Ocho claves y consecuencias de la ruptura PP-Vox en Castilla y León

Vox lanzó un mensaje en sus redes sociales a eso de las 15:30 del jueves, a tres horas de su reunión. «PP y PSOE van a regularizar a 500.000 ilegales». Pero eso no es lo que se acordó el miércoles en la Conferencia Sectorial, sino la distribución de algo menos de 400 menores no acompañados, y en ese punto la consejera de Familia, Isabel Blanco (PP), acató lo que se había comprometido con el Gobierno. 21 de esos menores recalarán en Castilla y León bajo la tutela de la Junta. Para Vox esto es un detalle que simplemente muestra que el PP no va a ser contundente en detener la inmigración ilegal, algo que para ellos es una línea roja. Todos sus cargos hacen referencia al punto 32 del acuerdo de Gobierno firmado en el año 2022, el primero de los que rubricaron ambos partidos en toda España. El artículo dice literalmente: «Promoveremos una inmigración ordenada que, desde la integración cultural, económica y social, y en contra de las mafias ilegales, contribuya al futuro de Castilla y León». Para el PP, eso no ha cambiado con la decisión de acoger a esos menores. Esta diferencia de interpretación abre una batalla por el relato. Por Vox, lo tienen claro. Es el PP quien ha roto el pacto de Gobierno y, por tanto, ha sido desleal y ha provocado el divorcio. Y señalan directamente a Alberto Núñez Feijóo. Por parte del PP, no había motivo para quebrar el acuerdo en Castilla y León, «con un Gobierno que funciona», y es Vox quien ha buscado una excusa para abandonar. «El pacto se ha cumplido», decía Mañueco al conocer la decisión. Y recordaba que en los dos años anteriores, con Vox en el Gobierno y la misma situación, no había pasado nada. En la investidura de Alfonso Fernández Mañueco, en 2022, fuentes de los populares señalaban la línea política a seguir: vender gestión propia frente al ruido de los otros. Una guía que ahora se va a exacerbar.

Carlos Pollán y sus homónimos de Vox en Baleares, Comunidad Valenciana y Aragón no se verán afectados por la ruptura. Los presidentes de parlamentos autonómicos juegan un papel muy relevante a nivel institucional, de imagen y, de paso, para seguir marcando las políticas al Ejecutivo. Vox pretende llevar el acuerdo de Gobierno a cabo, pero desde el legislativo. Puede forzar derrotas parlamentarias del PP (31 escaños), en minoría frente a la suma de PSOE (28), Soria ¡Ya! (3), Unión del Pueblo Leonés (3), Por Ávila (1), Podemos (1) y Francisco Igea. La abstención de Vox (13 procuradores) en cualquier asunto puede provocar una derrota en las Cortes. Si el PP quiere sumar necesita a Vox o bien apoyos puntuales de las fuerzas territoriales, a las que hasta ahora no ha mimado demasiado en los debates. Está en trámite la Ley de Concordia y falta por llegar la Ley de Violencia Intrafamiliar, dos de las iniciativas que preveía el acuerdo de gobierno y que el PP ha ralentizado.

Al PP le pilla esta crisis con la necesidad de encontrar un sustituto para su portavoz, Raúl de la Hoz. El hombre que manejaba los entresijos del grupo propio y que ha sujetado las relaciones con Vox en las Cortes, como ya hizo con Ciudadanos en la anterior legislatura. En principio, Mañueco debería decidir este mismo viernes porque el primer Pleno de la Eurocámara se celebrará el día 16 de julio y entonces ya será un hecho la renuncia a su acta de procurador del nuevo eurodiputado. Podría optar por colocar a alguno de los portavoces adjuntos en el lugar de De la Hoz o por modificar el Gobierno, algo que parecía más complicado semanas atrás pero que ahora se pone a tiro porque habrá remodelación sí o sí. En cuanto a Vox, el único alto cargo de la Junta que es procurador en las Cortes es Juan García-Gallardo. Pero resulta imposible pensar que va a pasar de vicepresidente a parlamentario raso. Para poder tener dedicación exclusiva, y por tanto sueldo y un cierto rango, debería ser el portavoz del grupo. Eso obliga a desplazar a uno de los tres que ocupan los puestos de portavoz y portavoces adjuntos, Carlos Menéndez, David Hierro e Iñaki Sicilia.

