El PP de Valladolid escenifica su oposición a la amnistía y los «privilegios independentistas»

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Antonio G. Encinas

Editorial

El Norte

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«Nuestro principal deber como representantes de la ciudadanía en los ayuntamientos es defenderles frente a todo esto, ya que conceder prerrogativas a unos pocos ciudadanos implica que aquellos a los que nosotros nos debemos sean discriminados. No podemos aceptar que el mismo presidente de nuestro país tome medidas que crean ciudadanos de primera, que gozan de impunidad jurídica y de privilegios económicos y competenciales, mientras el resto se convierten en ciudadanos de segunda», rezaba el manifiesto del PP. Este documento se leyó en la sede, en una reunión solo con acceso a medios gráficos, antes de que se realizara la foto de familia en la Plaza Zorrilla de Valladolid. Es un escrito que rubrican, añaden, «los 3.361 alcaldes» que gobiernan «al 46,5% de los españoles en los ayuntamientos, así como los 23.421 concejales con los que el Partido Popular cuenta en España».

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Y es que la movilización del PP se basa en dos frentes. El primero es el municipal, con la gestión más cercana al ciudadano, que se ha visto inundada por mociones contra la amnistía en los plenos. Una de las siguientes, a modo de ejemplo, la presentará la edil Marta Sanz en el próximo Pleno de Arroyo. El otro frente es el autonómico. La fortaleza del PP en ese poder territorial regional tras las elecciones de mayo ha permitido lanzar un órdago sobre una EBAU única, por ejemplo, con la intención de implantarla en las once comunidades 'populares' en 2025. «Exigimos al Gobierno y al PSOE que acaben con el secretismo con el que están acometiendo las negociaciones con sus socios sobre asuntos esenciales para la economía y el bienestar de los ciudadanos», señala el manifiesto.

En las conclusiones del escrito se hace referencia expresa a la oposición del PP a la ley de amnistía y a la necesidad de vigilar la separación de poderes. Y especialmente se hace hincapié -en mayúsculas en el original- a la reclamación de que «no exista 'terrorismo bueno' y que todo acto terrorista sea investigado o condenado».