Castilla y León

Mañueco aprieta a Vox con la baza del presupuesto y 15.084 millones en el horizonte

Lo que realmente aprobó el Consejo de Gobierno extraordinario reunido durante la mañana no fue el proyecto de presupuestos para 2025, sino el techo de gasto no financiero, que deben tramitar ahora las Cortes de Castilla y León y que es un paso previo y de carácter técnico imprescindible para elaborar el proyecto de las cuentas generales de la comunidad. La Junta no selló este martes el que sería el primer presupuesto de un Gobierno de Alfonso Fernández Mañueco en solitario, sin Cs ni Vox como socios, pero la puesta de largo informativa del documento previo, el anteproyecto, estuvo al nivel de los días grandes en los que el Ejecutivo regional da el visto bueno a su proyecto de cuentas y se remite al parlamento autonómico: lo presentó el propio presidente, acompañado del consejero de Economía y Hacienda, en la sala de Mapas de la Presidencia de la Junta, la que se reserva a las ocasiones importantes.

Oficialmente, ahora es el momento del techo de gasto no financiero, que el consejero Carlos Fernández Carriedo registrará este miércoles en las Cortes. Un trámite que un calendario sin sobresaltos políticos fija a finales de agosto. Alfonso Fernández Mañueco avanzó que el consejero de Economía y Hacienda abrirá una ronda de contactos con los grupos parlamentarios para buscar apoyos para aprobar ese techo de gasto. Sin superar esa prueba en un hemiciclo en el que el PP tiene 31 escaños de 81 (28 PSOE, 13 Vox, 6 UPL-Soria ¡Ya!, 1 Unidas Podemos,1 Por Ávila y 1 exCs), no habrá presupuesto autonómico para 2025. Es decir, el anteproyecto minuciosamente presentado por Alfonso Fernández Mañueco, no pasaría a la fase de proyecto ni llegaría a las Cortes.

La aprobación del techo de gasto por parte del Gobierno autonómico, lo único con marchamo oficial de la convocatoria del presidente de la Junta, sirvió de percha a Alfonso Fernández Mañueco para enviar un mensaje político: que su Ejecutivo está en la gestión del día a día y es capaz, a diferencia de otros como el de la nación que preside Pedro Sánchez, de elaborar un proyecto de presupuestos. «El Gobierno de Castilla y León ha demostrado que funciona con total normalidad», resumió el presidente de la Junta, que definió la distribución de esos 15.084 millones de euros que suman las partidas de ingresos y gastos previstas para 2025 como «unas buenas cuentas que merecen ser respaldadas por los grupos políticos, a cuya responsabilidad apelo». Que además impulsan rebajas fiscales de rebajas y moderación «mientras otros apuestan por freirnos a impuestos».

El máximo responsable de la Junta desmenuzó durante casi 50 minutos las cifras y prioridades de las cuentas que aspira a gestionar en solitario en 2025. Habló de que los 15.048 millones, de los que las consejerías gestionarán realmente 12.150 millones una vez descontados los 924 de las ayudas de la PAC, 1.593 de gasto financiero, 377,7 intereses de la deuda y 38,5 de las Cortes, el Consejo de Cuentas, el Consultivo, el CES y el Procurador del Común, son una «cifra récord» en la comunidad autónoma.

También de que 9.877 millones de euros de ese proyecto de cuentas financian políticas sociales del área de sanidad, cuya consejería superaría por primera vez la barrera de los 5.000 millones de dotación (5.006,3), educación y servicios sociales, pero también políticas de conciliación y vivienda, que el presidente incorporó en este epígrafe. Y para nóminas de personal se reservarían 4.987,47 millones, casi uno de cada tres euros del total de un presupuesto, sobre el que el presidente de la Junta destacó que refleja «la fiscalidad más baja de nuestra historia». Los beneficios tributarios suponen un mordisco de 709 millones de euros al capítulo de ingresos. A esa cifra ascienden los «impuestos que si no existieran estas bonificaciones fiscales deberían entrar en las arcas de la Junta de Castilla y León», según remarcó Alfonso Fernández Mañueco.

Las cuentas, a través de la Ley de Medidas Fiscales y Administrativas, que acompañaría al presupuesto establecen una nueva rebaja del IRPF. Baja medio punto la tarifa del tramo autonómico que se aplican a todos los contribuyentes, con independencia de su nivel de ingresos. La medida supone una renuncia para la Junta de 20 millones de euros anuales que distribuidos entre los algo más de 1,3 millones de personas que hacen en Castilla y León la Declaración de la Renta supone un ahorro estándar de 15 euros por contribuyente. Mañueco defendió esa rebaja del IRPF, a la que sumó contar con una «fiscalidad rural» de «referencia» nacional, los incentivos y apoyos al acceso a la vivienda de jóvenes en compra o alquiler (122 millones entre ayudas y construcción de viviendas) y en prestaciones e iniciativas para facilitar la vida a las familias, con 2.918 millones que el presidente sumó en programas de conciliación, comedores escolares, bono concilia, cheque nacimiento...

El anteproyecto recoge medidas de cal y arena respecto a sus exsocios de Vox. Refleja la financiación de iniciativas acordadas con sindicatos y patronal en las mesas del Diálogo Social sobre vivienda, dependencia, programas educativos, extinción de incendios o incentivos empresariales, que el presidente valoró en 313 millones de euros y también un guiño a agricultores y ganaderos, colectivos de los que han hecho bandera los de Santiago Abascal. La consejería que dirige María González Corral tras la salida de la Junta de los ultraconservadores gestionará 1.584 millones, siendo el área del Gobierno que más crece para atender, en palabras del presidente, a «una de las esencias de la tierra de Castilla y León», de «alto valor estratégico». Y por cerrar el capítulo de Vox, Alfonso Fernández Mañueco confirmó que mantiene la partida de 500.000 euros que Juan García-Gallardo escrituró a favor de su partido en las cuentas de 2024 para luchar contra la violencia intrafamiliar. El dirigente del PP explicó que se utilizar para campañas de sensibilización y para financian los puntos de mediación familiar.

La Junta 'colgará' los tomos del presupuesto en su página web, como hacía cuando aprobaba el proyecto y lo remitía a las Cortes. Para este último paso falta aún tiempo. Lo primero para el PP es pasar la meta volante del techo de gasto en las Cortes. Si supera ese trámite, Alfonso Fernández Mañueco consideró que, pese a lo apretado del calendario, daría tiempo a aprobar las cuentas en diciembre y estrenar una prórroga de las actuales en Año Nuevo.

Si el PP no logra apoyos en las Cortes y la oposición tumba el techo d gasto, no habría presupuesto para 2025. ¿Adelantaría elecciones?, se le preguntó al presidente. «Mi intención es agotar la legislatura», respondió Alfonso Fernández Mañueco, que aseguró que una cosa, la falta del presupuesto «no va acondicionar» la otra, un adelanto de las urnas.

El popular remarcó las bondades de las cuentas que quiere gestionar en 2025 y pidió a los grupos políticos que «piensen en las personas de Castilla y León, no en ellos mismos ni en personas que están fuera de Castilla y León», al tiempo que les invitó a sentarse con el consejero Fernández Carriedo «con la mente abierta» y dejando atrás «nuestro posicionamientos, líneas rojas y posturas irreconciliables».

El siguiente capítulo de esta historia se redactará en las Cortes. ¿Qué cree que harán sus exsocios? Nueva pregunta a Fernández Mañueco. «No sé lo que va a hacer Vox, lo puedo intuir». Hasta ahí llegó la respuesta. Críptica y de interpretación abierta.