Mañueco olvida a Vox: diez altos cargos cesados y una campaña contra la violencia machista

Las dos consejerías con más tinte Vox, Vicepresidencia (Juan García-Gallardo) e Industria, Comercio y Empleo (Mariano Veganzones) son las que más han acusado la fractura provocada por la dirección nacional de Vox.

La Vicepresidencia, de hecho, ha desaparecido por completo. José María Barrio Gil-Fournier, director de Gabinete y familiar del propio Gallardo, desaparece de la estructura, al igual que Ana Belén Ruiz y el recién llegado Álvaro Ramos-Catalina, que fue designado Director General de Relaciones con la Sociedad Civil el pasado 14 de junio, tras su paso accidentado por el Servicio Público de Empleo a las órdenes de Mariano Veganzones, con quien mantenía discrepancias importantes. Tanto Ramos-Catalina, amigo de Juan García-Gallardo desde hace muchos años, como Gil-Fournier forman parte de la guardia pretoriana del ex vicepresidente. La cuestión ahora es si alguno de ellos, o ambos, pueden acompañarle en su nuevo destino, la Portavocía de las Cortes de Castilla y León, donde hay menos puestos disponibles tras el recorte efectuado por Carlos Pollán (Vox) a su llegada a la Presidencia del parlamento autonómico en 2022. Y de paso, con menor remuneración de la que tenían en la Junta, donde sus emolumentos se equiparaban a los de un director general (65.900 euros brutos al año para Ramos-Catalina y 77.600 para Gil-Fournier).

Luis Miguel González Gago (PP), consejero de Presidencia, ha aprovechado la reorganización para recuperar una Dirección General que se encontraba vacante, ahora que su departamento asume parte de las competencias que tenía asignadas la Vicepresidencia de García-Gallardo. Así, ha designado a Sonsoles Sánchez-Reyes como directora general de Atención al Ciudadano y Calidad de los Servicios. La Consejería de González Gago se tendrá que hacer cargo ahora, según publicó el Boletín Oficial de Castilla y León, de «la coordinación de la atención a víctimas del terrorismo y sus entidades asociativas», así como las relaciones con el Consejo Consultivo, el Procurador del Común o «la coordinación de las medidas de racionalización y simplificación de los procedimientos administrativos».

El otro departamento que sufre el seísmo en mayor grado es el de Mariano Veganzones. Es, de hecho, una demolición controlada en tiempo récord. Tanto, que los sindicatos CCOO y UGT y la patronal, la CEOE, ya tienen cita con la nueva consejera, Leticia García, para este lunes. Convocados «a una reunión en el marco del Diálogo Social», por si no quedaba claro. No se les ha podido citar antes porque había que rediseñar el organigrama, que será oficial cuando se publiquen los nombramientos en el Bocyl este viernes. Han sucumbido tres de los cinco altos cargos que había en la Consejería y se ha nombrado a un gerente del servicio público de Empleo, puesto por el que han pasado sin éxito tres nombres y que ha permanecido vacante durante largas etapas bajo el mandato de Veganzones. El secretario general, Alberto Díaz Pico, muy afín al ex consejero y también disconforme con la decisión de Vox de romper el pacto de Gobierno, no ha dimitido y ha esperado a que le destituyeran, igual que su jefe en la Consejería. Jesús Jiménez Miguel, director general de Industria, también ha caído, así como Fernando de la Parte, director general de Trabajo y Relaciones Laborales. Les sustituyen Saturnina Moro, Mariano Muñoz y José Manuel Barrios. Jesús Blanco Martínez es el nuevo gerente del servicio de empleo.

En Agricultura se caen otros cuatro nombres, de los siete altos cargos que tenía a su mando Gerardo Dueñas. El más llamativo es Juan Pedro Medina, que dio el salto a la Viceconsejería de Política Agraria Comunitaria y Desarrollo Rural tras la llegada de Vox y después de ser durante años el hombre de confianza del PP para la gestión de la PAC. El secretario general, Joaquín Sagarra Fernández-Prida, y los directores generales María José González Garrachón (Industria y Cadena Agroalimentarias) y Teresa Rodríguez Vidal (Producción Agrícola y Ganadera), cesan en sus puestos.

