parcela de Pago la Barca presenta riesgo «tóxico y cancerígeno»

Esos informes, tras certificarse la contaminación de la tierra y de las aguas subterráneas, se centraron en el origen del escape y en las parcelas colindantes, ubicadas en la calle Poniente. Fue la 72, la única que hasta la fecha presenta el riesgo «tóxico y cancerígeno», la que propició que se conocieran unos hechos que actualmente se encuentran investigados en el Juzgado de Instrucción número 5 de Valladolid por un presunto delito contra el medio ambiente. Ese descubrimiento paralizó de inmediato la intención de construir una nueva casa en la parcela 72, aunque si bien no era preciso hacer la declaración de suelos contaminados, «ese terreno no podrá destinarse al uso previsto residencial, en tanto no se produzca la total descontaminación», reza en los informes. Un trámite que deberá certificar el Servicio de Residuos y Suelos Contaminados de la Consejería de Medio Ambiente de la Junta.

Para llevar a cabo los trabajos de remediación de la zona afectada, Repsol, actualmente en el centro de la investigación judicial y del Seprona de la Guardia Civil, subcontrató a la empresa Ramboll, encargada desde entonces de solicitar permisos y trámites para unas labores que continúan en la zona. Con el paso de las semanas, más vecinos colindantes solicitaron análisis de sus terrenos, pero, aunque se constató la contaminación, en ninguno de esos expedientes se catalogaron las parcelas de riesgo «cancerígeno».

Esta información, la de ese riesgo potencial no aceptable, tanto tóxico como cancerígeno, la conocieron hace escasas semanas los vecinos en una asamblea extraordinaria con el Ayuntamiento ante la problemática surgida y cuando se encontraban en plena constitución como asociación de afectados. La situación ha generado malestar en los propios vecinos con las administraciones, pues aseguran que «el Ayuntamiento de Boecillo y la Junta de Castilla y León conocían desde el principio la fuga de gasóleo y no nos lo comunicaron. Nos han ocultado información. El Ayuntamiento tiene conocimiento de los riesgos desde 2019 y no ha realizado comunicación a los vecinos, ocultando información y posibles perjuicios para la salud humana y privándonos de la toma de cualquier decisión al respecto para mitigar los daños. Tampoco nos han informado de la gravedad de los perjuicios para la salud humana que pueda tener la inhalación de los gases tóxicos derivados del vertido de hidrocarburo, privándonos de la toma de cualquier decisión para mitigar los daños y los efectos nocivos que pudiera tener en la salud». Además, lamentan que con esta situación han perdido todo al «no poder vender las casas», así como la «inacción» de Repsol por «no poner a disposición de los afectados otra vivienda mientras se completa la descontaminación».

Desde que se conoció la fuga, por el avance de una raíz según Repsol, la situación en Pago la Barca ha variado en los últimos meses. Si en el mes de febrero Ramboll llevaba hasta la parcela 72 maquinaria pesada para retirar la tierra contaminada, las labores este viernes se centraban en rellenar ese hueco con nueva arena. A la par que el plan de remediación avanzaba por parte de la compañía subcontratada por Repsol, la Fiscalía ahondaba en las pesquisas y remitía al Juzgado de Instrucción número 5 de Valladolid las diligencias para determinar si la contaminación de los terrenos por fugas de combustible es constitutiva de infracción penal.

Con Repsol en el centro de la investigación, la compañía se desprendía de la defectuosa infraestructura de canalizaciones durante esta primavera. Se la cedía a la empresa Iberpropano, que a su vez, en cuestión de semanas, decidía sellar la infraestructura comunitaria, para este 30 de junio. La motivación del cese del servicio viene precedida por «causas de fuerza mayor» y dentro de «acciones preventivas en respuesta a preocupaciones recientes», recalcaban en un comunicado a los vecinos.

Ante ese cierre inminente de la instalación, el pasado 21 de mayo la comunidad de propietarios de Pago la Barca ha enviado un burofax a Iberpropano para realizar una prueba de estanqueidad en toda la red de gasóleo a cargo de la comunidad. Transcurridos casi 40 días, Iberpropano no ha respondido a la petición vecinal para comprobar el estado en el que se encuentra la red, de la que más de un vecino afirma que «hay indicios más que suficientes de que dicha tubería presenta defectos y no cumple las condiciones técnicas ni garantías de seguridad en la instalación».

De hecho, han solicitado al juzgado una medida cautelar para que Iberpropano no ejecute la obra de inertización.

La decisión llegaba después de que otros propietarios de la urbanización, concretamente en la calle Goleta y en un punto alejado al origen de la fuga (calle Poniente), denunciaran la presencia de hidrocarburos en sus terrenos. Lo pusieron en conocimiento del Ayuntamiento mediante instancia general el 30 de abril y también lo han comunicado a Repsol a través de un burofax este 7 de mayo, solicitando la realización de catas en su parcela para determinar el grado y alcance de la contaminación. Siguen a la espera de recibir contestación por parte del Ayuntamiento y de Repsol.

Fue precisamente la Confederación Hidrográfica del Duero (CHD) la que comunicó a la unidad de medio ambiente de la Fiscalía General del Estado el expediente sancionador, por infracción muy grave, contra Repsol, «al comprobarse la presencia de hidrocarburos en el subsuelo, en distintas zonas de la urbanización Pago la Barca». A raíz de la decisión de la CHD, la cual recurrió Repsol, se solicitó un informe técnico al Seprona, que aún se encuentra pendiente de elaboración.

Además, la CHD, según recoge la Fiscalía, requirió a Repsol que pusiera en marcha todas las medidas para remediar la contaminación de las aguas subterráneas «mediante la retirada de fase libre de hidrocarburos en las zonas en que se haya detectado o se detecte en el futuro, y la ejecución de los proyectos de remediación del suelo y de las aguas subterráneas».