Los exsocios dividen estrategias: Vox incide en la inmigración y el PP busca refugio en la vivienda

En el caso de la inmigración, el PP de Castilla y León vive en un equilibrio entre lo que ocurre aquí y la línea que marca Génova. El punto medio lo han encontrado en la expresión «inmigración controlada». Que es el sintagma que contenía el punto 32 del acuerdo de Gobierno PP-Vox: «Promoveremos una inmigración ordenada que, desde la integración cultural, económica y social, y en contra de las mafias ilegales, contribuya al futuro de Castilla y León».

Isabel Blanco, vicepresidenta y consejera de Familia, respondía en las Cortes el pasado 10 de septiembre al estilo de lo marcado por Alberto Núñez Feijóo, con una crítica por elevación al Gobierno central. «Vamos a seguir denunciando la errática política migratoria que tiene el Gobierno de España. Las competencias en inmigración son del Gobierno de España, y es necesario que se defina, que se pongan medidas encima de la mesa, como es el control de fronteras, como es la activación del Frontex, como son medidas en origen para controlar precisamente que el número de inmigrantes que lleguen a España descienda considerablemente».

En el PP, han insistido varias fuentes durante estos dos meses, no se considera que la inmigración sea un problema relevante en Castilla y León. Ni que suponga una preocupación ciudadana como ocurre en otros lugares del territorio nacional. A mediados de septiembre, el barómetro del CIS (Centro de Investigaciones Sociológicas) señalaba que la inmigración era la principal preocupación de los españoles: para un 30,4% de los encuestados era el primer, segundo o tercer problema del país. Sin embargo, en la pregunta «¿cuál es el problema que a usted, personalmente, le afecta más?», la inmigración bajaba al quinto puesto. Esa encuesta la esgrimió David Hierro (Vox) en una pregunta parlamentaria para Isabel Blanco. Pero al PP le encaja más la respuesta a la segunda pregunta. A la gente le afecta más «la vivienda», el cuarto lugar, con la sanidad en el segundo y la crisis y los problemas económicos en el primero, muy destacados.

Castilla y León, según el Instituto Nacional de Estadística, cuenta con un 6,11% de población extranjera. Solo cuatro comunidades en toda España están por debajo de ese porcentaje: Asturias (4,53%), Extremadura (3,31%), Galicia (4,38%) y Navarra (3,31%). En el caso de Castilla y León, el 42% de los 144.925 ciudadanos extranjeros que viven en la comunidad pertenecen a países europeos, con un 21% de africanos (algo más de 30.000). Ese porcentaje es mayor en diez comunidades autónomas. Y algo similar ocurre con Asia (que incluye Oriente Medio). El 5,1% de los extranjeros de origen asiático es inferior al porcentaje que se registra en 13 comunidades autónomas.

Con estos datos, los populares insisten en que la inmigración, en Castilla y León, no es un problema. Y utilizan los dos años de cogobierno con Vox para lanzarle a su ex socio la discrepancia entre su dialéctica antiinmigratoria y las políticas de la Junta de las que Vox participaba. Así lo hizo Isabel Blanco en las Cortes. «Le voy a dar un dato de las subvenciones», le decía a David Hierro (Vox). «12 de mayo de 2022, estaban ustedes en el Gobierno, ¿verdad? Eran corresponsables de lo que se aprobaba en Consejo de Gobierno, así lo dice el Estatuto. Atención sociosanitaria a personas beneficiarias y solicitantes de protección internacional durante el año 2022. Accem, 23.500 euros; Cruz Roja Española, 45.738 euros. 4 de mayo del 2023, el mismo concepto y la misma subvención, con ustedes también en el Gobierno. Este año se retrasó un poquito por la aprobación de los Presupuestos, pero el 25 de julio de 2024 se ha aprobado la misma subvención, a las mismas entidades, con el mismo concepto, señoría».

