Dos tercios de los 308 certificados de defunción emitidos en marzo en la ciudad fueron por coronavirus

Precisamente, la tramitación de certificados de defunción es una de las gestiones que más horas de trabajo ha llevado a los funcionarios judiciales de la Administración de Justicia en Segovia. «Les ha aumentado la carga de trabajo durante estos días», afirma el presidente de la Audiencia Provincial, Ignacio Pando. De hecho, el decreto del estado de alarma establece que por cada órgano judicial trabaje un funcionario –siempre que no sea uno que esté en situación de riesgo por el coronavirus–, pero la necesidad de dar salida a los certificados de defunción ha obligado a que acuda más de un funcionario. «En el registro civil ahora están más tranquilos pero ha habido momentos en los que no daban abasto para hacer certificados. Ahora se ha normalizado la situación y los funcionarios pueden asumir el trabajo sin tantos problemas», declara Pando sobre la expedición de un certificado que es uno de los primeros trámites que deben afrontar las familias para arreglar los papeles tras la muerte de un ser querido.

El Registro Civil también mantiene la actividad para las inscripciones de los recién nacidos, aunque se trata de un trámite bastante menos habitual durante las últimas semanas. La inscripción, cuando el nacimiento se produce en el Hospital General, se realiza sin problemas, según Pando, porque se puede realizar de forma telemática. Pero si el nacimiento ocurre en otro lugar, por ejemplo en el domicilio, –es poco frecuente– es necesario acudir al registro, pese al confinamiento, para inscribir al recién nacido.

El resto de órganos judiciales ha visto reducida su carga de trabajo durante las últimas semanas, en la que la actividad ha estado limitada durante varios días al mantenimiento de los servicios esenciales. Es decir, a las que de forma habitual tiene que atender un juzgado de guardia (internamientos psiquiátricos, causas con detenidos o medidas que afecten derechos fundamentales, como las escuchas telefónicas. «El decreto ha paralizado todos los plazos procesales, también los de caducidad y prescripción», explica Ignacio Pando. Hasta la semana pasada tampoco se admitían escritos que no fueran considerados urgentes, por lo que existía el temor de cuando se permitiese su presentación hubiera entrasen todos de golpe. «Temíamos que se produjera una avalancha de escritos imposibles de asumir, pero aquí parece que no ha sido mucho. En los juzgados sí que se han presentado escritos de trámite, pero no ha sido algo tremendo», comenta. No obstante, señala que no se ha previsto la ampliación del personal mínimo que durante el estado de alarma debe acudir a su puesto de trabajo, por lo que se ha dejado la decisión a criterio de los letrados de la Administración de Justicia. «En la Audiencia ahora hay dos funcionarios porque tenemos más trabajo con señalamientos y recursos urgentes que, como podemos resolver por videoconferencia, seguimos con ellos», añade.

Entre los asuntos de urgencia que la Audiencia puede estudiar se encuentran los posibles casos de violencia de género. «La jueza me ha comentado que no ha habido un aumento de los casos. Unos tres o cuatro a la semana, que es incluso alguno menos que antes del confinamiento», declara Pando, quien matiza: «Eso sí, son más complicados precisamente por producirse en confinamiento». En este sentido, el presidente de la Audiencia Provincial de Segovia también contempla que una vez se levanten las restricciones de movimiento se pueda producir un aumento de las denuncias. «Es posible que ahora no se estén produciendo precisamente porque las víctimas no pueden salir de casa», afirma.

Ante un posible repunte de fallecimientos en domicilios particulares provocados por el coronavirus, Pando señala que no tiene constancia de que hayan aumentado las órdenes de levantamiento de cadáveres. «No ha habido una guardia distinta a la de otras semanas. Hubiera sido algo que habría llamado la atención», declara.