Valladolid

La Fiscalía investiga la contaminación de parcelas por una fuga de combustible en Pago la Barca

Unos hechos que la Fiscalía ya investiga como un posible delito contra el medio ambiente y que tiene en estos momentos en la diana a Repsol, titular de la canalización, después de conocer la situación a través de una denuncia presentada a finales de 2023. En la misma se ahonda que ese escape «ha producido daños irreparables al medio ambiente y al ecosistema con un alcance aproximado de 2 kilómetros a la redonda (lo que afectaría a las aguas del Duero)».

Del escape, por culpa de una raíz, según incide Repsol, se tuvo conocimiento en 2019. A la par que se detectaba la rotura de la tubería, en una de las parcelas cercanas al punto dañado se pretendía levantar una vivienda unifamiliar. El inicio de la obra se paralizó de inmediato para empezar a trabajar en los terrenos. Según remarca Repsol, «este incidente se puso inmediatamente en conocimiento de la administración competente y, una vez obtenidos los permisos necesarios, se iniciaron los trabajos de caracterización ambiental para conocer el alcance y elaborar una propuesta de remediación del suelo, como indica la normativa».

La actividad en la zona afectada se intensificó en el verano pasado. Entró en acción la Confederación Hidrográfica del Duero (CHD) para constatar meses después la «contaminación de las aguas subterráneas causada por la fuga producida en la instalación subterránea de gasóleo C». Un trabajo de análisis que se completó en dos meses y por los que el organismo de cuenca propuso la apertura de expediente sancionador contra Repsol por unos hechos que califica de «muy graves» y que podría oscilar en una multa de entre los 500.000 y el millón de euros. Asimismo, Repsol presentó las alegaciones a finales de marzo.

Durante esos dos meses de investigación de la CHD, pasó por esos terrenos, inicialmente, el agente medioambiental del organismo de cuenca, que derivó en visita urgente del laboratorio de aguas de la CHD para «determinar con precisión la situación y emprender las acciones oportunas».

El 7 de septiembre del año pasado ya se certificó la existencia de hidrocarburos en los 24 piezómetros ubicados en la zona, a la par que se instalaban 'bailers' (instrumento portátil de muestreo para capturar muestras de agua subterránea). Todo ello para llegar a las consideraciones de la existencia de hidrocarburos en 11 de los 24 piezómetros muestreados, además de presencia de hidrocarburos disueltos en los piezómetros.

De forma paralela a las pruebas del organismo de cuenca, Repsol obtuvo a finales de 2023 los permisos de la Junta de Castilla y León para actuar en la zona, según indica la propia compañía. «Proyecto de remediación», lo han llamado desde Repsol, el cual fue aprobado en febrero de este año. Tras comunicárselo a los vecinos, Repsol ha iniciado recientemente esos trabajos en «colaboración con el Servicio Territorial de Medio Ambiente de la Junta, como con la Confederación Hidrográfica del Duero, quienes reciben las actuaciones y avances realizados».

Ese plan de remediación ha llevado hasta la urbanización, concretamente a la zona de la tubería dañada así como a la parcela sin construir, un gran despliegue de medios tanto técnicos como humanos de la empresa subcontratada de Repsol (Ramboll). Alrededor de una decena de operarios se afanaban el pasado martes en avanzar en unas obras que se alargarán como mínimo hasta la llegada del verano.

Por su parte, la maquinaria pesada se ha instalado en los terrenos que se pretendían edificar en 2019. Se trabaja sobre la tierra con elementos como una gran perforadora para conocer la realidad a cuatro metros de profundidad y conocer el estado de las aguas subterráneas así como la tierra. Estas obras, precisamente, generaron este miércoles un contratiempo al picar una de las canalizaciones de agua que provocó un gran géiser de forma momentánea.

Todos estos hechos los conoce ya la Fiscalía, que se encuentra a la espera del resultado de más pesquisas para ver si continúa con el procedimiento por un delito contra el medio ambiente. El artículo 325.1 del Código Penal dispone que «será castigado con las penas de prisión de seis meses a dos años, multa de diez a catorce meses e inhabilitación especial para profesión u oficio por tiempo de uno a dos años el que provoque o realice directa o indirectamente emisiones, vertidos, radiaciones, extracciones o excavaciones, aterramientos, ruidos, vibraciones, inyecciones o depósitos en la atmósfera».