Discusiones que no han impedido que Vox acentuara su posición contra la inmigración ilegal. Juan García-Gallardo, portavoz, se desplazó a un centro de acogida en Brazuelo, León, y fue identificado por la Guardia Civil. Su discurso en redes sociales se ha focalizado cada vez más en ese ámbito. Hace unos días replicaba un mensaje de una vecina de Delicias, en Valladolid, que se quejaba de inseguridad por los inmigrantes. «Ha llegado la hora de reaccionar frente a la inmigración masiva, Mañueco. Vaya al barrio de las Delicias y escuche a sus vecinos. Si no lo hace, no podrá contar con el apoyo de VOX. Defenderemos a los olvidados por el bipartidismo», escribía. Es solo un ejemplo. García-Gallardo se ha acercado esta semana hasta ese barrio para incidir en el «aumento de la inseguridad» por la «inmigración descontrolada» y lo ha hechos después de asegurar en las Cortes que «no es lo mismo traer a un marroquí musulmán que a un argentino católico». Otro ejemplo.

En el lado opuesto, Alfonso Fernández Mañueco ha tocado a rebato con la vivienda. Él mismo presidió la entrega de las llaves de los pisos de alquiler social de Puente Colgante, en Valladolid. 63 pisos que han tardado una década en ver la luz y que lo han hecho gracias, en parte, a los fondos europeos REACT EU. Es decir, los gestionados como respuesta a la pandemia en el marco de la Unión Europea. A la inauguración acudieron el presidente de la Junta, el consejero Juan Carlos Suárez-Quiñones, el presidente de la Diputación, Conrado Íscar, el alcalde de Valladolid, Jesús Julio Carnero, y la delegada territorial de la Junta, Raquel Alonso. Fuentes del PSOE denunciaron esta utilización política de un acto al que, señalaban, no se invitó a la Delegación del Gobierno, siquiera por aquello de la negociación de los fondos europeos.

En aquel acto, Alfonso Fernández Mañueco anunció que pediría al Gobierno la cesión de las viviendas del Sareb para poder destinarlas a alquileres asequibles. Antes, el 30 de septiembre, había protagonizado un acto con todos los presidentes de las diputaciones provinciales para firmar el compromiso de construir «un millar de viviendas públicas en todas las provincias de la Comunidad con una bonificación especial del 20% para los jóvenes menores de 36 años», con un plazo que expira en el año 2030 y una inversión total de 150 millones de euros. Por si quedaban dudas, el consejero Juan Carlos Suárez-Quiñones participó el 4 de octubre en la entrega de llaves de unos adosados en Santa Cristina de la Polvorosa (Zamora). Era una de esas promociones bonificadas al 20%. «La vivienda ha pasado a ser el segundo problema más importante para la sociedad española y que la Junta de Castilla y León está ahí para tratar de paliarlo», declaraba el consejero, según recogía Ical.

En la sesión de control al Gobierno, en el último Pleno, antes de que la DANA de Valencia suspendiera la agenda pública de los políticos autonómicos, la inmigración y la vivienda volvieron al primer plano. Esta vez fue Luis Tudanca (PSOE) el que atacó a la Junta al entender que su política de vivienda no funciona. «Ponga en marcha parque público de 5.000 viviendas en dos años, que blinde las viviendas públicas de por vida, que se limiten los precios del alquiler para garantizar que un derecho básico pueda cumplirse en la comunidad», señaló Tudanca, que remachó su intervención con un dato paradójico. «El metro cuadrado de vivienda protegida en Castilla y León está en 1.732 euros por metro cuadrado y el de vivienda libre, en 1.100».

La réplica de Mañueco incluía una celada. «Hemos negociado con el Diálogo Social para ampliar el parque público de vivienda. También con las diputaciones para construir viviendas en el medio rural con un 20% de bonificación para los jóvenes. Bajadas de impuestos que gravan la transmisión de vivienda, ayudas de emergencia a personas con dificultades...», comenzaba. A continuación, el cebo. «En el presupuesto para 2025 hemos previsto un incremento de 44% para políticas de vivienda. 244 millones de euros solo en políticas de vivienda», lanzó.

Ese presupuesto que el PSOE permite que llegue a las Cortes tras abstenerse y permitir la aprobación del techo de gasto. Ese presupuesto que Vox negará si el PP no atiende sus exigencias en materia de inmigración. Ese presupuesto cuya tramitación, tras el giro en la votación de los de Tudanca, es decisión exclusiva ahora de Mañueco, porque los socialistas han dejado la vía libre para que lo pueda hacer.