Carnero alega para desactivar el ultimátum de Puente a la integración del tren

En un escrito de ocho páginas, el Consistorio presenta sus alegaciones ante las cinco exigencias de Adif. La primera, la económica, los ya famosos 11 millones de euros de aportación al convenio que, según el Gobierno central, el Ayuntamiento debería haber ingresado antes del 31 de marzo de este año en la caja con la que se fianancian las obras. Pues bien, el documento municipal subraya que este compromiso solo se puede hacer efectivo en la fecha prevista si se ha firmado antes el correspondiente contrato de préstamo entre el Ayuntamiento y la Sociedad, como estipula el convenio y como se hizo en 2023. «La Sociedad, que es la destinataria de la aportación económica convenida, no se ha dirigido en ningún momento al Ayuntamiento de Valladolid para formalizar el contrato de préstamo participativo sin que pueda considerarse que el Ayuntamiento ha incumplido el convenio por no haber sido él el que se dirija a la Sociedad con esa finalidad», se apunta.

A esto se suma, según la versión municipal, que el 29 de enero de 2024 el Consistorio solicitó a la presidencia de la comisión de seguimiento el aplazamiento del pago y el prorrateo de esa cantidad en los años que restan hasta la finalización del convenio, es decir 2033. Es este órgano el competente para para promover y aprobar posibles reajustes de los pagos y no el consejo de administración, según recalca. «Al día de la fecha ha transcurrido sobradamente el plazo de tres meses previsto en el artículo 21.3 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre (del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas), sin que la comisión haya resuelto lo solicitado ni, por lo tanto, haya podido notificar esa resolución por lo que, no habiéndose ampliado ni suspendido el plazo dicho, se ha producido una estimación por silencio de lo solicitado atendiendo a lo dispuesto en el artículo 24.1 de la Ley dicha norma», argumenta.

Mientras que Adif instaba en su requrimiento a que en el plazo de un mes se presentasen a la Sociedad Alta Velocidad los proyectos ya supervisados de los dos túneles peatonales previstos entre la avenida de Irún y la zona de Ariza, así como la conexión rodada entre Hípica y la Ciudad de la Comunicación, el Ayuntamientro señala el convenio firmado en 2021 para su dirección establece que los posibles incumplimientos de este acuerdo los tienen que determinar las partes que lo firmaron, «es decir el Ayuntamiento y/o la Sociedad, y no Adif ni Adif-Alta Velocidad». «Ni en el convenio del año 2021 ni tampoco en el de 2017 se recoge que el Ayuntamiento de Valladolid tenga que aprobar los proyectos máxime si la Sociedad, que es la encargada de licitar la contratación de esos proyectos, no se ha dirigido en ningún momento al Ayuntamiento para que adopte un acuerdo en tal sentido», se subraya.

En el caso del paso rodado Hípica-Adolfo Suárez, apunta, se remitió a la Sociedad el informe favorable de supervisión el día 18 de septiembre de 2023. «Ese proyecto no puede ejecutarse hasta tanto no se levante y desmonte la línea Valladolid-Ariza pudiendo ser esa la razón por lo que la Sociedad no ha procedido a su licitación ni tampoco a solicitar del Ayuntamiento su aprobación», se explica en las alegaciones. Por lo que respecta los túneles peatonales y ciclistas, se recalca que han registrado diferentes versiones con varias observaciones por parte de Adif. Con ellas se ha elaborado un último documento técnico el pasado 30 de septiembre, que está en supervisión. Si esta es favorable, se enviará a la Sociedad. Lo mismo ocurre el plan de fibra óptica para el túnel de coches, en manos del Consistorio desde el 19 de septiembre y que ahora revisan los técnicos municipales.

Se dice en la contestación municipal que en este caso también se firmó un convenio entre el Consistorio y la Sociedad para desarrollar el proyecto. Fue en mayo de 2020. De nuevo repite el argumento anterior. El incumplimiento no puede ser apreciado por un ente, concretamente por Adif y Adif-Alta Velocidad, que no sea parte de dicho acuerdo, a lo añade que corresponde a la comisión mixta de seguimiento velar por el cumplimiento de las obligaciones por las partes, así como por la correcta ejecución de los trabajos a realizar. Se subraya, además, que la empresa encargada de redactarlo, Incosa, lo ha entregado el 10 de octubre, hace menos de un mes, y en este momento se encuentra en periodo de análisis.

Niega el equipo de Jesús Julio Carnero un posible incumplimiento en la entrega a Renfe y Adif de los suelos de los nuevo talleres ferroviarios en el Páramo de San Isidro. Recuerdan que fueron ambas empresas las que solicitaron la división de la parcela en dos diferentes, un trámite que se aprobó en Junta de Gobierno el pasado mes de agosto. El día 23 de octubre se ha recibido información del Registro de la Propiedad indicando que ya se había procedido a realizar la inscripción solicitada. Así, el Ayuntamiento anuncia que de manera inmediata se procederá a tramitar el procedimiento de cesión. No obstante, se acota que el convenio de 2017 genera «dudas razonables» de a qué entidad se deben entregar los terrenos y estas «discrepancias» deben ser resueltas también por la comisión mixta de seguimiento.

El documento insiste en que no hay ningún tipo retraso en la ejecución de las obras de la calle Salud, la denominada 'acera de la vergüenza'. Las obras de urbanización que tengan relación con las actuaciones previstas en el convenio, se incide, no corresponde ejecutarlas al Ayuntamiento, sino que son competencia de la Sociedad, a lo que añade que no existe ningún acuerdo posterior al firmado en el año 2017 del que se deduzca que sea la Admnistración Local la que tenga que llevar a cabo la intervención. El Consistorio encargó, pagó y supervisó el proyecto, pero subraya que no existe ningún mandato ni acuerdo que le obligue a entregarlo a Alta Velocidad.