El PP acelera con las leyes pendientes y despierta los rumores

Una combinación de situaciones internas que se aliñan con el paisaje externo. Elecciones en Galicia y, pronto, en el País Vasco -aunque con menos efecto para PP y para Vox, que parten como fuerzas minoritarias-. Las Europeas, en junio, con campaña en mayo y precampaña desde ya mismo. La amnistía a Puigdemont y compañía como fondo de cualquier cuestión que se debata entre PSOE y PP o entre Gobierno y oposición. Y el PP autonómico, que tiene la maquinaria electoral perfectamente engrasada porque participará activamente en la campaña gallega, quiere estar preparado para cualquier posibilidad.

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¿Elecciones anticipadas? Esa es la apuesta de parte del PSOE regional, aunque hay división de opiniones. Otros, como parte de los restantes grupos de la oposición, fijan su hipótesis en una eventual ruptura del Gobierno autonómico que daría paso a un Gobierno del PP en minoría, con prórrogas de presupuestos si es necesario, hasta final de mandato. Y en los dos protagonistas, silencio público al respecto, defensa del Gobierno en coalición como «eficiente» para los ciudadanos de Castilla y León y miradas de reojo en privado. El escarmiento en la cabeza ajena de Ciudadanos sobrevuela las rutinas políticas.

Alfonso Fernández Mañueco ha conseguido sobrevivir a dos crisis inéditas en Castilla y León en cuatro décadas. La primera, el triunfo del PSOE y el posible pacto con una formación emergente, Ciudadanos, que propugnaba un cambio en campaña y optó por la continuidad tras los resultados. La segunda, una moción de censura que aún hoy hace que vuelen las acusaciones de compra de voluntades entre el PP, el PSOE y el resto del naufragio naranja, Francisco Igea. La tercera prueba a la que se enfrentó fue Vox, con quien rubricó un pacto de Gobierno, entonces, en contra de la idea manejada por el nuevo líder popular, Alberto Núñez Feijóo. Se fijaron puntos en el programa conjunto como la ley de violencia intrafamiliar, a impulso de Vox, que no aparece en el calendario inmediato de tramitaciones. Sorteó el polémico protocolo antiaborto y se apagó el eco de la propuesta de declarar Bienes de Interés Cultural vestigios franquistas. Hoy, los múltiples cogobiernos de ambas fuerzas diluyen el efecto que tuvo aquel primer acuerdo, con todos los focos puestos sobre Castilla y León.

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Este mes, Mañueco aprieta para sacar adelante su ley de blindaje de los servicios esenciales, aunque sea un blindaje blando porque el texto carece de un régimen sancionador en caso de incumplimiento, y la ley de residencias que se quedó en el cajón al interrumpirse la legislatura anterior. También están en trámite la ley de patrimonio que presenta Vox pero que se asemeja mucho a la que formuló Ciudadanos y que también se desvió al limbo legislativo con las elecciones anticipadas. Y se añaden las del juego y apuestas y la de apoyo al proyecto de vida de las personas con discapacidad.

Culminado todo este proceso legislativo y con los presupuestos ya aprobados, Mañueco tendría ante sí un panorama muy distinto. A partir de las elecciones europeas quedaría año y medio para las elecciones autonómicas. Y en ese lapso cada vez más corto tanto un anticipo electoral técnico -dentro del último año de Gobierno- como una ruptura del pacto para continuar en minoría hasta el final son posibilidades con opciones reales. Vox, con el acto de renovación ofrecido en Madrid, quiere romper la tendencia a la baja y coger músculo. El PP, con el ojo avizor en Galicia, tiene que recuperar la fortaleza de antaño para poder encontrar pactos en otros caladeros más flexibles. Y lo que ocurra marcará inevitablemente la estrategia en Castilla y León.