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La Fiscalía de Valladolid avanza en la investigación sobre tres grandes residencias de ancianos cuya gestión de la crisis de la covid en las primeras semanas del estado de alarma se ha traducido en un alto número de fallecimientos y el contagio de muchos de sus residentes. Tras recoger las denuncias de familiares, muchas de ellas canalizadas a través del Defensor del Paciente, el ministerio público ha solicitado a la Gerencia de Servicios Sociales de Valladolid que amplíe los informes sobre dos de estos centros, la Casa de la Beneficencia y DomusVi, ambas de gestión privada. La Beneficencia fue el primer geriátrico que lanzó un SOS a las autoridades al dispararse los contagios y las víctimas mortales. Hasta ayer sumaba 42 defunciones (40 residentes, 11 con covid confirmado y el resto, con sospechas; y 2 monjas de la comunidad de las Hijas de la Caridad, que tiene su propio espacio en las instalaciones del complejo residencial).
Coronavirus en Valladolid
La segunda investigada es DomusVi, el geriátrico propiedad de un fondo de inversión británico que está ubicado en Arroyo de la Encomienda y que cuenta más de 60 muertes relacionadas con el coronavirus según la información facilitada por familiares, trabajadores y sindicatos. La Consejería de Familia ya había remitido informes al ministerio fiscal sobre ellas, así como sobre las seis que hasta el momento han sido intervenidas por la Administración autonómica en localidades de Burgos, León, Salamanca al no poderse garantizar la seguridad de los residentes ni el relevo al personal contagiado.
Son 766 las residencias sin casos de covid en la comunidad. En las últimas horas ha salido de esta lista Ballesol, un centro de Parquesol (Valladolid) que alberga a 137 residentes y que ha estado libre de coronavirus hasta el momento. De hecho, los primeros test que se realizaron dieron negativo. Ha sido en las últimas horas, al detectar síntomas compatibles en algún residente cuando se han vuelto a realizar pruebas y se ha constatado el contagio. Según fuentes de Comisiones Obreras, se han registrado 17 casos confirmados de covid. Desde este sindicato se reclama que se realicen también las pruebas a los trabajadores en el mismo centro residencial, en lugar de tener que acudir al centro de salud. Las mismas fuentes indicaron que la plantilla ha dispuesto de equipos de protección básicos desde el principio y se les ha reforzado con más EPIS a raíz de detectarse el contagio. La dirección de Ballesol declinó hacer declaraciones al respecto de los casos confirmados en la línea de las directrices marcadas por el comité de crisis de este grupo empresarial.
Contagios Son 6.140 los residentes de los centros asistenciales de Castilla y León que se cuentan como casos confirmados de covid, un 4,8% respecto del miércoles. Son 284 más los contabilizados en tan solo 24 horas. Es el mayor crecimiento de contagios registrado desde mediados de abril.
Los casos de coronavirus en las residencias y viviendas tuteladas de Castilla y León han superado en solo 24 horas la barrera de los 6.000. Según los últimos datos facilitados por la Consejería de Familia, se han confirmado 6.140 positivos, lo que supone un aumento del 4,8% respecto a este pasado miércoles. Son 284 casos más en las últimas 24 horas, el mayor incremento registrado desde mediados del mes de abril. Estas personas representan el 14,2% de los 43.056 usuarios que residen en alguno de estos centros en la actualidad. El mayor número de residentes positivos se concentra en Valladolid (1.086), Salamanca (962) y León (865).
El número de fallecidos por covid asciende a 1.363 residentes, 5 de ellos en las últimas 24 horas, lo que supone un aumento del 0,3% respecto del miércoles. A ellos se suman los 1.092 fallecidos con síntomas compatibles pero que no se les realizó la prueba. El último de ellos habría fallecido del miércoles al jueves. En total, 2.455 personas han muerto por o con covid en 263 centros residenciales de la comunidad.
Valladolid es la provincia con más residentes fallecidos por covid, 266, seguida de Salamanca, con 239 y León, con 201. Con síntomas compatibles, también Salamanca encabeza la lista con 207 defunciones, seguida de Segovia (204) y León (185).
El Defensor del Paciente, asociación de ámbito nacional, ha remitido a la Fiscalía Superior de Castilla y León 17 casos en los que familiares de mayores fallecidos en residencias de ancianos denuncian desatención con repercusión en su salud, la negativa a trasladarles a hospitales ante el empeoramiento de su estado y requerimientos coercitivos de sedación en los propios geriátricos sin haber podido constatar el estado del mayor. Carmen Flores, presidenta de esta asociación que se centra en la denuncia de carencias sanitarias y negligencias médicas, señaló que «el goteo de consultas es constante y muy triste, porque hay muchos fallecidos en unas condiciones muy penosas».
Las familias entienden que lo que han vivido sus mayores y ellos mismos encaja en situaciones de falta del deber de protección, de información y cuidado, además de denegación de auxilio a personas muy vulnerables.
Se trata de centros de Valladolid y León, sobre todo, pero también de Ávila y Segovia. En la mayoría de los casos que desde esta asociación han puesto en conocimiento de la Fiscalía hay fallecidos y responden a un patrón en el que la familia no logra obtener información o esta es muy limitada, cuando no contradictoria en lo que se les traslada desde la residencia sobre la situación de su allegado, que se encuentra confinado en una habitación y al que finalmente se le aplica sedación tras una férrea negativa a trasladarle a un hospital.
Detrás de la mayor parte de las investigaciones que se solicitan hay familias a título individual, pero también existe alguna impulsada de forma colectiva. Es el caso de un grupo de allegados de internos de La Beneficencia, en Valladolid. A esta se suma el centro Ballesol, también en la capital vallisoletana; la residencia de Mensajeros de la Paz, en La Bañeza (León); o geriátricos en Sanchonuño (Segovia) y Cebreros (Ávila).En este caso se denuncia la «retención» de una anciana en contra de su voluntad.
A otras 16 familias que les han expuesto casos de desatención sin el luctuoso resultado de los anteriores, desde la Asociación del Defensor del Paciente se les ha aconsejado que exijan explicaciones a la Gerencia de Servicios Sociales de Castilla y León oficialmente, por burofax.«Sean centros públicos o privados, la Administración debe fiscalizar lo que ocurre y el servicio que prestan», remarcó Flores.
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