Alfonso Fernández Mañueco y su partido han evitado en todo momento reprobar en las Cortes a Juan García-Gallardo o al consejero Mariano Veganzones, los más 'conflictivos' por sus declaraciones. Puso pie en pared con el protocolo antiaborto que Gallardo presentó en rueda de prensa del Consejo de Gobierno, pero siempre ha mostrado cordialidad en el trato con su vicepresidente. García-Gallardo ha arremetido contra el PP por este detonante de los inmigrantes, pero focalizando la crítica en la dirección nacional de los populares. En las Cortes, la relación entre los dos grupos es correcta. Durante el debate del estado de la comunidad y las comparecencias de los consejeros se ha repetido el eslogan «este Gobierno funciona», tanto por parte de Vox como del propio Mañueco o del portavoz de la Junta cuando ya la ruptura se antojaba segura. El PP hará recaer la responsabilidad del divorcio en su socio, con la mirada en Abascal y en una estrategia nacional alejada de los intereses reales de los castellanos y leoneses. De momento, los líderes de Vox en Castilla y León miran a Feijóo como máximo responsable de la «traición» a los pactos.

Alfonso Fernández Mañueco tendrá que nombrar nuevos consejeros. Y estos, a su vez, decidirán qué viceconsejeros, directores generales y secretarios generales se quedan, de los 21 que estaban en el organigrama a cargo de Vox, y quiénes se quedan. No tendrá problema para encontrar relevos y conformar un Ejecutivo 'solo PP', algo de lo que no ha dispuesto en los 5 años que lleva al frente del Gobierno de Castilla y León. En el parlamento trabajará en minoría, pero la actividad legislativa en estos cinco años no ha sido tampoco vertiginosa. La ley más importante, la de presupuestos, está recién aprobada y eso permitiría prorrogar las cuentas sin dificultad. De hecho, es el mayor presupuesto de la historia, muy expansivo en el gasto por el dinero de fondos europeos y la mayor aportación del Gobierno de España, lo que facilita las cosas.

Es una de las posibilidades que se barajan como más factibles. El organigrama de la Junta se hinchó en 2019 por la coalición con Ciudadanos y ha seguido hinchado con Vox. 11 consejerías y una vicepresidencia frente a las nueve consejerías del último Gobierno Herrera. Para los 600 días de legislatura que quedan, que pueden ser menos, Mañueco puede conformarse con un agrupamiento de funciones. Por ejemplo, con Industria y Empleo, ahora de Veganzones, y Economía y Hacienda, de Carlos Fernández Carriedo. Son ámbitos que en tiempos estuvieron unidos. O llevando Cultura a Educación. O bien uniendo Agricultura y Ganadería a Medio Ambiente, bajo el manto de Suárez-Quiñones, otros departamentos que también estuvieron unificados en su momento.

Juan García-Gallardo dimitirá de inmediato, según Abascal. Pero el líder de Vox no habló del resto de consejeros ni de ningún otro alto cargo. Solo de los vicepresidentes. La posibilidad de que alguno quiera quedarse en el cargo al mando del PP existe, no solo en Castilla y León. Vox tiene 11 consejeros en los ejecutivos afectados, y cuatro vicepresidentes. La dimisión se hace efectiva cuando se publica en el Boletín Oficial de Castilla y León, normalmente con la coletilla «cesa a petición propia».

Al PSOE de Luis Tudanca le coge la crisis PP-Vox en un momento raro. Su liderato se discute, con especial empeño desde León y con eco en Ferraz, y parecía difícil que repitiera como cabeza de cartel en 2026, pero eso puede cambiar si todo se acelera. Otra opción comentada en los mentideros, pero sobre la que no se ha pronunciado nadie en el PSOE, era la de una moción de censura que obligue a los minoritarios de las Cortes a mojarse y a Mañueco a buscar alianzas a contrarreloj. Por otro lado, Vox siempre ha defendido que, mientras estuviera de su mano, jamás habría un Gobierno de izquierdas si de ellos depende. Así que podría verse obligado, nada más dimitir, a apoyar a Mañueco. Luis Tudanca, por de pronto, se limitó a escribir un mensaje en Twitter. «La salida de la extrema derecha de los gobiernos es una gran noticia. A diferencia del resto de Europa, la sacan intereses electorales y competencia entre las derechas, no los principios de un PP que aún suplicaba que se quedaran. Mañueco queda débil y genera inestabilidad», señalaba.