Valladolid

Denuncian el vertido de terrenos contaminados de Pago la Barca en centros no autorizados

Un nuevo episodio en este capítulo que llega en pleno plan de remediación de las parcelas contaminadas de la urbanización, llevado a cargo por la empresa Ramboll tras ser subcontratada por Repsol, titular, en el momento de la fuga de la instalación. Según se constata en las denuncias presentadas, esas labores de descontaminar pretendían sanear la tierra tras ser retirada, si bien este extremo parece que ha abierto una nueva investigación al ser depositada en centros no autorizados de Zamora y Valladolid.

Los hechos tuvieron lugar a finales de mayo y principios de junio, cuando un alertante avisó de la salida de camiones de Pago la Barca con destino Zamora y Valladolid. Esas llamadas movilizaron a los agentes del Seprona de ambas provincias, que se trasladaron a los dos puntos. A su llegada certificaron el olor a hidrocarburo y precintaron esas montañas para recoger muestras y enviarlas al laboratorio de la Unidad Central de Operativa Medioambiental (UCOMA) de Madrid.

Esos resultados se incluirán en el procedimiento abierto en el Juzgado de Instrucción número 5 de Valladolid, que investiga, después de que la Fiscalía diera traslado, un posible delito medioambiental en la urbanización de Boecillo.

Fue precisamente la Confederación Hidrográfica del Duero (CHD) la que comunicó a la unidad de medio ambiente de la Fiscalía General del Estado el expediente sancionador, por infracción muy grave, contra Repsol, «al comprobarse la presencia de hidrocarburos en el subsuelo, en distintas zonas de la urbanización Pago la Barca». A raíz de la decisión de la CHD, la cual recurrió Repsol, se solicitó un informe técnico al Seprona, que aún se encuentra pendiente de elaboración.

Además, la CHD, según recoge la Fiscalía, requirió a Repsol que pusiera en marcha todas las medidas para remediar la contaminación de las aguas subterráneas «mediante la retirada de fase libre de hidrocarburos en las zonas en que se haya detectado o se detecte en el futuro, y la ejecución de los proyectos de remediación del suelo y de las aguas subterráneas».

Mientras el proceso judicial avanzaba, la compañía ha cedido en los últimos meses su instalación defectuosa a Iberpropano y esta, en cuestión de semanas como titular, ha avisado a los propietarios que cerrará las canalizaciones a finales de junio. La motivación del cese del servicio viene precedida por «causas de fuerza mayor» y dentro de «acciones preventivas en respuesta a preocupaciones recientes».

Este cierre afectará a unas 75 viviendas de las 200 que tiene Pago la Barca. Concretamente, a los propietarios que siguen enganchados a la red comunitaria, pues los restantes optaron con anterioridad a instalar depósitos individuales. A pesar de ese cambio, la red seguía funcionando por el resto del complejo residencial.

Desde que comenzaron con la extracción de la tierra contaminada de una de las parcelas, en febrero de este año, algunos vecinos se preguntan «por qué la Junta de Castilla y León no está supervisando la gestión de residuos peligrosos, cuando es sabido que es competencia del Servicio Territorial de Medio Ambiente de Valladolid, el control y seguimiento de la gestión de este tipo de residuos contaminantes».

Propietarios de Pago la Barca han expresado que se encuentran «abandonados» por la Junta y que tras múltiples escritos dirigidos a los servicios de Medio Ambiente y Sanidad «siguen esperando acciones propias de su competencia para realizar un diagnóstico real de la extensión afectada por la contaminación y tomen medidas para mitigar los posibles efectos perjudiciales que pudieran tener en la salud de los vecinos de Pago la Barca».

Asimismo, los perjudicados trabajan para constituirse como asociación de afectados.