Diez ancianos de la residencia de Burgos intervenida recalan en la mixta de Parquesol

A los 31 residentes no se les practicaron pruebas de Covid-19. De ellos, 18 presentan fiebre o síntomas que pudieran ser compatibles con el coronavirus y 13 sin fiebre u otros síntomas, aunque han estado en contacto con los anteriores. Desde el día en que se asumió la gestión del centro por parte de la Junta de Castilla y León se procedió al aislamiento de los usuarios asintomáticos en una zona específica de la residencia.

La mayor parte de la plantilla de la residencia intervenida se encuentra de baja laboral por síntomas compatibles con el coronavirus. Asimismo, desde que la Administración Regional se hizo cargo de esta residencia privada, se han dado de baja dos personas más de la plantilla originaria y aunque se trasladó de otros centros, la calidad de la atención a los mayores no podía garantizarse.

Ante esta nueva situación, siete de los internos han sido realojados en la residencia Virgen de las Viñas de Aranda de Duero, nueve en la residencia Cortes de Burgos, tres en la residencia Puente de Hierro de Palencia y otros diez en la residencia Parquesol de Valladolid. Otros dos residentes fueron hospitalizados, según confirma la Junta.

El traslado de estos ancianos por parte de la Gerencia de Servicios Sociales de la Junta se produce en paralelo a la decisión del Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número 1 de Aranda de Duero (Burgos), que ha abierto diligencias previas sobre la situación que atraviesa la residencia Valle del Cuco de Adrada de Haza, la primera de la comunidad que ha tenido que ser intervenida por la Junta ante la extrema «falta de personal y medios materiales».

La autoridad judicial ha decidido iniciar una investigación tras recibir información por parte de la Gerencia de Servicios Sociales acerca de las anomalías detectadas en el geriátrico de esa localidad burgalesa, sobre el que ha tenido que tomar el control para garantizar la asistencia a los residentes. El Juzgado inicia de esta manera la instrucción para investigar la existencia de posibles responsabilidades penales, a la espera de recibir los informes de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado así como de la Fiscalía, que a su vez está realizando un seguimiento de esta y otras donde se están produciendo unos grandes niveles de contagiados y defunciones, según ha informado el Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León.

La alcaldesa de Adrada, María Luisa Plaza, explicaba que fue ella misma, al conocer por algunos familiares lo que estaba ocurriendo en la residencia privada por la precariedad de la asistencia a los ancianos, quien el pasado lunes puso los hechos en conocimiento de la Diputación de Burgos y de la Gerencia de Servicios Sociales de la Consejería de Familia e Igualdad de Oportunidades. «Es una residencia muy bonita y nueva, es una pena que por esta situación sobrevenida del coronavirus se hayan visto sobrepasados por la falta de personal, porque alguna de las cuidadoras ha tenido síntomas, fiebre... y es muy complicado cubrir las plazas», indicaba la regidora del pequeño municipio burgalés, de poco más de 250 habitantes. Al parecer sí que han llegado algunos equipos de protección, como mascarillas, pero siguen con falta de personal.

Esta residencia cuya gestión pertenece a una asociación de particulares de los municipios de la zona siempre ha tenido problemas de personal, según denuncian fuentes próximas al centro. Antes de que conocerse que la Gerencia de Servicios Sociales había decidido clausurar el centro, Comisiones Obreras señalaba que había recibido una petición de ayuda por parte de las únicas tres trabajadoras que quedaban, dos de ellas enfermas.

Por otro lado, en la Casa de Beneficencia de Valladolid, sobre la que la Fiscalía también valora si abre una investigación, crece el número de muertes de residentes. A día de ayer son ya 18 las personas fallecidas, seis en las últimas 48 horas. Se han confirmado 21 positivos y 36 con síntomas, El resto de los más de 150 residentes están aislados.