Mañueco ya tiene fecha para verse con Sánchez: el 22 de noviembre

La cuestión es que los barones territoriales del PP acordaron no hablar, en esas reuniones individuales, nada respecto a la financiación autonómica, puesto que se entiende que es algo que debe tratarse, sin privilegios, en la conferencia de presidentes. ¿De qué se va a hablar, entonces, si casi todo está relacionado con el dinero? Pues según la nota remitida por la propia Junta de Castilla y León se le «trasladarán las prioridades de la Comunidad y aquellos temas que deberán abordarse en el encuentro de presidentes autonómicos».

Serán las cuestiones «más específicamente relacionadas con Castilla y León y su problemática particular», explica el Ejecutivo Autonómico. Incluiría, por tanto, asuntos relacionados con las infraestructuras -y los problemas ferroviarios derivados de las obras e incidencias en Chamartín, por ejemplo- o rebajas en algunos peajes. También, como pidió a los ministros en una carta en noviembre de 2023, hace un año, inversiones largamente esperadas como las necesarias para la Ciudad de la Justicia de Valladolid, la ampliación del Museo de la Evolución Humana en Burgos o el impulso a zonas como las cuencas mineras, el entorno de Garoña o la Castilla y León rural, aquejada de despoblación.

Después de lo dicho en los últimos meses, en los que el presidente de la Junta ha sido muy insistente con la necesidad de acometer la reforma de la financiación autonómica en ese foro, hay otra serie de mensajes que intentará llevar a la mesa de los mayores, a esa Conferencia de Presidentes en la que debería acometerse lo más espinoso: el reparto del dinero.

La intención de los ejecutivos autonómicos del PP es que se traten a nivel nacional problemas que son comunes a casi todas las autonomías, aunque las competencias sean de cada una de ellas. Es el caso de la falta de médicos. En las Cortes, Mañueco ya advirtió de que debería estudiarse «de qué forma abordamos de manera conjunta la falta de médicos especialistas«.

Otra cuestión similar es la de la EBAU única. Las autonomías gobernadas por el PP van a hacer un intento, como se comprometieron, de homogeneizar al máximo las pruebas, pero se está comprobando la dificultad de poner en común una serie de fechas, de currículos y de métodos de examen sin comprometer la exigencia.

Recientemente, Mañueco aseguró que va a pedir al Gobierno que permita a la Junta gestionar las viviendas de Sareb en la comunidad para poder incorporarlas al parque público de viviendas. A esos temas esenciales se unirá, según explica la Junta en su comunicado, «el control de la inmigración ilegal», aunque este es un aspecto en el que el PP de Castilla y León se ha mantenido en un plano mucho más discreto que su ex socio, Vox, y que el PP nacional, que ha alabado la política migratoria puesta en marcha por Giorgia Meloni. En las Cortes, la vicepresidenta y consejera de Familia y Servicios Sociales, Isabel Blanco, ha respondido en varias ocasiones a preguntas de los parlamentarios de Vox al respecto y sus intervenciones han sido moderadas. Alabó, por ejemplo, la labor de las oenegés que trabajan con los inmigrantes. El modo en el que el PP de Castilla y León se ha sumado a la tendencia de su partido a nivel nacional ha sido entonar la idea-fuerza esgrimida por Alberto Núñez Feijóo, «el Gobierno de España no tiene una verdadera política migratoria».

En todo caso, aunque el presidente de la Junta lleve estos asuntos al presidente del Gobierno, en lontananza asoma ya la ansiada Conferencia de Presidentes, en la que la financiación autonómica debería ser la estrella, después del concierto pactado entre ERC y PSOE en Cataluña. Y previamente a ella, y antes de que Mañueco se vea con Sánchez, habrá una reunión preparatoria en la que participará el consejero de Presidencia, Luis Miguel González Gago. Será el 28 de octubre. «El ministro de Política Territorial [Ángel Víctor Torres] ha convocado en el Ministerio para el próximo lunes la reunión del Comité preparatorio, donde se espera que, por fin, pueda fijarse el orden del día para la celebración de esta necesaria reunión, que tantos meses lleva reclamando la Junta de Castilla y León junto a la mayor parte de los Gobiernos autonómicos», señala la Junta.