Castilla y León

Cinco leyes esperan cola en las Cortes en una legislatura pobre en normativa

La primera ley aprobada tras el pacto de PP y Vox fue la que reformaba el sistema para designar a los tres senadores autonómicos que Castilla y León envía a Madrid, la 'Ley Maroto', a la que se sumó una regulación de rebajas tributarias. Ese es el balance actual de normativa aprobada, al que hay que sumar el presupuesto de 2023 y la ley de medidas que lo acompañaba, tramitada dos veces tras el error en la votación que cometieron las bancadas de los socios de gobierno actuales.

¿Son muchos proyectos, pocos, en la media? La legislatura anterior, la de PP y Cs, se saldó con siete leyes. Fue una etapa acortada por el adelanto electoral (de dos años y siete meses frente a los cuatro años habituales) y marcada por la pandemia, con la Junta funcionando mediante el Decreto Ley, figura con la que el Gobierno aprueba regulaciones que entran en vigor de inmediato y que se convalidan en las Cortes a lo largo del mes siguiente sin más tramitación que su votación en un pleno: 14 decretos leyes dejó la coalición del PP-Cs. Y la última legislatura de Juan Vicente Herrera, con gobierno en solitario pero necesitado del apoyo de Cs en las Cortes, presenta un balance de 36 leyes, decretos leyes aparte.

Esos son los números del retrovisor parlamentario. El trabajo que los procuradores tienen por delante son ahora esos cinco textos, de los que dos remontan sus orígenes al anterior gobierno de coalición. Uno es el de Derechos y Garantías de las Personas al Final de la Vida, el proyecto refrendado en la legislatura anterior por PP y Cs decayó por el adelanto electoral y Francisco Igea planteó su repesca en este periodo como proposición de ley. El PP apoyó en septiembre retomarlo y retiró el viernes las 56 enmiendas que había presentado al texto por entender que Francisco Igea había faltado al respeto al consejero de Sanidad. El futuro de esa tramitación sobre los derechos de pacientes en situación terminal pinta oscuro. Casi negro.

El otro texto cimentado en la etapa anterior es el de Patrimonio Cultural, área que ahora gestiona Vox. Este proyecto de ley ha sido objeto de acusaciones de plagio, respecto al anteproyecto que había dejado Cs en esa consejería. El informe que el Consejo Consultivo emitió el 23 de enero de este año sobre el texto actual certifica que trámites como el consulta pública, la memoria económica o el certificado del Consejo de Cooperación Local se remontan a 2019, 2020 y 2021, en la anterior legislatura, lo que implica que el texto no ha sufrido cambios importantes.

A estos dos proyectos, en espera de tramitación –el de Derechos al Final de la Vida lleva un año desde que se readmitió y el de Patrimonio lo envió la Junta a finales de abril y el plazo de enmiendas concluye el 3 de octubre– se suman el del modelo residencial remitido por el Gobierno de PP-Vox el 24 de agosto y el de Apoyo al Proyecto de Vida de las Personas don Discapacidad, que entró en las Cortes en junio y en plazo de enmiendas hasta el viernes 29.

Miguel Ángel García Nieto, portavoz adjunto del PP en las Cortes resta trascendencia cuantitativa al número de leyes en tramitación respecto de otros periodos en los que la maquinaria normativa exhibía más potencia. «Hay unos periodos más fructíferos que otros. Si en unos has hecho normas que regulan determinados ámbitos, no hace falta volver a regular en las legislaturas siguientes sobre lo mismo», explica García Nieto. El procurador del grupo mayoritario precisa que un Gobierno de coalición implica acuerdos y pactos y que esa labor también puede repercutir en la actividad legislativa.

Los populares habían trabajado el texto de la Ley de Derechos y Garantías al Final de la Vida. Era el grupo que había registrado más enmiendas: esas 56 retiradas el viernes. Sobre el resto de las leyes, García Nieto destaca que la Ley de Juego «es muy técnica» y que las de discapacidad y el modelo residencial llegan muy trabajadas con los sectores que se regulan.

Desde la bancada socia, David, Hierro, portavoz adjunto de Vox defiende que no se puede saturar con tramitación de normativa la capacidad de los letrados de la Cámara, que cifra en cuatro en la actualidad. «Y la sobrelegislación no es buena para el ciudadano. No se trata de hacer muchas leyes, sino de que sean útiles», asegura el procurador de la bancada de Gallardo, que quita hierro al incumplimiento del plazos del PP en el impulso a la Ley de Violencia Intrafamiliar y la de «Concordia real» exigidas por Vox para coaligarse con Mañueco. «A veces pueden verse modificados los plazos por el contexto», justifica el procurador, que avanza que su grupo trabaja en una proposición del ley que impulsará desde el parlamento autonómico con medidas de apoyo a la ganadería.

«Ni siquiera son capaces de traer a las Cortes las leyes que ellos mismos comprometieron en su pacto», argumenta Ángel Hernández, portavoz adjunto del PSOE, sobre el Gobierno de PP y Vox. Hernández echa en falta la Ley de Reto Demográfico «que prometió hace un año el consejero (Suárez-Quiñones)» y la reiterada por el presidente Mañueco para «blindar» los consultorios públicos. «Si no son capaces ellos, lo haremos nosotros», avanza sobre esta última, al tiempo que confirma que n van a presentar una proposición de Ley LGTBI+, pendiente desde antes de 2019.

Hernández es muy crítico con la posición del PP ante la Ley de Derechos al Final de la Vida. «Un enfrentamiento de guardería en Twitter lo pagan los ciudadanos, porque regula derechos y servicios para los ciudadanos», resume. Francisco Igea remarca que ya antes del último episodio los de Mañueco había contribuido a «paralizar» ese proyecto «como represalia a quien lo impulsa», que es él.

El de Cs pedirá formalmente a Carlos Pollán, presidente de las Cortes, que aplique el Reglamento de la Cámara y convoque la ponencia para que siga el trámite de las casi 60 enmiendas que han presentado el resto de los grupos (todos salvo Vox, pese a que para hacerlo pidió prórrogas de plazo que han demorado la tramitación) y se debatan en la comisión y en el hemiciclo.