La nueva titular, María González Corral, se lleva a la Consejería a dos altos cargos que estaban con ella en Movilidad y Transformación Digital, pero al igual que ella conocen bien el departamento. El viceconsejero será Jorge Llorente Cachorro y la secretaria general, Ana Álvarez-Quiñones Sanz. Es un movimiento lateral. Los tres máximos cargos de Movilidad pasan a ocupar los tres máximos cargos de Agricultura. Los otros dos ceses los cubre con Cristina Frías Rivera y Rubén Serrano Fernández.

Estos movimientos llevan a José Luis Sanz Merino a designar nuevos altos cargos en Movilidad. Apenas toca los dos que se han ido junto a su predecesora y mantiene el resto de la estructura intacta. Luis Enrique Ortega Arnaiz ocupa la Viceconsejería y Natalia Flórez Loranca es la nueva secretaria general.

«El organigrama se completa con lo que he comunicado, lo que demuestra la celeridad en las decisiones que se han tomado y la voluntad de que el Gobierno siga trabajando con eficacia, de forma útil, aunque todas las personas que formamos parte del Gobierno estamos sujetos a cambios en cualquier momento», resumió el portavoz de la Junta, Carlos Fernández Carriedo. La máxima que ha guiado a Alfonso Fernández Mañueco ha sido precisamente esa, demostrar que el descarrilamiento del pacto no atañe a la labor del Gobierno y que la «estabilidad» está garantizada. De ahí que en su primera comparecencia comunicara, sin más demoras, los nombres de los nuevos consejeros. Y que en el primer Consejo de Gobierno de enjundia, después del celebrado el lunes casi a modo de presentación tras la toma de posesión, se haya dictado el nuevo organigrama al completo, más allá de algún pequeño ajuste posterior.

Pero hay otro detalle que tampoco es gratuito y que busca incidir, a las primeras de cambio, en que este Gobierno-PP en minoría significa que ha empezado una nueva etapa. Isabel Blanco, vicepresidenta, compareció junto a Carlos Fernández Carriedo en la primera rueda de prensa del Consejo de Gobierno. Apenas había temas de calado, aunque sí una batería de pequeños asuntos relacionados con servicios sociales, pero uno de ellos sirvió para fijar posición. La contratación de una campaña contra «la violencia de género y la violencia machista» -dicho así, literalmente, y repetido en dos ocasiones- permitió a Blanco marcar las nuevas líneas. «El objetivo es el compromiso con la igualdad, en seguir avanzando y seguir protegiendo a las mujeres que lo necesiten. […] Teniendo en cuenta las cifras que está habiendo este año, los números son terribles especialmente si tenemos en cuenta los 9 menores asesinados este año, la lucha contra la violencia de género, la lacra de la violencia machista, es un compromiso de este Gobierno y de esta sociedad», aclaró la vicepresidenta.

Le sirvió hasta para atacar a la ministra Ana Redondo por las noticias publicadas por El Español sobre los contratos para instalar puntos violeta obtenidos por la empresa de la esposa de la directora del Instituto de la Mujer en algunos ayuntamientos. La implicada ha respondido que mantuvo un 8% de las acciones de la empresa que tenían ambas cónyuges a medias porque la normativa le permitía conservar hasta un 10% y que no ha recibido ni un contrato de su departamento, sino de entidades municipales. Pero Isabel Blanco cree que es preciso que dé más explicaciones. « La ministra de Igualdad, cada vez que viene a Castilla y León, da lecciones de moralidad. Contra la violencia de género debemos trabajar todos juntos, de una manera clara y transparente, como hacemos hoy aquí. Las informaciones que han salido estos días sobre la directora del Instituto de la Mujer son algo que la ministra debe aclarar urgentemente. Y debe poner las medidas necesarias para que eso no ocurra, porque es algo muy grave lo que se está sabiendo, va en detrimento de las mujeres más vulnerables».

Carlos Fernández Carriedo defendió que el clima en el nuevo Consejo de Gobierno netamente PP había sido bueno, «pero también lo era antes». El PP ha puesto al enemigo que huye un puente de plata, oro y diamantes, y no incordiará más de lo necesario. Ahora, la estrategia popular, en cuanto a ideario político, consiste en exhibir capacidad de gestión para contraponerla a un ex socio que ha abandonado sus responsabilidades ejecutivas por un argumento que los populares creen que no se ha entendido. De ahí los nombramientos exprés y el mensaje de Carriedo: «Se trata de no parar, de impulsar la tarea de Gobierno en Castilla y León. Queda una parte de la legislatura importante, nos jugamos mucho en este tiempo y estamos todos convocados a hacerlo».