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Juan García-Gallardo y su remozado grupo parlamentario -en cuanto a las funciones y está por ver si en cuanto a asesores- tienen un espejo ... en el que mirarse cuando se planteen qué estrategia política seguir para realizar la «oposición leal y contundente» que anunció días atrás el ex vicepresidente de la Junta. Se llama Ciudadanos, y antes de ser su predecesor como partido de cogobierno fue una formación que podría haberse autocalificado igual, «oposición leal y contundente».
Ciudadanos tenía cinco procuradores que le servían al PP a modo de muleta externa. Sin figurar en el Gobierno pero con ese voto a favor que permite aprobar unos presupuestos autonómicos. Hace eones de aquello, 2015-2019, con Juan Vicente Herrera de presidente y Luis Fuentes como portavoz naranja. Y en esa peculiar relación había un termómetro que medía exactamente si el acuerdo de «oposición responsable» estaba sano, tenía febrícula o se la avecinaban unas convulsiones febriles de consecuencias imprevisibles: las preguntas parlamentarias.
Luis Fuentes, lector de pregunta y de dúplica, lanzaba la cuestión y había dos opciones. O pregunta de baño y masaje a mayor gloria de la gestión del Gobierno o pregunta de ojo revirado para incordiar y marcar territorio. Por ejemplo, cuando culpó al PP (21 de noviembre de 2017) de haber «generado una falta de oportunidades en todos los castellanos y leoneses» durante los últimos 30 años. «Ahí se notaba cuándo estábamos cerca de firmar algún acuerdo y cuándo las posiciones eran más distantes», recuerdan fuentes de Ciudadanos. Por completar: la respuesta de Juan Vicente Herrera en aquel momento fue casi despectiva. «Usted cada martes me puede plantear y me puede preguntar por lo que su señoría considere, ¡faltaría más! Ya estamos acostumbrados, y yo procuro darle […] la correspondiente respuesta. Pero, mire, yo incluso le permito esos martes pues que su señoría frivolice, como hoy, que me intente hacer de trilero mezclando una vez más en el debate los problemas que la Comunidad tiene».
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Durante la actual legislatura, Vox no ha ejercido su derecho a preguntar en las sesiones de control al Gobierno a Alfonso Fernández Mañueco. Es lo habitual. Sí lo hizo Ciudadanos en el comienzo de la anterior legislatura (2019-2022), cuando los naranjas acababan de entrar en el Ejecutivo autonómico. Se encargaba primero Ana Carlota Amigo. Después, David Castaño. En un par de plenos consecutivos, Castaño preguntó a Mañueco por el Corredor Atlántico. Incluso en la segunda ocasión se le fue un poco la mano en la exposición en cuanto al tono. O eso percibió Mañueco. La respuesta del presidente de la Junta: «¿Qué haría la Junta de Castilla y León sin usted, señor Castaño?», le dijo después de recordarle que su partido en Galicia no tenía representación. Poco después de aquello, Ciudadanos dejó de preguntar en las sesiones de control al presidente de la Junta. Entendían que daba una imagen «extraña» de ataque al propio Gobierno.
Cuando se reanuden los plenos en las Cortes, allá por septiembre, Vox habrá configurado una estrategia. Y con un objetivo claro: recuperar el protagonismo perdido con el cese de sus consejeros y vicepresidente. Pero no será sencillo. A las preguntas sobre los proyectos fallidos de ley de concordia y ley de violencia intrafamiliar, ya tienen respuesta anticipada. Mañueco da por roto el pacto, por voluntad de Vox, y con ello se desvincula de los compromisos adquiridos en su día. Las cuestiones sobre asuntos presupuestarios también se toparán con un escollo. La primera carga de los presupuestos 2025, aunque se modificará en muchos aspectos en su desarrollo posterior, ya se ha hecho. Y lleva la firma de los consejeros de Vox. De ese modo, aunque Vox pueda tratar de enmendar alguna partida, tendrá difícil atacar las cuentas que ha contribuido a diseñar. Y con la desventaja de que el PP puede buscar acuerdos con Soria ¡Ya!, UPL y Por Ávila o, en menor medida, con el PSOE o Francisco Igea (queda descartado Podemos por motivos obvios). No habrá un barrido de enmiendas de la oposición como en los de 2024, pero este PP en minoría podría sacar las cuentas adelante.
Porque además la fragilidad de la posición de Vox ha empezado a notarse desde el minuto 1 de la ruptura. Con la actividad parlamentaria reducida al mínimo, las Cortes celebraron el martes la Comisión de Presidencia en la que se debía elaborar el dictamen de la proposición de ley del PP «por la que se garantiza la prestación de los servicios autonómicos esenciales en la comunidad de Castilla y León». Es una ley de articulado breve, que no contempla un régimen de sanciones en el caso de que la Junta la infrinja, y con un contenido más político que real, enfocado a cumplir uno de los puntos del programa electoral de Alfonso Fernández Mañueco. Vox votó a favor. El tándem PP-Vox condenó las enmiendas de la oposición casi al completo. Es cierto que eran del tenor de la primera que llevaba el PSOE: «En los núcleos de población donde radique un Centro de salud existirán una consulta de medicina familiar y comunitaria y una consulta de enfermería todos los días laborables». Es decir, que el PSOE pretendía una reelaboración del texto por trozos a través de 18 enmiendas. Pero Vox no se planteó dejar pasar alguna de calado para empezar a marcar territorio y anticipar a Mañueco una oposición «leal y contundente». Se quedó en «leal». El socialista Diego Moreno no desaprovechó este miércoles la ocasión de interpretar esta votación conjunta. «Se ha perdido una oportunidad de oro para mejorar los servicios públicos de esta comunidad y hemos visto de nuevo al PP agarrado a la mano de Vox. […] El bloque de la derecha y la ultraderecha sigue pasando el rodillo».
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