La Junta responde a la anulación del toque de queda con un cierre general a las 20:00 horas

La reacción del Gobierno regional fue inmediata y, en cierto modo, sorprendente. Impuso el cierre de las actividades no esenciales a las 20 horas. Una medida que sí contemplaba el decreto de estado de alarma, que sí aplicaron otras comunidades autónomas y que deja a los sectores afectados hasta ahora, principalmente a la hostelería, como estaban. El propio tribunal le explicaba a la Junta en su auto que existían «otras medidas» que podía haber tomado en lugar de optar por la vía de un enfrentamiento abierto con el Gobierno a cuenta de un toque de queda más que dudoso. «Las propias alegaciones de la Junta de Castilla y León nos ponen de manifiesto que se ha optado por la restricción de la libertad de circulación antes que otras medidas disponibles, y se menciona el adelanto del horario de cierre de establecimientos de actividades no esenciales. Por tanto, existen alternativas a la medida impugnada, y nada impide que se utilicen esas otras medidas por la autoridad competente», señala el texto.

Y es que la suspensión cautelar del toque de queda impuesto por la Junta de Castilla y León hace 31 días viene acompañada de unos cuantos argumentos jurídicos que desmontan por completo las tesis esgrimidas por Alfonso Fernández Mañueco, presidente autonómico, el día que se presentaron las alegaciones. Los últimos párrafos del auto de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Supremo son una concatenación de reveses que hacen prever que, en breve plazo, la propia medida será declarada ilegal y, por tanto, anulada por completo más allá de la suspensión cautelar.

De entrada, considera el texto que los límites con los que podía jugar el Ejecutivo regional «están delimitados con toda precisión en el [...] Real Decreto, debiendo situarse entre las 22:00 y las 00:00 horas el de inicio». Después, señala que el presidente de la Junta, aunque sea la autoridad delegada para administrar ese estado de alarma en el territorio regional, es «manifiestamente incompetente» para modificar de ese modo el decreto que rige estas medidas excepcionales. «Se han limitado determinados derechos fundamentales, pero cualquier restricción mayor que se considerase necesaria deberá ser establecida con las mismas garantías formales y por el órgano competente, y el presidente de la comunidad autónoma de Castilla y León, en tanto autoridad delegada del estado de alarma, no ostenta, con la suficiente nitidez, la competencia necesaria», zanja el Supremo.

Así, un mes después de instaurar una medida que levantó dudas sobre su legitimidad desde el primer momento, decae una limitación que no siguió ninguna otra comunidad autónoma, por más que varias de ellas, como Andalucía o País Vasco, llegaran a plantear en el Consejo Interterritorial de Salud la necesidad de ampliar el toque de queda mediante la modificación oportuna en el decreto de estado de alarma. Ninguna otra comunidad se atrevió a ir más lejos de lo que fijaba el artículo 5 y las que más incidencia de covid presentaban se conformaron con reducir la movilidad desde las 22 horas. Castilla y León se quedó sola con esa medida y en una cruzada legal que el Gobierno tampoco quiso combatir con urgencia. El Ejecutivo central pidió medidas «cautelares» y con ello abrió la puerta a un proceso mucho más largo, en el que el Supremo debía pedir y atender las alegaciones de la Junta de Castilla y León. El Gobierno autonómico apuró el plazo, las presentó y esperó. El propio Tribunal Supremo tardó unos días en revisar las alegaciones y se dio otra semana hasta dictar este auto de suspensión cautelar.

«Como no puede ser de otra manera, asumimos la decisión del Tribunal Supremo e insistimos en que el toque de queda ha sido uno de los elementos fundamentales para frenar la pandemia», comenzó Fernández Mañueco, de nuevo entregado a la defensa de una medida cuyo efecto en la evolución de la pandemia es difícilmente demostrable. Porque concurre junto a otras medidas, pero sobre todo porque otras comunidades, con disposiciones diferentes y con el toque de queda a las 22 horas, han rebajado tanto o más su incidencia acumulada a 7 días de lo que lo ha hecho Castilla y León.

«Desde el punto de vista epidemiológico ha sido más favorable, desde el pico que alcanzó a los pocos días de tomar esta medida se está produciendo un descenso vertiginoso de los contagios en un 50% semanal respecto a la semana anterior», incidió Mañueco. Y repitió en varias ocasiones lo del «descenso vertiginoso».

Las cuatro comunidades que tomaron medidas drásticas unos días más tarde, y que arrancaron por encima de 500 de incidencia a 7 días, han reducido sus cifras de contagios más que Castilla y León: Castilla La Mancha, La Rioja, Murcia, Extremadura. Utilizaron otras herramientas, como cierres de actividad en determinados municipios o zonas. Alfonso Fernández Mañueco pareció querer achacarlo al número de pruebas de diagnóstico, especialmente en los cribados masivos. «Ver cómo bajan los contagios de manera vertiginosa a pesar de ser la comunidad autónoma que más pruebas y cribados ha realizado en todo el país, incluso duplicando a la segunda con más pruebas... Esta medida del toque de queda, unida a otras y al trabajo que siguen realizando las personas que están en el ámbito de salud pública ha contribuido a ser una de las comunidades autónomas que en estos momentos tiene un descenso más vertiginoso», señaló.

El nuevo toque de queda se fijará este miércoles, otra vez, a las 22 horas. Una vuelta a lo anterior que sin embargo viene acompañada de otra restricción relevante. «Hemos fijado el horario máximo de apertura a las 20 horas para establecimientos, actividades y servicios que tienen permitida su apertura. Quedan exceptuadas actividades esenciales detalladas en el propio acuerdo que saldrá publicado este miércoles», indicó el presidente de la Junta. Así que toca volver a revisar el Boletín Oficial de Castilla y León para saber cuáles se incluyen como excepción y cuáles no. Algo sí está claro, no serán excepciones la hostelería, ni los centros comerciales ni los gimnasios.

Las asociaciones de hostelería ya han anunciado demandas por lucro cesante, que se sustanciarán cuando el fallo del Tribunal Supremo, si finalmente resuelve en contra del toque de queda, sea firme. Alfonso Fernández Mañueco señaló en su alocución, para ejemplificar lo difícil de resolver acerca de la legalidad de la restricción, el punto referente a las costas. «El apartado de costas dice que no procede imposición de costas a ninguna parte 'habida cuenta de las características de la controversia y de la dificultad jurídica que implica'», indicó el presidente de la Junta. Un argumento que, añadió, «no es que abra puerta a la esperanza sobre el fondo del asunto». Sin embargo, sí significa, sugirió Mañueco, que cuando se tomó la decisión «lo que opinaban los servicios jurídicos tenía una base sólida, jurídica».

«Mi sensación ha sido la de haber cumplido con mi deber», zanjó, recordando a lo que dijo el pasado día 3, cuando presentó públicamente las alegaciones que la Junta hacía al Supremo: «Volvería a hacer lo mismo». Y eso, a su juicio, se traduce como: «Proteger, con los medios a nuestro alcance, la vida y la salud de las personas de nuestra comunidad autónoma». Aunque para el Tribunal Supremo «agravar el toque de queda» queda muy lejos de «la asimilación del significado del verbo 'modular'». Y por lo tanto no era una medida «al alcance» de la Junta de Castilla y León, como sí lo eran otras que el Ejecutivo regional se ha apresurado a poner en marcha en cuanto se ha suspendido el toque de queda cautelarmente.

«He procedido de forma inmediata para la firma de un acuerdo para el debido cumplimiento. Siempre hemos sido garantes y cumplidores del estado de derecho. He firmado el acuerdo que fija dejar sin efecto el toque de queda a las 20 horas y el nuevo toque de queda en Castilla y León a las 22 horas hasta las 6 de la mañana», dijo el presidente de la Junta. Hoy, 31 días después, se volverá al punto de partida.